Estrasburgo considera que se debe restar de sus condenas las penas cumplidas en Francia

La inapelable sentencia que obligará a dejar en libertad a 21 sanguinarios presos de ETA

La inapelable sentencia que obligará a dejar en libertad a 21 sanguinarios presos de ETA
Agentes de la Guardia Civil en el entierro de un compañero asesinado por los terroristas de ETA. PD

El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo lo tiene claro: va a dictar una sentencia próximamente que podría suponer la puesta en libertad de 21 presos de ETA, al considerar que se debe restar de sus condenas las penas ya cumplidas en Francia. (Bochorno en la TVE de Sánchez e Iglesias: ahora califican de «presos políticos» a los asesinos de ETA).

Según informa el diario El Correo, ese tribunal europeo emitirá antes de final de año una resolución que rebajará el tiempo que van a pasar en prisión u otorgará la posibilidad de acceder a permisos a un total de 67 reclusos de la banda condenados por la Audiencia Nacional y que habían cumplido antes penas en Francia.

Entre los presos a quienes afectaría esa sentencia y que podrían acceder a permisos y beneficios penitenciarios, estarían Francisco Mujika Garmendia ‘Pakito’, que cumplió 7 años y 10 meses en Francia y tiene una condena en España de 5.010 años; Joseba Arregi Erostarbe ‘Fiti’, que pasó 8 años y 7 meses en Francia y está condenado a 4.537 años en España, y Julen Atxurra Egurrola ‘Pototo’ con una pena de 60 años en España y que ha cumplido 17 años y cuatro meses en Francia.

Además, el fallo podría suponer la puesta en libertad de ocho presos con penas en España de entre 8 y 20 años como Aitzol Gogorza Otaegi, que ha cumplido 11 años y 6 meses en Francia y tiene una condena de la Audiencia Nacional de 20 años, y otros 13 reclusos se quedarían a las puertas después de haber cumplido ya tres cuartas partes de sus condenas.

Esa información expone que la resolución del tribunal se basa en la normativa europea que trata de homogeneizar el cumplimiento de las penas en cualquier país de la unión y así, busca evitar que, ante un mismo delito, se puedan cumplir dos o más penas en diferentes Estados.

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