Nissan cierra sus plantas en Barcelona.
La multinacional japonesa informó al Gobierno de Pedro Sánchez que la medida afecta a sus tres instalaciones, situadas en Zona Franca y las satélites de Montcada i Reixac y Sant Andreu de la Barca.
Un duro golpe al sector laboral, ya que se perderán cerca de 3.000 plazas de empleo, así como otros 13.000 puestos que se verán perjudicados indirectamente.
La izquierda respondió con críticas al sector privado. Figuras como Íñigo Errejón (Más País y antiguo Podemos) y Gabriel Rufián (ERC) pusieron sobre la mesa la opción de las ‘nacionalizaciones bolivarianas’.
Nacionalizar la planta de Nissan para salvar miles de empleos y reorientar la producción hacia la movilidad sostenible. pic.twitter.com/xpMtWCij1q
— Íñigo Errejón (@ierrejon) May 28, 2020
Una medida que, por el momento, fue descartada por el vicepresidente Pablo Iglesias en la sesión de la Comisión para la Reconstrucción.
A pesar de estar convencido de que las nacionalizaciones «son perfectamente posibles con la Constitución», negó que las usarán con Nissan para evitar caer «en la trampa de la derecha para decir que las nacionalizaciones son de izquierdas».
Sin embargo, existe una ‘cara B’ en el cierre de la multinacional japonesa.
El ‘bulo’ de Sánchez
Pedro Sánchez se reunió con el presidente de la alianza global Renault Nissan Mitsubishi, Jean-Dominique Senard, durante el Foro Económico Mundial de Davos (enero 2020).
Según Moncloa, Senard se comprometió a que no habría despidos de trabajadores en ninguna de las tres plantas que tiene en territorio español.
El líder socialista aprovechó para ponerse la ‘medallita’ en Twitter: «El mantenimiento del empleo en la planta de Nissan en Barcelona está garantizado. Durante nuestro encuentro de hoy en Davos2020, el Gobierno de España y Nissan hemos reafirmado nuestra voluntad para seguir trabajando juntos para asegurar la viabilidad de la factoría».
Una situación que, tras la crisis sanitaria del COVID-19 y la poca seguridad que transmite el Gobierno de Pedro Sánchez, terminó dando un radical giro.
Es importante recordar que las empresas del sector automotriz no sintieron el apoyo de la izquierda española durante la pandemia del coronavirus. Al contrario, fueron atacadas por el propio equipo de la alcaldesa Ada Colau.
Sabotaje catalán
Janet Sanz, segunda teniente de alcalde de Barcelona, pidió públicamente (el pasado mes de abril) evitar que la industria automovilística se reactive en España una vez se dé por concluida la crisis del coronavirus.
Unas palabras premonitorias de la responsable de Ecología y Urbanismo que se olvidó del pequeño impacto laboral que tiene su deseo.
La ‘número 2’ de Colau realizó su polémica declaración en un seminario web organizado por un medio digital.
Sanz pidió «una reconversión industrial de todo el sector automovilístico de nuestro país. Es ahora o nunca». En este sentido, exigió que el «excedente de producto sin vender» de las empresas del sector, paralizadas por ERTE, «no se vuelva a colocar en el mercado». «Hay que evitar que esto se vuelva a reactivar. Necesitamos un plan».
Unas declaraciones que no inclinarían la balanza de Nissan u otra multinacional para seguir en España, con un ‘sabotaje’ desde la propia administración autonómica.
