Si hay Justicia digna de tal nombre, la cosa no puede acabar de otra manera.
Porque sin Pedro Sánchez, sin su apoyo, respaldo y cobertura, tanta corrupción no hubiera sido posible.
çNi la de sus parientes ni la de su podrido partido.
El escenario judicial que envuelve al marido de Begoña se ha vuelto cada vez más intrincado, con varios frentes abiertos que dirigen la mirada hacia La Moncloa.
La reciente decisión del juez Juan Carlos Peinado de identificar al presidente como un elemento «fundamental» en el caso que involucra a su esposa Begoña Gómez representa un giro decisivo en la estrategia judicial, situando al jefe del Ejecutivo como el hilo conductor de todas las tramas que sacuden al Gobierno.
La conexión con la Presidencia se hace palpable cuando Peinado sostiene que las actividades supuestamente ilícitas de Gómez fueron posibles gracias a «una estructura institucionalizada de poder» con «indudable influencia como es la Presidencia del Gobierno».
Esta apreciación coloca al amo del PSOE en el epicentro de la tormenta, no como un mero espectador, sino como una pieza clave dentro del engranaje objeto de investigación.
Que no se nos olvide que toda la izquierda se puso en pie para aplaudir a Ábalos, el de los sobres con membrete del PSOE.
Así ha sido la historia de mentira e indecencia que nos han querido hacer tragar.
Esta imagen quedará en la historia de la vergüenza del PSOE y el Congreso. pic.twitter.com/xSzTruJPbr— Jaime de Berenguer (@jaimeberenguer) October 4, 2025
El entramado de La Moncloa bajo la lupa judicial
El caso de Begoña Gómez ha evolucionado hasta convertirse en una indagación que abarca cinco delitos distintos: tráfico de influencias, corrupción en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación de fondos públicos.
La decisión de Peinado de tramitar la causa mediante juicio con jurado responde a la doctrina del Tribunal Supremo de 2017 sobre conexidad, que establece que cuando varios delitos están interrelacionados deben ser juzgados conjuntamente.
La figura de Pedro Sánchez se perfila como el nexo que permite comprender la magnitud de la influencia ejercida. Según el auto judicial, las cartas de recomendación firmadas por Gómez a favor del empresario Juan Carlos Barrabés solo adquieren sentido por esa «relación de parentesco» con el presidente.
Sin esta conexión directa al poder ejecutivo, las acciones investigadas carecerían del peso necesario para impactar en las decisiones administrativas.
La asesora de Gómez en La Moncloa, Cristina Álvarez, también está imputada en ambas partes de la investigación, lo que refuerza la teoría de que se trata de una estructura organizada desde dentro del propio palacio presidencial.
Esta vinculación institucional convierte cada movimiento realizado por la esposa del presidente en un posible uso indebido del aparato estatal.
El fiscal general y la sombra de la filtración
Por otro lado, el Tribunal Supremo ha fijado para noviembre el juicio contra el fiscal general Álvaro García Ortiz por revelación de secretos en el caso González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Este proceso, programado entre el 3 y el 13 de noviembre, marca un hito al ser la primera vez en democracia que se juzga a un fiscal general en activo.
La defensa de García Ortiz por parte del Gobierno, con Sánchez manifestando públicamente su «creencia en su inocencia», establece otro vínculo directo entre el presidente y los procedimientos judiciales. La supuesta filtración del correo del abogado de González Amador, donde admitía delitos fiscales, ocurrió en un momento marcado por una intensa tensión política entre el Ejecutivo central y el Gobierno madrileño.
Los 40 testigos que comparecerán durante el juicio incluyen figuras clave dentro del entorno gubernamental como Pilar Sánchez Acera, ex alto cargo de Moncloa, y Francesc Vallés, ex secretario de Estado de Comunicación. Esta lista pone sobre la mesa cómo las decisiones tomadas desde el núcleo del poder ejecutivo están siendo objeto de un escrutinio judicial.
La estrategia de resistencia presidencial
El presidente ha mantenido una postura firme ante los embates judiciales, defendiendo públicamente tanto a su esposa como al fiscal general. Esta actitud no solo conecta los casos entre sí, sino que también los vincula directamente con la figura presidencial y su credibilidad política. Así, Sánchez se ha convertido en un garante personal de la inocencia de quienes le rodean, asumiendo un considerable riesgo político.
La doctrina del Tribunal Supremo sobre tráfico de influencias, recogida en la sentencia 554/2023, establece que quien ejerce influencia debe «poseer la capacidad real para mover a un funcionario a dictar una resolución determinada». En lo relativo a Begoña Gómez, esa capacidad emana directamente de su condición como esposa del presidente, convirtiendo cada uno de sus actos en un posible ejercicio delegado del poder.
La acumulación de causas judiciales dirigidas hacia La Moncloa dibuja un panorama donde todas las tramas convergen en torno a la figura presidencial. Desde las actividades empresariales llevadas a cabo por su esposa hasta las decisiones relacionadas con el fiscal general y las filtraciones estratégicas; todos estos elementos comparten un mismo hilo conductor: la influencia directa o indirecta del presidente del Gobierno.
La confirmación por parte del Tribunal Supremo acerca de una condena a 8 años y 9 meses por amenazas contra Sánchez pone sobre la mesa hasta qué punto ha llegado la polarización política. En este clima extremo, su figura despierta tanto fervor incondicional como rechazo visceral. El caso del francotirador procedente de Terrasa ilustra cómo esta crispación puede dar lugar a conductas criminales que amenazan nuestra estabilidad democrática.
Curiosamente, entre los objetos hallados en casa del condenado figuraba también la agenda personal del presidente. Esto revela no solo el nivel premeditado detrás de esta amenaza sino también lo fácil que resulta para información sensible circular dentro ciertos círculos.
