El Tribunal Supremo avala una Educación para la Ciudadanía que no existe

(PD).- El Tribunal Supremo acaba de salvar la asignatura de Educación para la Ciudadanía al establecer que no cabe la objeción de conciencia ni ante los dos decretos estatales que regulan la materia ni en los cuatro casos concretos analizados.

Esto significa que los más de 50.000 alumnos cuyas familias habían objetado la asignatura deberán acudir a clase y estudiar la materia tal y como su centro la haya conformado.

Como explica el diario El Mundo en su editorial, para obtener la amplia mayoría de 22 contra 7 en el fallo, el Supremo va a incluir en la sentencia una importante matización: que la asignatura no permite a las autoridades administrativas o escolares, ni a los profesores, imponer a los alumnos criterios morales o éticos que sean objeto de discusión en la sociedad, puesto que el contenido de la materia debe centrarse en la educación de principios y valores constitucionales.

Esta salvedad supone en el fondo una tremenda ironía, pues lo que el Supremo está avalando es la EpC tal y como debería haber sido desde un principio. Es evidente que la gran mayoría de la sociedad española hubiera estado de acuerdo con una asignatura que se hubiese ajustado a ese modelo, por la misma razón que la Carta Magna sigue generando un amplio consenso.

La polémica de la asignatura no es su teoría -enseñar civismo- sino su desarrollo en la práctica, y basta una rápida ojeada por algunos manuales de la asignatura para constatar hasta qué punto pueden diferir de ese ideal al que aspira el Supremo: mientras unos libros descalifican la laicidad, otros critican las posiciones de la Iglesia católica; mientras unos se niegan a reconocer el matrimonio homosexual, otros lo reivindican; mientras unos animan a los jóvenes a llevar consigo preservativos en todo momento, otros abominan de la experimentación con embriones.

Parecería que en principio todos estos contenidos podrían ser impugnados según la sentencia del Supremo, pero también es cierto que en el caso de que los padres denuncien su caso particular, lo más probable es que el fallo se produzca cuando su hijo haya terminado el curso. Será, por tanto, una magra victoria.

Todo esto no hubiera ocurrido si el Gobierno ZP hubiese planteado la asignatura en la estela de las que ya existen en otros países europeos, y no como una puerta abierta para difundir su ideología.

Este miércoles, la ministra Mercedes Cabrera se congratulaba de que el fallo del Supremo dará fin a la «batalla política» en torno a la asignatura, pero la iniciativa para evitar que la Educación sea objeto de luchas partidistas debe brotar de quien gobierna y, en este sentido, bastaría con que el Ejecutivo hubiese consensuado los contenidos de la EpC con todos los partidos que defienden la Constitución, y en particular con el principal partido de la oposición, promoviendo una materia que difunda los principios y valores de la Carta Magna.

En lugar de eso, lo que hizo fue permitir que cada centro haga de su capa un sayo y adapte la materia a su particular ideología o sistema de creencias, con la ridícula asunción de que esta asignatura va a convertirse en un criterio fundamental para elegir colegio en un país donde tal posibilidad está, en la práctica, bastante limitada.

Lejos de «resolver el larguísimo debate» como afirmó este miércoles la ministra, el fallo del Supremo sólo le aplica un punto y aparte.

Varias familias de objetores ya anunciaban ayer que recurrirán la sentencia ante el Constitucional y el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos si no comprueban que la asignatura cambia sus contenidos de acuerdo con lo que propugna el Supremo, convirtiéndose en lo que siempre debería haber sido.

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