El ministerio de Sanidad ha protagonizado polémicos acuerdos para la adquisición del material sanitario para combatir al COVID-19

Los negocios ‘turbios’ del Gobierno durante el coronavirus: proveedores con «direcciones desconocidas» o en los ‘Panamá Papers’

Las compras sanitarias realizadas a matacaballo muestran señales de una posible corrupción y ‘amiguismo’

Los negocios 'turbios' del Gobierno durante el coronavirus: proveedores con "direcciones desconocidas" o en los 'Panamá Papers'
Salvador Illa y Pedro Sánchez PD

El Gobierno de Pedro Sánchez está detrás de acuerdos tan ‘turbios’ como sospechosos.

En plena pandemia del coronavirus, los acuerdos de adquisición de material sanitario han destacado por dos aspectos: su falta de transparencia y los ‘lapsus’ que ocasionaron la llegada de material defectuoso o sin licencias.

El problema radica en los polémicos proveedores escogidos por el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de Pedro Sánchez para hacer sus negocios.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, atribuyó el pasado 3 de mayo de 2020 a «un error «administrativo» la publicación en el BOE del pasado 30 de abril, donde se muestra un contrato de 5,21 millones de euros, incluyendo el IVA (4,3 sin él), para la adquisición de un millón de hisopos a una empresa con «dirección desconocida».

Los periodistas Sergio Alonso y Belén Tobalina indicaron el 4 de mayo de 2020, en ‘La Razón’, que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), dependiente del Ministerio de Sanidad, realizó la compra a MJ Steps.

Sin embargo, una compra a un proveedor con dirección desconocida «rompe todos los esquemas de contratación en el sector público, ya que es inadmisible que no figure ese dato en el dossier aportado por el adjudicatario».

El «error administrativo» no es aislado. El Ingesa, dirigido por Alfonso Jiménez Palacios, ha suscrito no uno, sino 14 contratos en los que el adjudicatario es también una empresa de una localidad y dirección «desconocidas», incluido MJ Steps.

El montante total de estos contratos asciende a la friolera de 313,77 millones de euros para el erario público (sin incluir IVA), y en cada uno de ellos sólo presentó oferta una única empresa.

Los 14 contratos se tramitaron por un procedimiento «negociado sin publicidad acelerado». A esta misma empresa, sita en la provincia de Barcelona, también se le pagaron 380.000 euros por respiradores.

Hay uno, por ejemplo, tramitado en «España», según consigna el BOE, que está firmado con Hong-Kong Travis Asia Limited, también con dirección y localidad «desconocidas».

Ingesa firmó dos contratos con ella. Uno por el suministro de 2,5 millones de mascarillas FFP3 por un importe de 11,7 millones de euros.

Unos días antes, se le compraron 56,2 millones de mascarillas FFP2 por 150.061.218,91 euros. En el BOE pone que está en España, pero, según la plataforma de contratos públicos, está en Hangzhou (China).

Un quinto contrato se suscribe con China National Instruments Import & Export Corporation, también de dirección y localidad desconocidos, para el suministro de batas por más de 29 millones. Según el portal «einforma», la compañía, que inspecciona mercancías, está en Barcelona.

Ingesa también contrató a Dsv Air & Sea, de «localidad desconocida» para vuelos chárter por los que se pagaron más de siete millones.

En el citado portal salen tres empresas con este nombre y las tres (una de ellas ya extinguida) se localizan en Rubí (Barcelona).

La situación se repite con con Tec Pharma Europe. Ingesa pagó 8,2 millones por 200 respiradores. Según el citado portal, la compañía, dedicada al comercio al por mayor de productos farmacéuticos, está en Armilla (Granada).

A Danbury Enterprises LTD se le pagaron 7.587.190,08 euros por mascarillas. Según el portal financiero «dnb», su matriz está en Chipre y tiene cuatro empleados.

Para el traslado de material en vuelos chárter, Ingesa pagó 1.210.000 a Globalia Broker Services, en Baleares. A Hangzhou Ruining Trading, cuya matriz está en China, se le dieron casi 32 millones.

También se abonaron más de 51,6 millones a Hong Jin Medical Science and Technology Service. Hay una empresa extinguida en Badalona, y, según el portal «Ted», su sede está en Madrid. Y la lista sigue hasta llegar a los 313.778.620,16 euros en contratos a empresas de dirección «desconocida».

Panamá Papers

A los ‘turbios’ negocios con empresas de «dirección desconocida», se suma otra con firmas presentes en los polémicos ‘Panamá Papers’.

Como desvela ABC, Hongkong Travis Asia Limited ha vendido mascarillas y respiradores mecánicos al Gobierno por valor de 245 millones de euros.

Esto la convierte en el segundo mayor proveedor del Ministerio de Sanidad, solo superado por la empresa catalana FCS Select Products, con 263 millones en adjudicaciones.

La empresa, constituida en mayo de 2019 con 10.000 dólares hongkoneses (menos de 1.200 euros), ha logrado un extraordinario beneficio en las últimas semanas. ¿La clave?, que sus productos presentan sobreprecios de entre el 100 y el 200 por cien.

Hongkong Travis Asia Limited está gestionado desde Panamá a través de una sociedad offshore, según los documentos del Registro Mercantil de la Región Administrativa Especial de Hong Kong consultados por ABC. En este sentido, es fundamental indicar que la firma es una de las presentes en los ‘Panamá Papers’, la lista más completa sobre el ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria en el país latinoamericano.

Empresas ‘fantasmas’

La empresa catalana FCS Select Products, siendo la más utilizada por el Gobierno con 263 millones en adjudicaciones, parece ser una firma ‘fantasma’.

Se trata de una empresa con sede en España, en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), pero que trabaja importando todo tipo de productos. Sin embargo, el dato más curioso es que carece de trabajadores.

La persona que presenta las cuentas y cuyo correo electrónico figura en el registro como “email corporativo” de la compañía, Eva B., rehusó hablar con EL PAÍS y otros medios de comunicación sobre el tema.

La página web de la empresa está ahora “en mantenimiento”. Uno de los administradores solidarios de FCS Select Products, Mayra D. C., se declaró culpable de estafa agravada en febrero de 2016 tras llegar a un pacto con la Fiscalía, según publicó El Confidencial.

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Autor

José Antonio Puglisi

Periodista italovenezolano especializado en economía y periodismo de investigación.

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