Creo que todos somos conscientes de la preocupación existente en España por las actividades violentas de las bandas juveniles -con muertes incluidas-, que exigen una eficaz y rápida respuesta por parte de las administraciones públicas.
En esa tarea está empleando la Comunidad de Madrid muchos esfuerzos que tendrían el éxito deseado si por parte del Gobierno de la nación se tuviera la respuesta adecuada. Pero en este tema, como en otros, el Ejecutivo de Pedro Sánchez prefiere utilizar su estrategia política contra Madrid, con la señora delegada del Gobierno en la región como ariete.
Mercedes González, en su calidad de jefa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Madrid, ha de ser una leal colaboradora, pero, desgraciadamente, no es así.
No está aportando los datos que se están solicitando desde la Comunidad de Madrid, información esencial -no confidencial-, como los criterios concretos para considerar a una persona integrada en una banda. Datos sobre cuántos de esos miembros han incurrido en actividades delictivas denunciadas o constatadas, y los tipos de infracciones penales, entre otros.
No cuenta qué delitos se les atribuye y cuántos quedan en libertad con cargos o sin ellos, cuántos ingresan en prisión preventiva, lo que sería índice del adecuado enfoque de las actuaciones y atestados policiales. Tampoco dice cuántas diligencias policiales acaban desembocando en diligencias judiciales que no se archivan y desembocan en un juicio oral, así como el número de condenas conseguidas gracias a la actividad policial.
Respecto a las intervenciones de armas blancas o de otra naturaleza, interesaría saber si se tramitan las diferentes propuestas para sanción y si la Delegación del Gobierno acaba imponiendo sanciones, también si éstas se ejecutan. La misma efectividad interesaría conocer respecto a las sustancias estupefacientes incautadas a sus miembros.
En el caso de que alguno de los integrantes de las bandas careciese de nacionalidad española, interesaría también saber si se están tramitando los oportunos expedientes conducentes a que se les prive de sus permisos y autorizaciones o, en su caso, incluso se les expulse del territorio nacional, tal y como dispone la L.O. 4/2000 de Extranjería y su Reglamento de Desarrollo.
Datos importantes por saber ya que lo que sí conocemos es la cifra total de identificaciones policiales que se hacen al amparo de las órdenes de servicio, que no nos permiten discernir si cada contabilizado como identificado lo ha sido una sola vez o en múltiples ocasiones.
Tampoco se señala el fruto de las identificaciones masivas, por ejemplo: si han servido para detectar a personas con reclamaciones vigentes o con controles específicos o si han servido para terminar de dibujar el mapa de las bandas y sus integrantes y organigramas.
Y, respecto a los delitos más violentos, no se nos dice si se conoce la relación entre autores y víctimas y el móvil supuestamente alegado por los autores.
Pero para establecer un mapa completo del problema se hace necesario disponer de toda la mayor información posible y hacer frente a la realidad. Máxime cuando nos encontramos que, aunque Madrid es una ciudad segura, los datos de criminalidad se han incrementado en el tercer trimestre de 2022 según el Ministerio del Interior.
Reitero la necesidad urgente de que para diagnosticar y poner los remedios necesarios para acabar con este problema es preciso de la colaboración de todas las administraciones. No vale pensar que todo va bien.
Eficacia y eficiencia. Algo que debemos lograr entre todos.
Miriam Rabaneda Gudiel, diputada del GPP en la Asamblea de Madrid y portavoz de la Comisión Bandas Juveniles Violentas de la Cámara regional
