MADRID, 17 (OTR/PRESS)
Todavía no, pero una de las posibles consecuencias de la grave crisis económica en la que estamos puede ser la xenofobia, la persecución del diferente, del extranjero, del que «quita trabajo a los españoles». No se puede tener una política ante la inmigración cuando la economía funciona -«papeles para todos»- y otra muy restrictiva -inmigrantes a su país- cuando se para. Se pueden y se deben regular y reducir los cupos de las personas que son contratadas en origen; se puede y se deben buscar acuerdos con los Gobiernos para favorecer su propio desarrollo, pero las personas que están en nuestro territorio, que no son ilegales sino irregulares, tienen derechos que ningún Gobierno puede saltarse o infringir a conveniencia.
España ha cambiado su política de inmigración y hasta puede que esté dando un bandazo peligroso. Las aparentemente reales instrucciones dictadas a la Policía para controlar y expulsar a los inmigrantes ilegales, las redadas selectivas, masivas o indiscriminadas no son un invento de los medios de comunicación, porque cualquier persona que trabaje en este ámbito lo conoce y lo viene denunciando desde hace algún tiempo. Las denuncias hechas por numerosas instituciones -entre ellas, la Subcomisión de Extranjería de la Abogacía Española- ponen el dedo en la llaga. Y da la sensación de que, tras algunos traspiés, al menos el ministro del Interior ha rectificado y ordenado marcha atrás en las actuaciones policiales. No es tolerable, no se compadece con el respeto a los derechos al que está obligado nuestro Estado, que se fijen «cuotas» o «cupos» para la caza de inmigrantes irregulares. Las leyes españolas garantizan a los ciudadanos que sus derechos serán respetados. Y tan ciudadano es un español nacido aquí como el inmigrante que ha llegado en patera, por una frontera área o terrestre y que no ha cometido más delito que buscar un modo de sobrevivir. A veces, ni eso, simplemente vivir con dignidad.
No estamos hablando de delincuentes, aunque haya algunos, sino de personas. Pero si la situación económica se agrava, si no se toman otras medidas, los inmigrantes que pierdan su trabajo y cualquier prestación, hayan regularizado su situación o no hayan podido hacerlo, estarán ante la disyuntiva de qué hacer para sobrevivir. Criminalizar a las personas, «convertir al inmigrante en un sujeto acosado y abocado a una no deseada clandestinización», como señala la citada Subcomisión de Extranjería de la Abogacía, es fuente de comportamientos xenófobos y racistas. Y si esa carrera empieza, las consecuencias serán muy graves.
En Inglaterra, donde se han producido huelgas y protestas masivas, apoyadas por los sindicatos, contra la contratación de trabajadores extranjeros, al grito de «trabajos británicos para los británicos», se acaba de hacer público un informe que desmonta todos sus argumentos. Pero seguramente no servirá para parar la xenofobia creciente de algunas sociedades. No podemos traer al extranjero para que trabaje donde nosotros no estamos dispuestos a hacerlo y luego perseguirle y acosarle. También ellos tienen derechos en una sociedad que se autocalifica como democrática. Es un problema que no ha hecho más que empezar.
