En La Moncloa, todavía no recuperados del susto que les ha dado Máxim Huerta, están catatónicos. Y en PSOE, que se las prometía muy felices en las encuestas y ya empezaban a repartirse puestos pensando en próximos comicios, están que trinan.
Nadie entiende la pifia, reiterada, que Iván Redondo y el ‘brillante‘ equipo de asesores de Pedro Sánchez le ha hecho al líder socialista, a la hora de elaborar su lista de ministros.
Tras la polémica por el fraude fiscal del exministro de Cultura, Màxim Huerta, que forzó su dimisión este miércoles tras apenas seis días en el cargo, una nueva tormenta planea ahora sobre el Consejo de Ministros.
El protagonista es el ministro de Agricultura, Luis Planas, un representante de la vieja guardia del PSOE que ocultó al presidente Pedro Sánchez que estaba imputado por el presunto robo de agua en el Parque de Doñana en su etapa de consejero de la Junta de Andalucía.
Es clamorosa la falta de experiencia del equipo más cercano a Sánchez en Moncloa, que debería haber repasado minuciosamente los currículums y las trayectorias de los candidatos a ministro.
Que nadie detectara la sentencia favorable a Hacienda y contraria a Máxim Huerta antes de su toma de posesión es de aurora boreal. Y sobre todo, justo cuando tampoco se enteraron y está en los periódicos de la imputación de Planas.
Sabían en Ferraz que los nuevos ministros iban a ser escrutados al milímetro, pero optaron por rascarse la barriga.
En el PSOE nadie ha acabado de entender la decisión de Sánchez de purgar al que ha sido hasta hace una semana su jefe de gabinete y hombre para todo, Juan Manuel Serrano.
Y muchos recelan del nombramiento del asesor y estratega Iván Redondo como ‘fontanero jefe’ de La Moncloa.
Como a perro floaco todo son pulgas, como dice el refrán, ya hay quien da por supuesto que la presencia de la titular de Hacienda, María Jesús Montero, en los gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán en Andalucía, va a dar tardes de alegría a los periodistas y tremendos disgustos a Pedro Sánchez, porque algo saldra y no precisamente perfumado.
Por el momento, lo que hay es lo de Planas, que ha facilitado una especie de frente común de PP, Ciudadanos y Podemos.
El Juzgado de Instrucción 2 de La Palma del Condado (Huelva) ordenó el pasado mes de julio el procesamiento de los exalcaldes de Almonte Francisco Bella (PSOE) y José Antonio Domínguez (PP) y de 12 empresarios, administradores de seis empresas agrícolas, por un delito de los recursos naturales y el medio ambiente en Doñana. También procesó por el mismo delito a María Isabel Salinas y Judit Anda, ex secretarias generales de Agricultura, y a Luis Planas, exconsejero de Agricultura de la Junta de Andalucía.
El actual ministro, se ha tratado de defender asegurando que no conoció ni tuvo «implicación» en el caso y el portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Ander Gil, ha dicho que «no hay caso, no hay noticia».
«No hay indicio de ningún delito y en cualquier caso, no tiene nada que ver con la corrupción y es una actuación en su responsabilidad como consejero»
No piensan lo mismo en el PP. El portavoz adjunto de los populares, Teodoro García ha comparecido en el Congreso para exigir la dimisión del titular de Agricultura.
«El ministro de Agricultura debe dimitir, y, si no dimite debería dimitir el señor Sánchez».
Eso ha asegurado, al recordar el compromiso que Sánchez anunció hace meses:
«Si soy elegido presidente no abriré despachos ministeriales a imputados».
Aunque el PP sigue defendiendo que la apertura de juicio oral es el punto en el que debe dimitir un cargo público, señalan que quieren hacer ver «la contradicción» del presidente del Gobierno al poner el listón de la dimisión en la imputación.
Precisamente este mismo argumento ha utilizado el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas. En concreto, sobre Planas, el número dos del partido naranja ha informado de que han pedido su comparecencia urgente en el Congreso para que dé cuenta sobre ese proceso judicial.
«Es lo mínimo» que puede hacer, ha comentado, preguntándose si, tras su imputación, ya se ha explicado convenientemente ante la dirección del PSOE, tal y como lo contempla el Código Ético del partido socialista.
Algo más prudente se ha pronunciado el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que tiene en sus filas casoplones, los ‘fraudes‘ de Monedero, las becas de Errejón y muchas cosas y ha condicionado su postura en este caso a la decisión que tome la Fiscalía.
«Hemos leído que parece que va a dejar de ser investigado por la Fiscalía. Si es así, escucharemos sus explicaciones, y si continuara imputado, tendrá que dimitir. Pero vamos a esperar a ver cuál es el criterio de la Fiscalía… Ahora bien, si siguiera imputado, tendría que dimitir».
