El Juzgado prevé sacar a subasta antes de finales de año el ‘palacete’ y otras dos propiedades del expresidente balear

El Juzgado prevé sacar a subasta antes de finales de año el 'palacete' y otras dos propiedades del expresidente balear
El ex presidente de Baleares Jaume Matas. EFE/Archivo

El Juzgado de Primera Instancia número 10 de Palma sacará a subasta, previsiblemente antes de finales de año, la principal vivienda que el expresidente del Gobierno balear, Jaume Matas, posee en el casco antiguo de la capital, popularmente conocida como ‘palacete’, así como otras dos de sus propiedades tras no haber abonado los más de cuatro millones que el principal imputado del caso Palma Arena adeuda a la entidad bancaria a raíz del préstamo que le concedió para hacer frente a la fianza penal de tres millones que le fue impuesta en el marco de esta causa.

Así lo han informado fuentes jurídicas a Europa Press, que han indicado que después de que el exministro de Medio Ambiente no haya hecho efectivo el pago de esta cantidad, el Juzgado prevé subastar no sólo el ‘palacete’, vivienda de estilo manierista ubicada en la céntrica calle Sant Feliu, sino también un inmueble que el expresidente del PP balear tiene en La Rambla además de un local ubicado en la calle Sant Miquel.

Todo ello después de que el pasado mes de mayo el banco presentase una demanda de ejecución hipotecaria por la que reclamaba al exjefe del Ejecutivo autonómico, en un plazo de treinta días, los tres millones de euros correspondientes al préstamo que le concedió el año pasado para que el encausado hiciera efectiva la fianza -cuyo pago le permitió eludir su ingreso en prisión preventiva-, a los que se suman más de un millón de euros por los intereses del crédito y los gastos procesales generados desde entonces.

Un procedimiento que, sin embargo, no va únicamente dirigido contra Matas sino también contra su mujer, Maite Areal, por ser copropietaria del ‘palacete’, así como contra la madre del expresidente, cotitular en su caso del inmueble de Sant Miquel. Una vez los bienes patrimoniales salgan a subasta, cualquier ciudadano podrá pujar por ellos aunque en caso de que mediante este proceso no se alcance la cantidad adeudada, la entidad bancaria podría quedarse con los inmuebles en propiedad para su posterior venta.

De forma paralela, el Banco de Valencia ha reclamado al Juzgado de Instrucción número 3, encargado de las investigaciones del caso Palma Arena, la devolución de los 500.000 euros en que el pasado día 17 la Audiencia Provincial de Palma rebajó la fianza de tres millones decretada contra Matas. Y es que, de acuerdo al escrito que ha presentado para ello la entidad, al que ha tenido acceso Europa Press, «el acreedor picnoraticio está facultado para retener el dinero pignorado e imputar a la deuda directamente el importe del metálico sobre el que se constituyó dicha prenda».

DOMINGO PARRA, SUSTITUIDO AL FRENTE DEL BANCO DE VALENCIA

Así las cosas, el juez instructor de la causa, José Castro, ha dado traslado de la petición del banco, mediante una providencia, tanto a la defensa de Matas como a la Fiscalía, la Abogacía de la Comunidad Autónoma y al PP -en calidad de acusación popular-, a fin de que emitan sus alegaciones antes de que el magistrado se pronuncie sobre la solicitud de la entidad bancaria, cuyo consejero delegado hasta el pasado 7 de octubre, Domingo Parra, amigo personal de Matas, fue sustituido al frente del Banco de Valencia tras 17 años en el cargo.

Fue en marzo del pasado año cuando, tras tomarle declaración durante dos días, el juez Castro impuso a Matas la fianza de tres millones de euros en el marco del caso Palma Arena, una de cuyas principales líneas de investigación se centran en el lujoso tren de vida llevado por el encausado cuando era máximo dirigente de la Comunidad Autónoma y que, de acuerdo a las pesquisas, no se corresponde con los ingresos que obtenía como presidente.

Los investigadores apuntan de esta forma a la relación de los elevados gastos de Matas con la presunta malversación de aproximadamente cincuenta millones de euros durante la ejecución del velódromo palmesano (2005-2007). Unos hechos que niega de forma tajante el expresidente, quien durante su declaración manifestó que parte del dinero que obtenía mensualmente por el alquiler del local de Sant Miquel no lo declaraba, justificando así que pagase en negro parte de los 400.000 euros que se gastó en reformar el ‘palacete’ y negando haber rehabilitado la vivienda con fondos públicos.

 

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