La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha detenido este martes a ocho personas, entre ellas y cuya identidad ha trascendido, el alcalde de Aledo, Simón Alcaraz, perteneciente a la Junta Directiva Regional del PP de Murcia y regidor en la localidad desde 1991.
Estas detenciones se enmarcan en una segunda fase de la operación Biblioteca, que saltó a la luz pública en noviembre de 2008, a instancias del Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, en la que se investigaban los presuntos delitos de cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos en la localidad de Librilla.
En dicha operación, el titular de dicho juzgado, Andrés Carrillo, ordenó la detención de diez personas, entre ellas el que fuera alcalde de Librilla, José Martínez García; y de su teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Pedro Martínez, quienes fueron dados de baja cautelar como afiliados en el PP y conducidos a prisión quedando en libertad posteriormente.
Además del alcalde y el edil de Urbanismo, se detuvo al responsable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de la Dirección General de Administración Local de la Comunidad, en excedencia desde 2007, José Luis Cano, quien falleció posteriormente en accidente de tráfico; el ingeniero Domingo Peñalver, propietario de la mercantil Acadi S.L., a la que se le adjudicó el PGOU de Librilla; José Andrés Cortés, consejero delegado de Iniciativas para el Desarrollo de Librilla S.L; María Josefa B., mujer de Cano; Francisca G., esposa de Cortés; y un asesor del Ayuntamiento, el abogado Cesáreo Gil de Pareja.
ENTRADA Y REGISTRO DE LA UCO
En esta segunda fase, la UCO se ha personado desde primeras horas de la mañana en las dependencias de la Consejería de Sanidad y la de Presidencia, ubicada en San Esteban, sede del Ejecutivo murciano, para requerir documentación.
Según un comunicado del TSJ de Murcia, el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia ha acordado la entrada y registro en cinco dependencias de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia, en dos dependencias de la Consejería de Sanidad, en el Ayuntamiento de Aledo, así como en otros domicilios particulares y sedes sociales. Se investigan, en esta ocasión, los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos y falsedad.
Sobre el contenido de la documentación, el consejero de Presidencia, Manuel Campos, ha informado que la operación podría estar relacionada con la actuación de determinadas personas «que pudieran integrarse en la Administración en su calidad de funcionarios, alguno ya fallecido, y que pudieran haber favorecido expedientes administrativos relacionados con la contratación».
Aunque dichas diligencias son secretas, según Campos, ha sido en virtud de este auto judicial por el que se ha solicitado una serie de documentación de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia con relación a «expedientes que datan de 2003 a 2007».
Con posterioridad, Campos ha dicho que ha tenido conocimiento que «también se estaba realizando una intervención de documentación en virtud de auto judicial en Sanidad y que pudiera estar relacionada con expedientes de contratación».
Los expedientes, ha concretado el consejero, datan de entre 2003 y 2007 respecto a una investigación abierta en 2008 y que «pudiera determinar que existiera un entramado de empresas que hayan tenido relación con algunos funcionarios que pudieran haber favorecido a algún municipios, esto es lo poco que se sabe».
Se trata de información relacionada con «algunos contratos que pudieran haberse suscrito con empresas de carácter privado». Al hilo, ha advertido que si el Gobierno regional «tuviera que personarse en las actuaciones para exigirles las responsabilidad que procediera a quien procediera así lo haríamos».
Campos, quien ha expresado su deseo de que «pronto se aclaren los hechos», ha mostrado su colaboración con el juez de instrucción encargado del caso, Andrés Carrillo, y con la Benemérita, para señalar después que esta actuación judicial «nada tiene que ver con hechos en los que pudiera tener alguna relación o participación el Gobierno regional».
ADJUDICACIONES IRREGULARES Y PRIMERAS REACCIONES
Ante la noticia, la ex concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Aledo, María Pallarés, ha asegurado que el alcalde de Aledo había sido detenido por la adjudicación «irregular» de obras a las tres empresas Urbisan, Urdemasa y Urvitec Levante, relacionadas con la denominada ‘Operación Biblioteca’.
En concreto, ha explicado que las facturas en la administración pública «tienen que ir visadas por varias personas, y en algunas de ellas, eso no ocurría». Asimismo, ha dicho que las cantidades «eran desorbitadas», y ha citado como ejemplos, las obras del Centro Sociocultural y el Pabellón de Usos Múltiples, que se han llevado «un dineral».
Al hilo, el portavoz del PSRM, Joaquín López, ha asegurado estar preocupado porque «otra vez» la Guardia Civil vuelve a investigar dependencias de la Comunidad Autónoma, lo que puede dar a entender, explicó en declaraciones a Europa Press, que tenga ver con alguna posible de corrupción política.
De hecho, cabe recordar, que el PSRM-PSOE denunció en el año 2007 el presunto caso de corrupción urbanística en los municipios de Librilla y Aledo y exigió el cese del que fuera responsable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de la Dirección General de Administración Local de la Comunidad Autónoma, en excedencia desde el año 2007, José Luis Cano, que fue detenido por la Guardia Civil en relación a la Operación Biblioteca y que falleció años después en un accidente de tráfico.
Por su parte, el coordinador regional de IU-Verdes, José Antonio Pujante, ha exigido al PP que «asuma las responsabilidades políticas que se deriven» del proceso judicial enmarcado en el caso ‘Biblioteca’.
Pujante ha recordado que muchos de los casos de corrupción urbanística tienen que ver con un modelo productivo basado en la especulación, que «fomentaba las relaciones entre la política y los empresarios de la construcción». Asimismo, ha indicado que «es necesario cambiar ese modelo y darle transparencia a la gestión urbanística de los municipios».
Desde el Gobierno regional, la consejera de Sanidad, Maria Angeles Palacios, ha declarado la disposición de su departamento en «total colaboración con la justicia».
Desde el PP han expresado su máximo respeto a la justicia y su colaboración con todas las instancias judiciales y los principios consagrados por la Constitución Española. Por último, el partido se ha reafirmado en el respeto al principio básico de presunción de inocencia que recoge la Constitución
