(PD).- Desde hace tres años, el Gobierno catalán paga un sueldo anual de 60.000 euros a una funcionaria por una Oficina Antifraude de Cataluña que no existe y que, dadas las discrepancias internas del tripartito y la demora del proyecto -tramitado en el Parlamento catalán en 2005-, se desconoce cómo verá la luz finalmente.
Según publica ABC, esta Oficina está dirigida a preservar la transparencia y la integridad de las administraciones y del personal al servicio del sector público, y que, entre otras funciones, debería controlar las asignaciones a dedo de informes técnicos a personas externas a la administración, actualmente en proceso de investigación por parte de la Fiscalía y cuya existencia destapó el diario de Vocento.
Mientras se determina si este futuro organismo depende del Parlamento catalán, tal como establece el texto actual, o de la Sindicatura de Cuentas, que ya ejerce ese control fiscalizador de las administraciones, el Ejecutivo catalán lleva tres años pagando una nómina a la directora del Programa para la creación de la Oficina contra el Fraude, con categoría de funcionaria de alto nivel dependiente de la Consejeria de Gobernación (dirigida por ERC), lo que supone una retribución anual superior a los 60.000 euros.
