El enfrentamiento político en el Congreso de los Diputados culmina con una notable victoria para el Partido Popular. El 27 de enero, el pleno desechó el polémico decreto ómnibus del Gobierno, recibiendo 178 votos en contra, gracias al apoyo conjunto de PP, Vox, Junts y UPN. Este texto combinaba la subida de las pensiones con otras medidas como la extensión de la moratoria antidesahucios y ayudas para los afectados por la Dana en Valencia. Aunque todos los grupos opositores respaldaron la revalorización, no escatimaron críticas hacia lo que calificaron como una «chapuza» por mezclar asuntos tan dispares.
Pedro Sánchez acusó al PP de utilizar a los jubilados como «rehenes», pero su estrategia terminó volviéndose en su contra. Junts, con su lema «pensiones sí, ocupaciones no», junto al PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, demandaron un decreto específico para las pensiones. Feijóo denunció que el Ejecutivo manipulaba la opinión pública al forzar a elegir entre cobrar la pensión o mantener un hogar. Después de esta derrota, el Consejo de Ministros cedió el 3 de febrero: se aprobará un real decreto únicamente con la subida de pensiones del 2,7%, dejando otro decreto para el resto del escudo social.
Antecedentes de un choque anunciado
El decreto ómnibus llegó al Congreso como una de las primeras votaciones significativas del año 2026, aunque su rechazo ya era previsible. El PP había insistido previamente en la necesidad de un texto limpio dedicado a las pensiones, argumentando que la Constitución exige tramitar esta revalorización mediante real decreto ante la prórroga presupuestaria. Durante un acto en Teruel, Sánchez prometió revalorizar «sí o sí, con o sin el PP», recordando subidas medias previas que alcanzaban los 50 euros mensuales. Sin embargo, desde la oposición se interpretó este paquete como un intento encubierto para proteger medidas controvertidas, como una moratoria criticada por favorecer ocupaciones ilegales.
Feijóo intensificó su ataque en redes sociales y declaraciones públicas, acusando al Gobierno de «trampas». Por su parte, Gabriel Rufián, representante de ERC, incluso reprochó a los independentistas el hecho de haber tumbado «cosas buenas» en su conflicto con otros partidos catalanes. Aquella jornada, aunque el Ejecutivo logró salvaguardar el decreto sobre ayudas al transporte, sufrió una humillación considerable: fue su primera derrota parlamentaria del año.
Consecuencias: pensiones aseguradas y tensiones elevadas
La decisión de separar los decretos garantiza la subida para 9,4 millones de pensionistas contributivos y 734.000 clases pasivas. Las pensiones mínimas aumentarán hasta un 7% (sin cargas familiares) o un notable 11,4% (con cónyuge a cargo), superando los 1.250 euros mensuales en algunos casos favorables. Las no contributivas alcanzarán los 629 euros, mientras que la pensión máxima se establecerá en 3.359,60 euros y la base máxima de cotización será de 5.101,2 euros.
Este cambio debilita la posición de Sánchez, quien pierde capacidad ante socios inestables como Junts. Por su parte, el PP se fortalece para futuras contiendas presupuestarias, mostrando que puede influir sobre el Ejecutivo sin obstruir derechos sociales. ¿Un toque de ironía en este escenario político? Sánchez prometió pensiones «sí o sí», pero acaba cediendo ante Feijóo; es como si un boxeador entrara triunfante al ring y saliera con más que una mandíbula desencajada.
