La decisión pone en riesgo la continuidad de un cierto número de canales gratuitos
El Gobierno ha encendido la mecha en las TDT desatando una guerra contras las televisiones al decidir aprobar la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que declaró nulo el acuerdo del julio de 2010 del Consejo de Ministros por el que se entregó un múltiple completo –con capacidad para emitir cuatro canales convencionales– a Antena 3, Telecinco, Sogecable, Veo7, Net Televisión y La Sexta por no ser conforme a derecho. Conforme a esta decisión, desaparecerían nueve canales: 3 de Atresmedia, 2 de Mediaset, 2 de Veo TV y 2 de Net TV.
El Gobierno ha acordado «dar cumplimiento estricto» a la sentencia y hacerlo «de manera que se incardine» en el proceso abierto del dividendo digital, por el que se van a mudar algunos canales de televisión de frecuencia en los próximos meses para dejar espacio libre a la llegada de la telefonía 4G de última generación, según ha informado la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.
En el marco del acuerdo aprobado por el Ejecutivo, «se ajustan los plazos transitorios a lo digital de los distintos canales», según ha precisado Sáenz de Santamaría. La ‘mudanza’ de canales dentro del dividendo digital afecta a cadenas de todos los operadores privados e implicará que unos 1,2 millones de edificios en España tengan que modificar en los próximos meses sus antenas para continuar viendo todos las cadenas, con un coste de unos 20 euros por vivienda.
De acuerdo a la sentencia del Supremo, el anterior Gobierno socialista no respetó la Ley General de la Comunicación Audiovisual, que entró en vigor en mayo de ese mismo año, y asignó a los propietarios de licencias «canales adicionales» en la TDT «sin la realización de concurso público», tal y como exige la Ley.
UTECA: «INSEGURIDAD JURÍDICA SIN PRECEDENTES»
La Junta Directiva de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) ha anunciado este 22 de marzo de 2013 que sus asociados «emprenderán acciones legales para impugnar» el acuerdo adoptado hoy en el Consejo de Ministros sobre la ejecución de la Sentencia del Tribunal Supremo relativa a la asignación de múltiples digitales.
Los asociados de UTECA han querido manifestar «unánimemente su honda preocupación por las indeseables consecuencias de esta decisión promovida» desde el Ministerio de Industria, y también su firme rechazo y malestar por la forma en que ha sido ejecutada y comunicada.
La decisión del Consejo de Ministros -afirma el comunicado- «sitúa a los operadores de televisión y por extensión al todo el sector audiovisual» en una situación de «inseguridad jurídica sin precedentes, afectando con ello a nuestra credibilidad como país».
Aseguran que esas comunicaciones, junto con «la sencillez de las distintas soluciones» que ofrece el ordenamiento jurídico español para enmendar los errores destacados por el Tribunal Supremo, han motivado a los distintos miembros de la organización ha transmitir en este tiempo «idénticos mensajes de confianza a sus accionistas, inversores» e instituciones competentes como la CNMV. Por ello, aseguran, «no se puede entender» que tres meses después de conocer la sentencia se haya acordado ejecutarla «de forma sorpresiva y contradictoria» a los mensajes que se hasta entonces se les habían comunicado.
«La decisión pone en riesgo la continuidad de un cierto número de canales actualmente a disposición del ciudadano de forma gratuita, en cuya puesta en marcha y desarrollo los operadores han invertido cantidades muy significativas», lamentan UTECA. Aseguran que no hay que olvidar «las grandes inversiones que fueron necesarias» realizadas por los operadores de televisión «para el buen fin del acelerado proceso a la televisión digital terrestre». Unas inversiones, explican, que estaban «exigidas por la normativa y amparadas por los compromisos asumidos por el Gobierno» y que «ahora se pretenden obviar».
Por último, el comunicado ahonda «en la asfixia económica» de un sector que ha perdido el 50% del mercado desde 2008 y advierten de que «se pone en riesgo el desarrollo de servicios de alto valor añadido» para los ciudadanos, quienes verán también «mermadas sus opciones de oferta televisiva» tan solo tres años después de que adaptasen sus hogares para poder recibir la TDT.
