(PD).- Va a llegar hasta el final. El juez Baltasar Garzón se ha declarado competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y la dictadura franquista (1936-1975), al estimar que se trata de un delito de detención ilegal sin dar razón de paradero que encaja en el contexto de crímenes contra la humanidad. Para empezar y por si todavía la medida no le da suficiente autobombo, ha comenzado ordenando abrir 19 fosas, incluida la de Lorca.
En un auto de 68 páginas en el que admite a trámite las denuncias de 22 asociaciones de familiares de desaparecidos en la Guerra Civil y la dictadura franquista, Garzón autoriza exhumaciones en 19 fosas localizadas en toda España, entre ellas la del poeta Federico García Lorca, en la que supuestamente se encontrarían los restos del abuelo de una denunciante.
Como responsables de estos hechos el magistrado apunta a 35 altos cargos del régimen franquista, entre ellos el dictador Francisco Franco, y pide que se aporte el certificado de defunción a efectos de declarar la extinción de responsabilidad penal de todos ellos.
También Reclama al Ministerio del Interior que identifique a los máximos dirigentes de Falange desde el 17 julio de 1936 hasta el 3 de diciembre de 1951 y, una vez identificados, acordará lo necesario sobre la imputación o extinción en caso de fallecimiento.
Argumenta que la Audiencia Nacional es competente para investigar estas desapariciones, nunca investigadas «por la Justicia española», porque los hechos (el alzamiento militar) encajan en el delito contra altos organismos de la nación, que no habría prescrito porque está conexo con el delito de detención forzada, que permanece en el tiempo, tal y como estableció el Tribunal Supremo para condenar al ex militar argentino Adolfo Scilingo.
EL FISCAL, EN CONTRA
De igual modo, el Ministerio Público sostiene que la competencia en el presente caso no corresponde a la Audiencia Nacional ya que, a su entender, los crímenes deberían ser perseguidos por los juzgados de los lugares en los que se cometieron los hechos.
Fue el 14 de diciembre de 2006 cuando un grupo de abogados representantes de asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica y un diputado socialista presentaron un total de ocho denuncias en las que solicitaban una investigación sobre las desapariciones, asesinatos, torturas y exilios forzosos cometidos desde 1936, año en que comenzó la Guerra Civil.
A principios del pasado mes de septiembre, el juez Garzón abrió diligencias para requerir a diversas instituciones listados y datos de los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo.
Su intención era elaborar un censo de desaparecidos y determinar si su juzgado, el número 5 de la Audiencia Nacional, es o no competente para investigar estos crímenes.
