MADRID, 24 (OTR/PRESS)
Cuando el próximo 3 de agosto el presidente Zapatero vuele hacia Lanzarote para tomarse vacaciones no podrá desalojar de su equipaje mental dos problemas muy especiales, amén de los que animan la siempre convulsa agenda política nacional. Uno, los incendios forestales. Y otro, la llamada gripe A.
Acabamos de sufrir la tragedia de los cinco bomberos de la Generalitat muertos en la zona tarraconense de Horta de San Joan. No dejaremos de preguntarnos por qué unos profesionales experimentados no pudieron evitar que el fuego les cortase la retirada. El fuego les tapó la salida. La descripción responde a un súbito cambio de la dirección del viento. De eso sólo podemos culpar a la naturaleza. A sus leyes. O a sus caprichos, que en realidad vienen a ser leyes desconocidas de la naturaleza. O bien las conocemos pero no respetamos u olvidamos con demasiada facilidad. Vaya usted a saber.
Lo de Horta nos ha recordado el famoso incendio de Guadalajara, en el verano de 2005, también con trágicas consecuencias. En aquella ocasión la desgracia se convirtió en pretexto para la confrontación política, al margen del recorrido judicial que tuvo. No parece que vaya a ser el caso del incendio en este parque natural de Els Ports.
La otra gran preocupación de Zapatero para la vuelta del verano es la contraofensiva sanitaria contra la gripe A. Sobre todo en lo que atañe a la actuación de los poderes públicos. Como la pandemia no reconoce fronteras va a poner a prueba la capacidad de coordinación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas.
Salvo improbable conquista de la unidad de criterio entre el Gobierno y las comunidades, según estén gobernadas por papá o por mamá, una de tres. O manda el Gobierno por decreto extraordinario en nombre del interés general de interés general, o se toman decisiones por mayoría en el seno del Consejo Interterritorial, o cada cual hace de su capa un sayo, puesto que las competencias están muy dispersas.
A la espera de la siempre aplazada reforma del Senado como Cámara de representación territorial o la creación de potentes órganos de cooperación del Gobierno y las comunidades y de éstas entre sí, el Gobierno central debería seguir pisando en nombre del Estado ese espacio de patria potestad o «primus inter pares» que conviene a la salvaguardia de los intereses generales y la gestión del bien común. Especialmente en un área de la gobernación, la sanidad pública, que no es exclusiva sino compartida. ¿Conseguiremos que la contraofensiva se lleve a cabo con protocolos comunes y acción conjunta en todo el territorio nacional o volverá a darse un espectáculo como el de la reciente financiación autonómica?
