En pleno verano de 2025, con el termómetro político a punto de estallar, el debate sobre la libertad de prensa y el riesgo de una legislación restrictiva sobre el periodismo en España vuelve a encenderse.
La figura de Pedro Sánchez y su Gobierno se ha convertido en el epicentro de una polémica que amenaza con alterar los cimientos de la democracia informativa en el país.
El propio presidente, con su reconocida tendencia a las declaraciones altisonantes y un manejo de la comunicación institucional digno de estudio, ha reabierto la caja de Pandora: ¿dónde termina la legítima regulación y dónde empieza la censura?
En este contexto, la pregunta sobre la soberbia política y el peligro de legislar el periodismo cobra una actualidad inquietante.
El 75% de los españoles considera que el periodismo sigue siendo un pilar fundamental de la democracia, según el último Digital News Report España 2025.
Sin embargo, la sombra de la censura y la injerencia política planea sobre los medios, especialmente tras los recientes movimientos del Ejecutivo para “regular” la actividad informativa bajo pretextos de combatir la desinformación y proteger el debate público.
Regulación o censura: el filo de la navaja
La tentación de los gobiernos de intervenir en el periodismo no es nueva, pero el actual debate adquiere tintes especialmente preocupantes. Desde Moncloa, se insiste en la necesidad de “proteger a la ciudadanía frente a los bulos” y garantizar una “información veraz” en tiempos de polarización digital. La realidad, sin embargo, es que la delgada línea entre regulación y censura nunca ha sido tan difusa.
El propio Informe Digital News Report España 2025 revela que el 57% de los españoles identifica a los políticos nacionales como la principal fuente de desinformación, por encima incluso de los influencers y las plataformas extranjeras. Este dato no es baladí: mientras el Gobierno insiste en la amenaza de los “bulos”, buena parte de la ciudadanía señala a los propios políticos —y por extensión, a las instituciones— como los grandes responsables del deterioro informativo.
En este clima, la propuesta de legislar el periodismo despierta recelos legítimos. Los expertos advierten que el control institucional sobre los medios, aunque se presente como una medida de protección democrática, puede derivar en mecanismos de censura encubierta, restringiendo el ejercicio del periodismo crítico y la vigilancia al poder. Como diría cualquier avezado columnista, “quien regula, manda; quien manda, calla a quien molesta”.
El periodismo, entre la confianza y la evasión
A pesar del ruido y la erosión de la confianza en las instituciones, el periodismo resiste como referente democrático. Tres de cada cuatro ciudadanos reconocen su importancia en la vigilancia del poder y la promoción del debate público. Sin embargo, esta percepción positiva convive con una preocupante tendencia: el 37% de los españoles evita informarse de manera deliberada, según el mismo informe. Los motivos son tan variados como inquietantes: desconfianza, sobrecarga informativa y el impacto negativo de las noticias en el estado de ánimo.
Este fenómeno de “evasión informativa” es especialmente acusado entre los jóvenes y los extremos ideológicos, lo que alimenta la fragmentación del ecosistema mediático y la expansión de burbujas de desinformación. Así, mientras el periodismo tradicional intenta mantener su peso como herramienta de verificación, la audiencia se dispersa entre redes sociales, buscadores y agregadores, donde la línea entre información y propaganda es cada vez más fina.
Europa legisla, España duda
El debate sobre la regulación de los medios no es exclusivo de España. En la Unión Europea, la entrada en vigor de la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación (Emfa) en agosto de 2025 marca un antes y un después en la protección del periodismo frente a las injerencias políticas y económicas. Esta normativa, considerada un hito histórico, busca blindar la independencia de los medios y garantizar un entorno seguro para los periodistas.
Sin embargo, la situación española presenta matices particulares. A pesar de los avances en la posición de España en los ránkings internacionales de libertad de prensa —el país alcanza en 2025 su mejor puesto histórico según Reporteros Sin Fronteras— persisten las alertas sobre la fragilidad del ecosistema mediático. La dependencia financiera de los medios, la presión de las grandes plataformas digitales y la tentación de la intervención estatal amenazan el delicado equilibrio entre independencia y supervivencia.
El riesgo de legislar desde la soberbia
La tentación de regular el periodismo desde el poder, especialmente cuando la desconfianza social hacia los políticos es tan elevada, supone un riesgo evidente para la salud democrática. La historia reciente demuestra que las leyes supuestamente diseñadas para proteger a la ciudadanía pueden convertirse, en manos equivocadas, en instrumentos de censura y represión de la crítica.
El propio Pedro Sánchez, con su estilo comunicativo a veces más cercano al monólogo que al diálogo, ha alimentado las sospechas de un intento de control sobre los medios incómodos. No son pocos los analistas que señalan la tendencia del Gobierno a identificar la crítica periodística con la desinformación, y a considerar cualquier relato ajeno como una amenaza para el interés público.
En un país donde el 73% de los ciudadanos ve las redes sociales como el principal canal de propagación de noticias falsas, y donde el 51% respalda la eliminación de contenidos dañinos por parte de las plataformas, la tentación de regular puede ser tan comprensible como peligrosa. Pero si algo enseña la historia del periodismo es que la censura, por muy bienintencionada que se presente, siempre termina volviéndose contra la sociedad que pretende proteger.
Inteligencia artificial, desinformación y nuevos desafíos
A este caldo de cultivo se suma la irrupción de la inteligencia artificial en el periodismo. El 48% de los españoles se siente incómodo con las noticias generadas por IA, incluso bajo supervisión humana, y el 79% de los escépticos de la información automatizada teme la proliferación de bulos. El reto para los medios es doble: mantener la credibilidad y adaptarse a un entorno donde la velocidad y la personalización de los contenidos superan la capacidad de verificación tradicional.
Por si fuera poco, la fragmentación del consumo informativo —con la televisión aún en cabeza, seguida de las redes y la caída libre de los diarios impresos— obliga a los medios a reinventar sus modelos de negocio y a fortalecer su relación directa con las audiencias, lejos de la intermediación de plataformas digitales.
Curiosidades y datos para la sobremesa
- España ha alcanzado en 2025 su mejor posición histórica en el ránking de libertad de prensa, situándose en el puesto 23 mundial según RSF.
- El 34% de los españoles utiliza los medios tradicionales como principal herramienta para verificar noticias dudosas, por delante de fuentes oficiales y buscadores.
- Los periódicos impresos han visto reducida su audiencia a la mitad en seis años, pasando del 38% al 19%.
- Casi cuatro de cada diez españoles prefiere “evitar las noticias”, un récord en el contexto europeo actual.
- La Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación entrará en vigor plenamente el 8 de agosto de 2025, marcando un hito en la protección del periodismo frente a la censura estatal y la presión económica.
Y como decía aquel viejo periodista de sobremesa: en España, legislar el periodismo siempre ha sido como ponerle puertas al campo. Pero ahora, además, alguien ha cambiado la cerradura y no nos han dado la llave.
