Un argumento de locos.
La Fiscalía corre rauda y veloz a socorrer al PSOE de Pedro Sánchez para intentar sofocar el tremendo incendio del guarrete Paco Salazar.
Cuando se trata de proteger al sanchismo, hasta los requisitos legales más básicos se convierten en un escudo impenetrable.
En un escrito demoledor para las víctimas y demoledor para la credibilidad del sistema, el Ministerio Público ha pedido inadmitir la querella presentada por HazteOir contra el exalto cargo de Moncloa y hombre de máxima confianza del presidente del Gobierno, acusado de acoso sexual sistemático a varias trabajadoras en su etapa como asesor en Presidencia del Gobierno y en el PSOE.
El argumento de la Fiscalía, que la magistrada ha comprado sin pestañear, es de traca: como las supuestas víctimas no han presentado denuncia formal, el delito de acoso sexual —que es semipúblico y requiere denuncia de la agraviada según el artículo 191 del Código Penal— no puede investigarse.
En cristiano: si las mujeres no quieren o no se atreven a dar la cara públicamente, el «guarrete» de Salazar se libra. Punto. Y la asociación que ejerce la acusación popular no tiene legitimación porque es «un tercero ajeno al hecho delictivo». Así de simple, así de cínico.
La querella también apuntaba a posibles delitos de omisión del deber de perseguir delitos y encubrimiento por parte de Antonio Hernández, exmano derecha de Salazar) y Francisco Martín Aguirre, actual delegado del Gobierno en Madrid, pero la Fiscalía los ha blindado igual: si no hay delito principal, no hay conexos.
🚨La Fiscalía RECHAZA investigar al socialista Paco Salazar por ACOSO sexual porque las víctimas «perderían su anonimato» al no haber denunciado. El gobierno que quiere PROHIBIR que publiques sin identificarte en X cuidando el anonimato (selectivamente).pic.twitter.com/q4QiqSwXEB
— Capitán Bitcoin (@CapitanBitcoin) January 15, 2026
Todo se cae como un castillo de naipes porque las informaciones que sustentan la querella provienen de medios de comunicación y testimonios anónimos o bajo seudónimo. «No hay base indiciaria suficiente», dice la jueza.
La película de los hechos que ahora la Fiscalía pretende cortar de raíz se inicio cuando Salazar tuvo que dimitir a principios de julio de 2025 de todos sus cargos, incluido el que le esperaba como adjunto en Organización del PSOE, tras salir a la luz denuncias internas en el canal ético del partido por comportamientos vomitivos.
Se conocieron sus invitaciones a «cenar y dormir», comentarios sobre depilación íntima, escenificaciones obscenas en despachos, advertencias a los hombres de no acercarse a «las niñas de Paco»…
El PSOE tardó cinco meses en contactar con las denunciantes, perdió expedientes del sistema, pidió «paciencia y discreción» y al final solo hizo un informe interno duro pero sin consecuencias judiciales. Ni una sola denuncia a Fiscalía por su parte.
Ahora, cuando una entidad ajena intenta forzar la investigación, la Fiscalía y la jueza cierran la puerta con candado. El mensaje queda clarísimo: en el sanchismo, el «Me Too» solo vale si conviene al relato feminista de postureo; si molesta al núcleo duro, se archiva con un argumento de locos que deja a las posibles víctimas sin protección y al acosador presunto con la impunidad intacta.
