La calma brilla por su ausencia en la sede del PSOE y en los despachos de la Moncloa.
La inminente revisión judicial de las medidas cautelares que afectan a José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García ha encendido todas las alarmas en el Gobierno y el partido.
El miedo a que el exministro y su entorno decidan tirar de la manta si terminan tras las rejas ha desatado una serie de advertencias y movimientos defensivos a toda prisa.
El círculo más cercano a Ábalos ha transmitido un mensaje claro: “Si me dejáis caer, no me voy solo”.
Esta advertencia, lejos de ser un mero farol, ha sido interpretada en el PSOE como una amenaza directa hacia la cúpula, que es consciente de que la Fiscalía reclama para el exministro hasta 24 años de prisión, cifra que las acusaciones populares elevan hasta los 30 años.
Koldo García también se enfrenta a una petición de 19 años y medio, y ambos son conscientes de que su única opción para conseguir rebajas significativas es implicar a otros responsables.
El miedo a que “cante” en prisión
Lejos de mostrar debilidad, el Gobierno ha optado por activar un discurso que busca contener daños. Desde Moncloa y Ferraz se repite en privado que “el caso ya está amortizado”. La estrategia oficial consiste en disminuir el vínculo entre el presidente Pedro Sánchez y los implicados, enfatizando que sus relaciones eran “absolutamente anecdóticas”, tal como afirmó el propio presidente en el Senado. Sin embargo, esta declaración ha servido más para irritar a los investigados que para calmar la situación.
La realidad es obstinada. Koldo García lleva semanas filtrando audios, mensajes y fotografías para demostrar que su relación con Ábalos, así como con otros miembros del partido, era mucho más cercana de lo que sostiene la versión oficial. Esta maniobra inquieta al entorno de Sánchez por su potencial para abrir nuevas vías de investigación y salpicar a más cargos.
En los pasillos de la Moncloa crece la preocupación ante la posibilidad de que la entrada en prisión preventiva de Ábalos sea el desencadenante de una colaboración con la Justicia que comprometa la línea roja establecida por los “tres garbanzos negros”. Esta doctrina no escrita busca limitar el escándalo a unos pocos señalados para evitar daños mayores. La Fiscalía ha sido contundente en sus escritos: la gravedad de los hechos, el alto riesgo de fuga y la cercanía del juicio justifican un endurecimiento de las medidas cautelares.
El juez instructor, Leopoldo Puente, ha señalado en sus autos que no descarta adoptar medidas más severas conforme se acerque la fecha del juicio, lo cual ha disparado la ansiedad dentro del entorno socialista.
Ábalos ha expresado públicamente su temor a ingresar en prisión, aunque mantiene su intención de continuar como diputado mientras lo permita la ley.
Si finalmente es encarcelado, perdería automáticamente su derecho al voto y su salario como parlamentario, quedando así en una situación extremadamente vulnerable tanto política como personalmente.
La imagen judicial de Koldo García como “alter ego” y “testaferro” de Ábalos —según indica la Fiscalía junto con los informes policiales— es devastadora. Ambos habrían orquestado una red de contratos públicos durante la pandemia, utilizando la compra de mascarillas como fachada para cobrar comisiones e obtener favores personales, incluyendo viviendas vacacionales y pagos a terceros relacionados con el entorno del exministro.
La comparecencia judicial tanto de Koldo como de Ábalos coincide con la declaración ante la Audiencia Nacional del empresario Víctor de Aldama, otro actor clave del caso, cuya defensa intenta coordinar movimientos para maximizar la presión sobre el PSOE y el Gobierno.
Un caso que amenaza con efecto dominó
La inquietud dentro del Ejecutivo es palpable. El temor no solo radica en una posible confesión por parte de Ábalos; también existe preocupación porque Koldo continúe atacando al presidente o surjan nuevas filtraciones con audios y pruebas que desborden cualquier control establecido. El plan inicial era acotar esta investigación a tres nombres clave (Ábalos, Koldo y Aldama), pero podría volar por los aires si alguno decide implicar a otros responsables ya sea buscando un pacto con la Fiscalía o simplemente por instinto de supervivencia judicial.
En Ferraz, algunos dirigentes consideran insuficiente haber “amortizado” este caso; demandan respuestas más contundentes para evitar que este escándalo derive en una crisis interna justo antes del inicio de una crucial precampaña electoral. Se barajan escenarios donde una hipotética confesión por parte de Ábalos podría provocar dimisiones encadenadas e incluso abrir investigaciones internas que cuestionen seriamente la estabilidad del Gobierno en minoría.
