La fugada desayuna con la noticia de que no van a extraditarla, y al poco se le atraganta la falsa nueva

El inesperado golpe de Anna Gabriel por meter la pata un medio español

Suiza desmiente que se haya comunicado con España, y el diario de Pedrojota borra la información de un plumazo

Anna Gabriel (CUP).
Anna Gabriel (CUP). EP

Se las prometía muy felices la fugada ex dirigente de la CUP en Suiza, al desayunarse este miércoles 28 de marzo de 2018 con la noticia de que el país donde se esconde no iba a extraditarla. La información, publicada por ‘El Español’ y replicada por Diario 16 o Público, –borrada ya por el medio que dirige Pedrojota-, era falsa. La causa de que Anna Gabriel esté perdiendo el pelo a marchas forzadas.

La buena nueva apuntaba a que la justicia suiza había comunicado al Estado español que se negaba a entregarla, al ver «un delito político». El desmentido ha partido durante las últimas horas de la propia Oficina Federal Suiza de Justicia, por boca de su portavoz, Folco Galli, quien ha asegurado que

«no ha transmitido ningún tipo de información a las autoridades de España sobre la dirigente independentista»

Recordó, además, que no hay una orden de detención internacional contra la líder de la CUP. El pelo de Anna Gabriel vuelve a su sitio porque la ocasión la pintan calva.

En ese sentido, hizo referencia a una información del Tribunal Supremo, del pasado día 23, que indicaba -agregó- «que en el caso de Anna Gabriel no se cursa orden internacional ni europea de detención, a diferencia de los otros encausados procesados por rebelión y malversación».

Según publicó el citado diario, la comunicación oficial de un país a otro se produjo  cuando las autoridades suizas habrían rechazado también activar la alerta roja del sistema Sirene de busca y captura de personas, de los países integrados en el Sistema de Información Schengen (SIS),del que Suiza forma parte.

No obstante, el Gobierno de Suiza ya dijo anteriormente que, a priori, rechazaría la petición de extradición de la exdiputada catalana por tratarse, «con toda probabilidad» de un delito político.

«Según nuestro Código Penal y la Convención Europea de Derechos Humanos, una petición de extradición o cualquier forma de asistencia judicial no se puede acordar por ninguno de esos motivos»,

dijo Galli.

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