MADRID, 2 (OTR/PRESS)
Había extraordinaria expectación ante la comparecencia del Gobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez, en el Congreso de los Diputados. Se esperaba que, una vez comprobadas las abundantes especulaciones sobre la situación de Caja Castilla-La Mancha, proporcionara detalles sobre las razones de la intervención, decidida el pasado domingo, por el Gobierno-Estado.
Fernández Ordóñez relató que Caja Castilla-La Mancha (CCM) fue sometida a dos revisiones por el Banco de España en 2003 y 2008, en las que avisó a sus administradores de que había un «importante volumen de riesgo» por el «deterioro de la calidad crediticia», y recomendó que la caja se fusionase con otra entidad. La recomendación de atender a esos riesgos la extendió a otras entidades financieras, en parecida situación a CCM. Tras aquella inspección del Banco de España, se indicó a CCM que emprendiera las medidas necesarias para reconducir la situación del banco, y para que la entidad encontrase una viabilidad.
Ordóñez también señaló que la intervención de CCM ha permitido a la entidad «seguir operando con normalidad y cumplir con todas sus obligaciones y compromisos de caja». El Gobernador justificó la decisión de intervenir la caja en la «voluntad» del organismo supervisor de «evitar que problemas individuales» de una entidad «degeneren de tal manera» que afecten al resto de bancos y cajas del país. «Tengan la seguridad de que Caja Castilla-La Mancha hará frente a todos sus compromisos con depositantes y acreedores», señaló el gobernador, quien insistió en que la entidad no tiene «ningún agujero patrimonial» y «sus activos son superiores a sus deudas».
No presenta ningún agujero, lo que no significa que no esté atravesando problemas por el riesgo inmobiliario adquirido y agudizado por la crisis. Tras la intervención del banco, la situación ha mejorado más incluso de lo previsto. El Gobernador justificó la intervención por la falta de liquidez y el riesgo futuro de insolvencia de CCM, y criticó, sin mencionarlo expresamente, al ex presidente de la entidad Juan Pedro Hernández Moltó, por presentar beneficios en 2008, cuando «tanto la inspección del Banco de España como el auditor de cuentas de la entidad consideraron que había registrado pérdidas».
El análisis que se está haciendo de las cuentas de 2008, explicó Ordóñez, permite predecir que registrará pérdidas importantes, pero sustancialmente inferiores a las que han sido manejadas estos días, y que han llegado a elevarse a 800 millones. Ahora, el organismo supervisor encargado de dirigir la Caja manchega deberá administrar la entidad el menor tiempo posible para buscar una salida ordenada a la misma. La respuesta será rápida, pero no inmediata, y requerirá de la colaboración de instituciones, empleados y acreedores.
En su comparecencia, Fernández Ordóñez afirmó también que en la segunda de las inspecciones, en la segunda mitad de 2008, se avisó a sus administradores de que había un «importante volumen de riesgo» por el «deterioro de la calidad crediticia» y les recomendó que la caja se fusionase con otra entidad. Además, aseguró que intentará salvar la entidad con otro intento de fusión. «No descartamos ningún proceso de concentración para conseguir la viabilidad», aseguró. Por tanto, sigue encima de la mesa incluso reintentar la fallida integración con Unicaja, cuyo presidente, Braulio Medel, se negó el pasado viernes a firmar, por considerar insuficiente el Fondo de Garantía de Depósitos.
En la misma comparecencia, Ordóñez reclamó la modificación legal que permita a las cajas poder ampliar sus recursos propios con una facilidad semejante a la que tienen los bancos, para mejorar el funcionamiento de estas entidades.
