La ‘bomba’ explotó en la tarde de este 17 de febrero de 2026.
José Ángel González Jiménez, conocido en los entornos policiales como «Jota», ha sido durante un largo periodo el segundo al mando del cuerpo y la mano derecha del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska. Su andadura en las altas esferas operativas comenzó en 2018, cuando Marlaska asumió el cargo y lo nombró director adjunto operativo.
Ayer martes, poco después de que se hiciera público que el Juzgado número 8 de Violencia sobre la Mujer de Madrid había admitido una querella en su contra por agresión sexual con penetración, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos, González decidió presentar su dimisión.
Lo significativo no es solo la gravedad de las acusaciones que enfrenta, sino también el momento en que se produce su renuncia. El Ministerio del Interior conocía desde hacía meses la existencia de la denuncia y era consciente desde la semana pasada que el juez David Maman Benchimol había dado luz verde a la querella el 12 de febrero. Sin embargo, fue solo tras la cobertura mediática cuando González decidió abandonar su puesto. Fuentes cercanas al comisario han comentado que su dimisión busca «no dañar al cuerpo», aunque lo cierto es que la secuencia de los acontecimientos parece indicar una reacción forzada por la presión ejercida por los medios.
Abordamos todo esto y mucho más en ‘La Retaguardia’ de este miércoles 18 de febrero de la mano de Eduardo García Serrano y Luis María Pardo.
Los hechos denunciados: una agresión en vivienda oficial
La denunciante es una agente que formó parte del equipo bajo las órdenes de González. Según su relato, el 23 de abril de 2025, mientras estaba en servicio en una comisaría madrileña, recibió instrucciones para acudir con un vehículo camuflado al restaurante donde el DAO se encontraba con otro mando policial. González le solicitó que lo trasladara a su vivienda oficial, propiedad del Ministerio del Interior. Una vez allí, tras servirle dos cervezas, según cuenta la víctima, comenzó «de forma inmediata un acercamiento físico de naturaleza sexual» que fue rechazado «verbalmente, de forma expresa y rotunda».
La agresión consistió en introducir los dedos en la vagina de la mujer mientras la obligaba a tocar su miembro viril, según se detalla en la querella presentada por el abogado Jorge Piedrafita. La víctima logró liberarse y escapar de aquella vivienda ministerial. Posteriormente a este acto violento ocurrió algo igualmente grave: González inició una «campaña sistemática, obsesiva e intensiva de acoso telefónico y manipulación psicológica» para mantener control sobre ella, minimizar la gravedad de lo sucedido y evitar que interpusiera denuncia.
El acoso posterior y las presiones institucionales
La denunciante sostiene que fue «coaccionada directamente por el denunciado e indirectamente por otros altos mandos policiales» para mantener silencio sobre lo ocurrido. De hecho, otro comisario presente durante la comida con González intentó comunicarse con ella en cinco ocasiones sin éxito. Finalmente logró contactarla el 13 de julio de 2025 para ofrecerle un nuevo destino dentro del cuerpo a cambio de su silencio. La agente ha presentado audios grabados dentro del hogar del comisario el día del ataque, así como mensajes y pruebas desde su propio teléfono móvil. También recibió llamadas desde números oficiales vinculados a la Dirección Adjunta Operativa.
El 22 de mayo, durante una conversación con ella, González negó lo ocurrido y tras desestimar cualquier relación previa le dijo: «Ven a verme a ver qué te puedo dar», insinuando un nuevo destino dentro del cuerpo. Actualmente, la funcionaria está bajo baja psicológica y ha tenido que entregar su arma debido a su incapacidad para prestar servicio.
Las reacciones políticas y la comparecencia judicial
El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, no dudó en cuestionar públicamente qué más podría ocurrir en España si el jefe de la Policía enfrentaba acusaciones tan graves y aún así había sido ratificado recientemente por el Gobierno. Por su parte, Jaime de los Santos, responsable de Igualdad del PP, exigió explicaciones inmediatas a Marlaska. Considera «terrible» que su «mano derecha» supuestamente llamara a una subordinada a su vivienda oficial para agredirla sexualmente. De los Santos no escatimó críticas hacia el ministro al acusarlo de “blindar a un posible violador”.
El juez Maman ha citado tanto a González como a su presunta víctima para declarar el próximo 17 de marzo en los juzgados situados en Plaza de Castilla. El magistrado considera que los hechos presentan características suficientes para presuponer posibles delitos relacionados con agresiones sexuales cuya investigación corresponde a este órgano judicial. El abogado Piedrafita ha instado a Marlaska para que adopte todas las medidas necesarias para proteger a la funcionaria agredida, subrayando que se trata de «hechos muy graves» respaldados por «pruebas objetivas» ocurridos dentro del ámbito policial con un «enorme abuso de autoridad».
La renuncia de González pone fin a un capítulo oscuro en la historia reciente de la Policía Nacional. Sin embargo, plantea serias interrogantes sobre cómo una institución encargada de velar por la seguridad pública permitió que alguien en tan alto cargo llevara a cabo semejante abuso durante meses sin tomar acciones inmediatas.
