El fallo del Supremo implicaba que Sáenz tenía que dejar de ser banquero al determinar que el Consejo de Ministros no podía borrar los antecedentes penales
El Gobierno Rajoy aprobó este 12 de abril de 2013 un decreto del Ministerio de Economía por el que modifica los requisitos de honorabilidad para ejercer la profesión de banquero.
Tal modificación deja la puerta abierta al Banco de España para permitir que Alfredo Sáenz siga como consejero delegado del Banco Santander pese a que fue condenado por el Supremo a tres meses de cárcel e inhabilitación profesional por un delito de acusación falsa.
La normativa impedía hasta este viernes ser directivo o consejero de una entidad financiera si se poseían antecedentes penales por delito doloso.
Pero Alfredo Sáenz fue indultado por el Gobierno de Zapatero en noviembre de 2011. Aquel indulto no sólo borraba la pena sino que eliminaba «cualquier impedimento para ejercer la actividad bancaria».
El Tribunal Supremo anuló parcialmente ese indulto hace un par de meses al considerar que el Gobierno se había extralimitado en sus funciones al eliminar ese impedimento.
El fallo del Supremo implicaba que Sáenz tenía que dejar de ser banquero al determinar que el Consejo de Ministros no podía borrar los antecedentes penales.
Pues bien, lo que el Gobierno hizo ayer fue cambiar la legislación bancaria y eliminar ese automatismo. Ello deja en manos del Banco de España la decisión de apartar a Sáenz.
Afirma el diario ‘El Mundo’ en su editorial este 13 de abril de 2013 que hay tres claros indicios que sugieren que se ha hecho un traje a la medida para que pueda continuar en el Santander.
El primero de ellos es la letra de la propia modificación legal. A partir de ahora, el Banco de España valorará la trayectoria profesional, la gravedad de la pena, si es o no es firme y si hubo dolo en el delito. Con estos nuevos elementos de juicio, es muy difícil que el Banco de España inhabilite a Sáenz.
El segundo indicio es el manejo de los tiempos que ha hecho el Gobierno, que justificó ayer la nueva normativa por la exigencia de la Unión Europea de adaptar nuestra legislación a una nueva directiva comunitaria.
El Gobierno se ha dado mucha prisa y lo ha hecho un mes antes de la fecha marcada por Bruselas cuando España es el país que actúa con más retraso al trasponer las directivas (un promedio de dos meses y medio).
Además, la legislación de la Unión Europea era de mínimos y nadie obligaba al Gobierno español a rebajar el listón de las exigencias para ser banquero.
Y el tercero de los indicios de un traje a medida es que la nueva norma ha eliminado in extremis el requisito de que el Banco de España consulte al tribunal sentenciador -cuyo criterio era apartar a Sáenz- y transfiere ese trámite a una comisión de expertos.
Pero además de estos tres elementos, los antecedentes del caso indican que se está siguiendo un itinerario que conduce a salvar a Sáenz.
El Gobierno de Zapatero no aplicó la sentencia del Supremo durante nueve meses y luego lo indultó.
Y el Gobierno de Rajoy, sean cuales sean sus intenciones, ha aprobado un decreto que rebaja las exigencias y permite la continuidad del banquero sin tener que forzar la ley.
No tenemos dudas de que Sáenz es un gran profesional e incluso podría ser discutible si el veredicto era justo. Pero el hecho es que fue condenado y durante dos años no se le ha aplicado la sentencia firme del Supremo.
Y ahora el Gobierno modifica la ley para que pueda seguir en el Santander. Si hasta la fecha los ciudadanos veían un trato de favor a los bancos, ahora pensarán lo mismo del rescate a un banquero.