El escándalo de las tarjetas de crédito opacas de que disfrutaron 86 consejeros y directivos de Caja Madrid entre 1999 y 2012, con un gasto superior a los 15 millones de euros es tema para el principal editorial tanto de ABC como de El País este 3 de octubre de 2014. Sin embargo, se produce una llamativa diferencia entre ambos textos, que condenan esta conducta.
El editorial del periódico progresista global en español que dirige Antonio Caño, titulado ‘Tarjetas negras’ elogia a los ex directivos que han devuelto el dinero de que dispusieron sin justificarlo y cita a Rodrigo Rato y a quien fue su mano derecha, José Manuel Fernández Norniella. Rato fue vicepresidente económico en los Gobiernos de Aznar y durante esos años mantuvo buenas relaciones con el fallecido editor de El País, Jesús Polanco.
El editorialista añade los siguientes complementos morales a la acción de Rato: «con buen criterio» y «actitud correcta».
En cambio, el editorial de ABC, ‘Privilegios inadmisibles en Caja Madrid’, si bien cita la devolución de dinero por «algunos directivos» no añade sus nombres.
EL PAÍS
En todo caso, si el juez y Hacienda consideraran que existen indicios suficientes para iniciar una causa, la acción debería ser tajante y rápida. Una primera condición es que los implicados devuelvan el dinero sin justificar que obtuvieron a través de las tarjetas sin control.
Por cierto, eso es lo que han hecho ya, con buen criterio, cuatro consejeros ejecutivos de Bankia. Rodrigo Rato, José Manuel Fernández Norniella, Ildefonso Sánchez Barcoj y Matías Amat han devuelto en total casi 200.000 euros a la entidad financiera después de que se les pidiera la justificación de las cantidades gastadas. Aunque la devolución no evite acciones judiciales posteriores, es la actitud correcta y también un indicador indirecto de que las tarjetas fantasma no responden a la ortodoxia empresarial.
ABC
Es cierto que algunos directivos han devuelto los importes de los que dispusieron gracias a este procedimiento después de que la actual dirección de Bankia se los reclamara, pero el problema sigue siendo la falta de explicación para que una entidad financiera pública dispensara semejante privilegio a sus directivos y consejeros, constituyendo una práctica absolutamente contraria al espíritu y finalidad de una caja de ahorro.
