MADRID, 23 (OTR/PRESS)
Quién lo iba a decir. Quién podía imaginar hace apenas un par de semanas que debates tan serios y complejos como el de la inmigración o el de los cementerios nucleares, se iban a colar en la actualidad y en los despachos de los responsables políticos por decisiones adoptadas por alcaldes y no precisamente de grandes ciudades, sino de localidades medianas, como el caso de Vic o Torrejón o realmente pequeñas como el de Yebra, con 600 habitantes. Afortunadamente, así de porosa es la realidad política e institucional del país. Esta porosidad tiene también sus inconvenientes, sobre todo para las direcciones nacionales de los partidos, que cuando menos se lo esperan se ven sorprendidos, asaltados, por decisiones que entran de lleno en lo que se denominan «cuestiones de alcance nacional». Sin duda, la inmigración lo es y todo lo relacionado con la energía nuclear, incluidos los cementerios, no escapa a esa categoría de «nacional».
Pero los alcaldes están a lo suyo, a su municipio, que para eso les eligieron. Viven y trabajan pegados al terreno. Conocen mejor que nadie esas realidades que no aparecen en los periódicos, pero que cuando aparecen dan para mucho. Algunos de ellos -los menos– saben mejor que nadie el gustazo que supone poder calificar y recalificar terrenos, al margen de cualquier control, que proporcionaban suculentos recursos, que en más de una ocasión se han «despistado» para satisfacer intereses personales y no municipales. Siempre he pensado que esta competencia debería estar en manos de los Gobiernos autónomos y no de los municipios, porque eso que se llama «cercanía» no siempre es buena.
La inmensa mayoría de alcaldes son gentes honradas, que se ven en la tesitura de tener que gestionar «cuestiones de alcance nacional» porque así lo establece el reparto competencial, como es el caso de la inmigración. No sólo son los responsables del padrón, sino de las guarderías, los ambulatorios, las escuelas, la seguridad y demás avatares de la vida cotidiana. Cuando éramos ricos todo era más fácil, pero ahora que todos somos un poco más pobres y muchos, demasiados, muy pobres, necesariamente la percepción de la realidad cambia sustancialmente. El alcalde de Vic se ha avenido, como no podía ser menos, a cumplir con la legalidad establecida, «pero no se puede seguir así», ha dicho. El de Torrejón tendrá que hacerlo sin matices. Pero esta vuelta a la legalidad, de la que nunca debieron salirse, no debiera ocultar la realidad que no aparece en los periódicos, pero que se vive en muchas localidades españolas.
Entre unos y otros han logrado que el debate haya aflorado pese a que el Gobierno no quiera ni oír hablar de él. Eso se desprende al menos de las declaraciones de la Vicepresidenta De la Vega, que ha llegado a calificar de «malintencionado» el discurso del PP, que a través de su presidente Mariano Rajoy ha apostado por la fórmula no bien explicada de sanidad y educación aunque no tengan papeles. Para el Ejecutivo el discurso del PP es «malintencionado», que es mucho decir, y para el PSOE «xenófobo». Hay que reconocer la extraordinaria habilidad del partido gobernante para pasar de puntillas por el hecho incontestable de que en Vic han sido concejales socialistas y no populares los que han apoyado la ilegalidad manifiesta propuesta por el alcalde. Nadie del Gobierno ni del PSOE ha descalificado con los mismos términos la decisión ahora revocada del municipio catalán.
El alcalde Vic alerta de que así no se puede seguir y el de Yebra quiere para su pueblo el cementerio nuclear. Es decir, quiere las importantes inversiones que conlleva y quiere los puestos de trabajo que requiere. Para su pueblo, dice, sería estupendo, aun sabiendo que esta decisión tiene también sus detractores y entre ellos a la mismísima secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, obligada a jugar muchos papeles a la vez.
Los últimos acontecimientos aconsejan no esconderse ante el necesario debate sobre inmigración y abordar sin pretensiones cortoplacistas el de la energía nuclear: Y ello, colocando en primer lugar una suficiente y transparente financiación de los ayuntamientos. Y puestos a reflexionar y a debatir, a lo mejor habría que ir pensando hasta donde debe llegar la autonomía municipal y sus responsabilidades ante cuestiones «de alcance nacional». Si los alcaldes entran en resonancia, nos vamos a enterar.
