Con la reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual promovida por el Gobierno —El Gobierno autoriza la privatización de las televisiones autonómicas–, las comunidades autónomas cuyos Ejecutivos lo consideren adecuado podrán privatizar las televisiones públicas de su territorio. La pregunta es, sin embargo, si encontrarán alguna empresa dispuesta a hacerse cargo de unas empresas publicas cuyas cuentas resultan insostenibles y que tienen unas plantillas desmesuradas.
Según los datos ofrecidos por la propia Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA), sólo uno de cada cuatro euros que ingresan estas cadenas procede de la publicidad. El grueso del dinero que reciben viene directamente de las arcas públicas, a través de subvenciones y otras aportaciones.
Según el Informe sobre el papel de la televisión pública autonómica en España realizado por Accenture para la FORTA, las subvenciones a las televisiones autonómicas se ‘comen’ de media el 0,13% del Producto Interior Bruto de las comunidades donde existen. Esto supone un coste por hogar medio en dichas regiones de 87,73 euros anuales.
En el mismo documento, de marzo de 2012, se explica que (antes de hacer públicas las cuentas anuales y según lo presupuestado para 2011) el 75% de los ingresos de los canales autonómicos proceden del dinero público. Otro 20% corresponde a la publicidad y el 5% restante a «otros ingresos» —Las ‘teles’ autonómicas pierden 122 millones en publicidad–. En total, el coste anual para el erario público es de 1.300 millones de euros anuales.
Las cifras ofrecidas por el V Informe Económico sobre la Televisión Pública en España, elaborado por Deloitte para la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) y presentado en noviembre de 2011, muestran un panorama desolador desde el punto de vista económico —España gasta 2.008 millones de euros en 14 cadenas de televisión–.
Los canales autonómicos cerraron 2010 con una deuda bancaria de 1.466 millones de euros, de los que 1.117 millones corresponden a Canal 9 (Valencia). En cuanto al coste para los hogares, vía subvenciones, este resulta muy elevado en todos los casos, si bien las cifras son muy diferentes según comunidades.
La televisión autonómica más onerosa en este sentido es la vasca Euskal Telebisa, 253 euros por hogar al año, seguida de la catalana TV3, 209 euros anuales. La más barata en cuanto a su coste por hogar es Telemadrid, 68 euros anuales. La madrileña, TV3 y Canal Sur (Andalucía) son las tres autonómicas en las que la publicidad representa entre el 20 y el 25% de sus ingresos. En el resto de los casos, supone menos de uno de cada cuatro euros de sus ingresos.
Aunque no suponen el grueso de sus gastos, las plantillas sobre dimensionadas serían un serio problema para cualquier empresa privada que se hiciera con el control de una cadena autonómica. Con más de 1.800 empleados (por encima de Telecinco, Antena 3 y laSexta juntas), la nómina de trabajadores más amplia corresponde a la Radio Televisión Valenciana. TV3 se acerca a una cifra similar, mientras que Canal Sur tiene 1.600 empleados y Telemadrid poco más de 1.150.
Periodista Digital ha hablado por teléfono sobre estas cuestiones con el secretario general de la FORTA, Enrique Laucirica, que no considera incompatible unas cuentas tan negativas con una posible privatización. Con un tono nervioso ha dicho:
No hay ningún servicio público que sea rentable. Eso dependerá muchísimo del modelo de gestión, pero el hecho de que se abra esa posibilidad no significa que sea obligatorio privatizar, simplemente lo que pretende la ley es abrir todo el abanico de posibilidades para establecer todos los modelos posibles en la gestión de las televisiones autonómicas. ¿Esto obliga a que se privaticen? En absoluto.
¿Existe esa posibilidad? Por supuesto, legalmente existe esa posibilidad, pero tampoco hay una obligación de hacerla y en el momento de tomar la decisión también tenemos que contemplar la posibilidad de que haya capital privado o intereses privados dispuestos a invertir en ello. En cualquier caso, siempre dependerá del modelo de gestión.
A pesar de su puesto, asegura desconocer si existen planes concretos de privatización de alguna autonómica:
No estoy en ese nivel, no tengo ni idea de si las comunidades autónomas están interesadas. Algunas han manifestado su interés en que esto se lleve a cabo y puedo pensar que puede haber alguna que acometa algún modelo de privatización, pero no lo sé, lo que sé es por lo que leo en los periódicos. En cuanto al capital privado, dependerá mucho del modelo de gestión que se pretenda aplicar.
Ya tenemos modelos de gestión en televisiones autonómicas que están en vigor y que tienen un modelo semi privatizado. Se han externalizado muchos de los servicios o muchas de las actividades dentro de esa televisión autonómica en Canarias, Murcia, Aragón,… Son modelos en los que el capital privado ya interviene. Ya existen experiencias, mejores o peores en ese sentido. No sería inaudito que alguna más lo llevara a cabo.
Preguntado por si conoce cuál sería la respuesta de los sindicatos a la privatización y a una posible reducción de plantilla, la primera parte de su respuesta de Laucirica no tiene que ver con la cuestión planteada:
La FORTA no es más que una asociación. No tiene capacidad ni soberanía sobre el devenir de las televisiones.
Añade:
Todo dependerá de las negociaciones que se lleven a cabo, de las propuestas que se elaboren al respecto, pero como todavía no hemos llegado a ese punto, pues no podemos anticipar lo que no existe.
