(PD).-El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, aseguró ayer que, si no se restringe el derecho de los inmigrantes a la reagrupación familiar, habrá un millón más de ciudadanos extranjeros en los próximos cuatro o cinco años, lo que «pondría en riesgo» el Estado de Bienestar.
Corbacho se mostró partidario de cambiar la actual Ley de Extranjería para limitar el derecho a la reagrupación al núcleo familiar básico -es decir, el compuesto por una pareja y por sus hijos menores de 18 años- con el fin de «tener un mejor control y una mejor regularización».
Explicó que, actualmente, la reagrupación, además de darse en el núcleo familiar básico, se puede hacer extensiva a los ascendentes y suegros, por lo que, cuando éstos regularizan su situación, vuelven a ser «generadores de este derecho» para otros familiares, según informa El Mundo.
Corbacho cifra en 100.000 los potenciales beneficiarios, por lo que el número final que calcula el Gobierno ronda los 20.000 ciudadanos. Únicamente pueden acogerse a estas ayudas los nacidos en 19 países que tiene convenios con la Seguridad Social.
Pero estas cifras pueden variar según evolucione el desempleo. En mayo, 248.827 extranjeros estaban inscritos en el Servicio Público de Empleo Estatal. De ellos, 165.217 (datos de abril) ya estaban cobrando prestaciones por desempleo, un 81% más que un año antes.
El periodo máximo que reconoce la ley para cobrar el desempleo a cualquier trabajador son dos años tras seis años (al menos) de cotizaciones. Por el contrario, el mínimo para percibir el subsidio son cuatro meses, tras cotizar un año.
Corbacho explicó que el Ejecutivo entregará un 40% de la capitalización de la prestación al inmigrante en España y el 60% restante, mediante transferencia, una vez que el trabajador haya llegado a su país de origen. A cambio, el beneficiario renuncia temporalmente a su permiso de residencia.
