MADRID, 17 (OTR/PRESS)
La libertad de expresión de los ciudadanos en la calle en relación con el derecho de manifestación no es de menor rango que la libertad de expresión de los diputados en el Parlamento en relación con el derecho de sufragio. Como representante político, el señor Rubalcaba puede decir que su partido levantará un muro frente a las políticas antisociales del Gobierno. Y en una «marcha sobre Madrid» los manifestantes pueden acusar al Gobierno de querer llevarnos a la ruina. No es ni más ni menos grave lo uno que lo otro.
En los dos casos, ambos se expresan en libertad sin transgredir las normas legales. Así que no hacen nada del otro jueves. En ese sentido, todo está en regla. Pero la cuestión es saber a dónde conducen estas enmiendas a la totalidad de los duros ajustes que está llevando a cabo el Gobierno. Sobre todo la expresada el sábado pasado en las calles de Madrid, que parece haber inaugurado un otoño caliente agitado por las centrales sindicales y las organizaciones sociales movilizadoras de la gente contra la política de Rajoy.
No es discutible el hecho de un real y verdadero malestar social a consecuencia de los sacrificios desigualmente repartidos entre los españoles. Sin embargo la citada manifestación de este fin de semana solo fue un pálido reflejo de ese malestar. Dicho sea a la vista de las cifras manejadas, no ya las de la Delegación del Gobierno (65.000), sino las de los propios Sindicatos, que hablan de medio millón de participantes en la marcha. Algo que no cubrió las expectativas de los convocantes y que, entre otras cosas, tiene su reflejo indirecto en el alivio del Gobierno y del PP, que también esperaban mayor participación de una ciudadanía agobiada por las consecuencias de la crisis.
Como es sabido, el resultado más visible de la «Marcha sobre Madrid» es la exigencia de un referéndum sobre la política de Rajoy, como «cláusula de salvaguardia democrática», según declaró ese mismo día el secretario general de UGT, Cándido Méndez. Por su parte, el líder de la otra gran central sindical, Fernández Toxo (CC.OO.) habla de esa consulta como una forma de combatir la «involución social» que está propiciando el Gobierno del PP.
Los sindicatos y las 200 organizaciones convocantes ya han comenzado la campaña para exigir ese referéndum como antesala de una posible huelga general. Tiene poco sentido. Sería como consultar a las perdices sobre la Ley de Caza. Ya sabemos que estarían en contra, pero ¿a dónde conduce eso? En el peor de los casos, a una revuelta social. Y en el mejor para los intereses de los agitadores políticos y sindicales del malestar, a unas elecciones anticipadas. ¿Para que en vez del PP sea el PSOE el que gestione la salida de la crisis? No haría cosas muy distintas. De hecho el camino de los recortes ya lo abrió Zapatero.
Y ahí volvemos a toparnos con otro mal de fondo: la severa desafección de los votantes respecto a los dos grandes partidos de ámbito nacional.
