El 28 de febrero de 1978 nació en la Policía Armada el Sindicato Unificado de Policía, SUP, que cumple este 28 de febrero 45 años. Cinco policías armados en Sevilla, tras varios meses de reuniones, levantaron el acta fundacional del primer sindicato clandestino en la policía armada militar.
El primer policía que en 1977 habló de unirse para mejorar sus condiciones de trabajo fue José López. Llegó a Sevilla procedente del País Vasco donde pasó semanas sin quitarse el uniforme por las circunstancias que se producían allí entre 1970 y 1973, con declaración casi permanente del estado de excepción. El primer policía receptivo a las ideas de José López fue José Manuel Osorno y a ellos se fueron sumando Guillermo Gómez, Manuel Tapada y Carlos Jiménez, los tres ya fallecidos (q.e.p.d.). El sindicato se gestó durante el año 1977 mientras cientos de policías y guardias civiles que se habían manifestado en Madrid el 17 de diciembre de 1976 estaban en prisiones, calabozos y esperando condenas. A finales de 1978, poco después del nacimiento sindical, la Policía Armada pasó a denominarse Policía Nacional, el uniforme gris cambió a marrón y mantuvo el régimen y estructura militar. Consolidado en Sevilla con varias células clandestinas, en 1980 Pepe López realizó algunos viajes a Cádiz, Zaragoza y Valencia donde se crearon otros comités. A partir de 1981, coincidiendo con la llegada de Juan García Gámez, el sindicato comenzó a aparecer en medios de comunicación y entre ellos en la Cadena SER, donde Pepe Fernández les dio voz aun con el riesgo que ello conllevaba, porque un periodista sevillano llegó a ser detenido por orden de un comandante de la plantilla por publicar noticias del sindicato.
El 21 de noviembre de 1984 el sindicato se legalizó y en el I Congreso, celebrado en Sevilla en enero de 1985, la candidatura de Pepe López ganó por 19 votos frente a la de Juan García Gámez (295 a 276 votos y 2 blancos). Se consideraba a la candidatura ganadora más radical frente a Interior. López y Gámez tuvieron visiones distintas sobre la marcha del sindicato desde el primer momento; Barrionuevo y Corcuera apoyaron a García Gámez desde su llegada al sindicato, contra la primera ejecutiva nacional de Pepe López, tras su elección como secretario general en diciembre de 1986 y en congresos posteriores, siendo determinante el apoyo de Corcuera durante el pleito por las siglas SUP entre 1989 y 1992. Muchos nombres propios serían necesarios citar, pero no caben aquí; me remito a un libro que recoge aspectos destacados de la historia del SUP entre 1976 y 2022 que se publicará en fecha todavía por determinar.
Los dos primeros años de actividad, 1985-86 con Pepe López como secretario general, fueron de fuerte enfrentamiento con Interior; la dirección nacional fue expedientada, retiradas las liberaciones sindicales con el argumento de que el apoyo al movimiento sindical clandestino en la Guardia Civil era ilegal. La persecución contra el movimiento sindical en la Guardia Civil acabó con decenas de guardias civiles encarcelados, jubilados y cuatro de ellos siguen hoy expulsados: Morata, Piñeiro, Rosa y Linde (q.e.p.d.). Una reciente Ley de Personal en la Guardia Civil recogía el reingreso de los guardias demócratas expulsados pero las discrepancias en otras materias hacen casi imposible que se apruebe. Queda la posibilidad de un RD específico de reingreso como se hizo con mandos militares. Los mandos de la UMD actuaron contra la legalidad antes de la Constitución y los guardias civiles lo hicieron amparados por la Constitución, pese a lo cual la clase política de PSOE y PP no ha encontrado la ocasión en 35 años para resolver la injusticia cometida con ellos.
Con la oposición del sindicato, el Gobierno aprobó la ley orgánica 2/86 que sigue vigente hoy, constituyendo a la policía como un híbrido civil/militar sin plenos derechos sindicales como tienen el resto de policías civiles en democracias europeas (afiliación a sindicatos de clase), ni mecanismos que resuelvan los conflictos colectivos (Consejo de Policía no vinculante con mayoría de la Administración por el voto de calidad del presidente). En diciembre de 1986 García Gámez ganó el II Congreso. En 1987 se negoció y aprobó un RD (de escalas, categorías, uniformes, distintivos…) que propició que policías de las escalas básica y de subinspección pudieran ejercer tareas de investigación. Los sindicatos de mandos (SPP y de Comisarios) se oponían, querían que las placas identificativas solo pudieran llevarlas las escalas ejecutiva y superior y dotar a las escalas de subinspección y básica de unos carnés con la palabra “Auxiliares de Policía” o “Policía auxiliar de investigación”. Esa negociación es la primera que recuerdo de las muchas en las que participé que mejoraron la consideración de los policías en su trabajo. Aquí comencé a aprender de algunos compañeros y especialmente de José Soto, aprobándose la norma que regulaba el trabajo policial de investigación como lo conocemos hoy.
Vinieron años de división interna que afectaron desde la dirección nacional al último comité, con varios congresos que acabaron con el nacimiento de UFP como una escisión del SUP en 1989, apoyada por UGT (SUP-crítico) mientras el SUP-oficialista de Gámez era apoyado por Corcuera. A pesar de la división interna las dos ramas del sindicato seguían teniendo clara su orientación de defensa de una policía civil que respetara los derechos de la ciudadanía como elemento esencial de la práctica policial. Fue una división más de poder que de modelo sindical y policial. La división interna y los eventos de 1992, Expo y Olimpiada, llevaron al relevo en la secretaría general. García Gámez no se presentó y resulté elegido con el 53% de los votos frente a otro candidato. El sindicato creció, desterró la división interna, se mantuvo mayoritario, sólido, defendiendo prácticas policiales democráticas y como escudo de los derechos de los policías, protagonizando numerosos acuerdos con la Administración, actos de protesta y medidas de presión contra gobiernos de PSOE y PP cuando los acuerdos no se cumplían. En el VI Congreso celebrado en Melilla en 1997 los cinco fundadores asistieron en tal condición, recibieron la insignia de oro y entregaron copias del Acta fundacional que se repartieron a las delegaciones. Durante muchos años desde su nacimiento el SUP se enfrentó a la mayoría de mandos policiales, a políticos de PP y PSOE y al resto de sindicatos, que entendían la tarea policial con prácticas imposibles en democracia; dichas prácticas eran continuidad de algunas aplicadas durante la dictadura y fueron “legalizadas” en 1992 con la ley “Corcuera” a la que solo el SUP se opuso.
Desde su nacimiento hasta 2013, el sindicato fue un referente en la defensa de un modelo policial de respeto a los derechos civiles de la ciudadanía y a los derechos laborales de los policías; una organización respetada, temida o ambas cosas a la vez por mandos y responsables políticos. El SUP cambió sus valores y principios a partir de 2013 y hay dos hechos que lo acreditan: el apoyo en 2015 a la ley “Mordaza”, que supuso un cambio de rumbo de 180 grados contra las resoluciones que aprobó el congreso de mi despedida de la secretaría general, en junio de 2013. La dirección del sindicato tomó el camino fácil del corporativismo más rancio, como si el centro del universo fuera la Policía y no la ciudadanía y sus derechos. Una policía que tenga patente de corso para vulnerar derechos civiles de los ciudadanos no tiene el respeto de sus mandos y acaban siendo tratados como soldados (en una muy noble tarea, pero nada que ver con lo policial), que es lo que lleva ocurriendo desde hace décadas. Ambas cosas son impropias de una democracia como ha puesto de manifiesto en fechas recientes la Comisión de Venecia del Consejo de Europa. La formación policial a todas las policías ha acentuado el principio de autoridad sobre los derechos civiles sin tener en cuenta las disposiciones del Tribunal Supremo y Constitucional, que exigen la existencia de un hecho objetivo para que un policía pueda injerirse en la vida de un ciudadano, un hecho que active el principio de autoridad. Aquí un policía se planta en una calle, identifica a las 50 primeras personas que pasen por allí con cacheo o no a su criterio y es felicitado por sus mandos por las estadísticas estériles obtenidas, aunque sea una práctica ilegal; además, mientras el coche está allí detenido los delitos se incrementan en su zona de patrullaje. Los mandos ordenan (siempre verbalmente y nunca por escrito porque saben que es ilegal) a los policías estás prácticas para rellenar sus estadísticas, lo que anula la profesionalidad del policía para decidir a quién y por qué identifica (lo que debe hacerse constar razonadamente por escrito) y lo convierte en soldado obediente de un régimen donde los ciudadanos no tienen derechos civiles y son tratados como súbditos, vasallos o lacayos. No existe precedente en ninguna democracia europea y en España ocurre desde hace 35 años con PSOE y PP en el Gobierno. Hasta el año 2013 el SUP denunció estas prácticas que hoy son avaladas por todos los sindicatos.
Por estas y otras muchas razones que no caben en este artículo el sindicato se hundió en las elecciones sindicales de 2019 bajando de 7 a 2 vocales; obtuvo menos de 10.000 votos (perdió más de 15.000) y fue la primera vez que su máximo responsable no era elegido(a) vocal del Consejo de Policía. Aquí murió una bonita historia de buenos profesionales de la policía con conciencia de en qué consiste la labor policial en una democracia de ciudadanos con derechos, que no es lo mismo que en una autarquía o dictadura bananera de súbditos o lacayos. En Esto España no es todavía una democracia y muchos de los cambios que plantea el Gobierno a la ley “Mordaza” son necesarios, como hay otros que piden partidos independentistas, filoterroristas o bolcheviques que no tienen sentido y perjudicarían las tareas de seguridad pública encomendadas a la Policía si se aprueban. El SUP fue una herramienta eficaz desde su nacimiento hasta 2013, cuando al sumarse a los planteamientos de los demás sindicatos perdió la identidad que lo distinguía: dejó de proteger los derechos civiles de la ciudadanía para defender prácticas policiales imposibles en democracia de ciudadanos con derechos. Un sindicato que hoy no representa nada en el panorama sindical policial ni en la defensa de los derechos de los policías, aunque siga viviendo de la historia que no han sabido continuar. Un sindicato que cambió de trinchera y hoy apoya prácticas denunciadas por organizaciones internacionales que protegen los derechos de la ciudadanía frente a los abusos de sus cuerpos de seguridad.
Este desenlace no resta mérito a los muchos policías que hicieron posible esa aventura y a los valores que defendieron. Hoy es más necesario que nunca cambiar los criterios de selección y formación (en la Policía Nacional, Guardia Civil, Mozos, Ertzaintza y policías locales) para imponer prácticas policiales de servicio público respetuoso de los derechos de las personas, respetando sus derechos civiles y con la contundencia necesaria para resolver los actos de violencia a los que se enfrentan a diario. Respetar los derechos de la ciudadanía no es incompatible con mejorar la seguridad pública ni con la seguridad de los policías, todo lo contrario, que se ve afectada por la manipulación y ocultación estadística de la violencia a la que se enfrentan los policías sin los medios necesarios como el arma taser o la cámara corporal. Interior, las fuerzas de seguridad, la seguridad pública y los derechos de los ciudadanos son una asignatura pendiente de nuestra partidocracia.
