Martes negro para Begoña Gómez.
El juez que investiga a la mujer de Pedro Sánchez, Juan Carlos Peinado, acaba de imputar a Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que participó en gestiones con la Universidad Complutense para la cátedra extraordinaria que dirigía Begoña Gómez.
En una batería de diligencias dadas a conocer este 4 de febrero de 2025, el magistrado de los juzgados de instrucción de Plaza de Castilla cita a Álvarez, a quien ya interrogó en calidad de testigo, para tomarle declaración de nuevo el 28 de febrero de 2025.
Además, el juez Peinado demanda la obtención del registro de llamadas realizadas y recibidas por esta asesora al servicio de la mujer de Pedro Sánchez desde su nombramiento hasta el día de hoy a teléfonos vinculados a la Universidad Complutense y a su personal y a números vinculados al empresario aragonés Juan Carlos Barrabés, también investigado en el mismo procedimiento, y su grupo.
De igual modo, Juan Carlos Peinado reclama las llamadas entre la asesora y los números de teléfono vinculados al Instituto de Empresa, al IE Africa Center, a la OMT, a Indra, Google, Manpower, Arsys Internet, Telefónica, Fundación Caixa, Reale o cualquier otra entidad o empresa que patrocinara los masters o cátedras en las que participó Gómez.
Peinado también ordena nuevas declaraciones para el 26 de febrero de 2025: llama a declarar a dos personas vinculadas con la Universidad Complutense, María Elvira Gutiérrez-Vierna de Molina y Blanca de Juan de Castro, así como a los directores ejecutivos de Google España e Indra y al consejero delegado de Telefónica, Sergio Osle.
LA CONFESIÓN DE DICIEMBRE DE 2024
Álvarez afirmó en diciembre de 2024 ante el magistrado Peinado que sus funciones en Moncloa consistían principalmente en asistir a Gómez en sus asuntos personales, como eventos y conferencias, así como en coordinar su agenda y seguridad.
Sin embargo, lo más llamativo de su declaración fue la revelación de que también realizaba «favores personales» para Gómez en sus proyectos privados, como buscar alumnos para el máster de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que codirigía.
Esta información contrasta frontalmente con la postura mantenida por el Gobierno socialcomunista, que hasta ahora había defendido la normalidad y legalidad de las actividades de Gómez.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, llegó a comparar la labor de Álvarez con la de asistentes de cónyuges de anteriores mandatarios, asegurando que «no existe ninguna irregularidad» en las gestiones realizadas.
El testimonio de Álvarez sugiere que la línea entre lo público y lo privado se difuminó considerablemente en el caso de Begoña Gómez.
La asesora declaró que fue contratada en julio de 2018 a petición expresa de Gómez para el puesto de directora de Programas de Presidencia en el Palacio de La Moncloa, con un sueldo anual de 49.000 euros.
Este nombramiento, aparentemente destinado a coordinar la agenda institucional de la esposa del presidente, parece haber derivado en una implicación mucho más profunda en los asuntos personales y profesionales de Gómez.
El caso se complica aún más al considerar las actividades de Gómez en la UCM.
Álvarez admitió haber realizado gestiones relacionadas con la cátedra que Gómez codirigía en la universidad, aunque insistió en que estas acciones eran favores personales derivados de su amistad.
Esta explicación, sin embargo, plantea serias dudas sobre la separación entre las funciones oficiales de una asesora de La Moncloa y las actividades privadas de la esposa del presidente.
La reacción del Gobierno ante estas revelaciones ha sido, cuanto menos, controvertida.
En lugar de abordar directamente las cuestiones planteadas por la declaración de Álvarez, el Ejecutivo ha optado por una estrategia de contraataque, acusando al juez Peinado de prevaricación.
Esta maniobra ha sido interpretada por muchos como un intento de desviar la atención de las irregularidades señaladas.
El caso Begoña Gómez se enmarca en un contexto más amplio de investigación sobre posibles delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.
La imputación de Gómez, iniciada en abril de 2024 tras una denuncia del sindicato Manos Limpias, ha sido objeto de intenso escrutinio y debate político.
Datos sobre el caso
- La investigación se inició a raíz de una denuncia basada en recortes de periódicos, algunos de los cuales el propio denunciante reconoció que podían no ser ciertos.
- El juez Peinado ha permitido grabar en vídeo la comparecencia de Begoña Gómez, una decisión inusual que ha generado controversia.
- La defensa de Gómez argumenta que existe una «gravísima indefensión» en la causa, alegando que «ni sabe de qué se le acusa».
- El caso ha atraído la atención de grupos de extrema derecha, que se han personado como acusación particular.
- La investigación abarca un amplio periodo, desde 2019 hasta la actualidad, buscando rastrear todas las actividades de Gómez desde que su marido es presidente.
- El software creado por Indra para la cátedra de Gómez en la UCM se ha convertido en un punto focal de la investigación, con acusaciones de apropiación ilegal.
