MADRID, 02 (OTR/PRESS)
La dramática cifra de 6.202.700 personas en paro arrojada por la última Encuesta de Población Activa, ha sido como la espoleta que ha disparado una vez más el debate en la opinión pública sobre la necesidad de lo que algunos llaman de forma un tanto rimbombante un «Pacto de Estado» y otros se limitan a denominarlo «Acuerdo Nacional».
El sentido común indica que ante la gravísima situación económica que actualmente vive España, agravada todavía más por las negras previsiones hechas públicas por el Gobierno el pasado viernes, lo lógico sería sentar en una misma mesa al ejecutivo, a los partidos, a los empresarios y a los sindicatos para hacer un diagnóstico común sobre la situación y, sobre todo, consensuar las medidas que serían necesarias para intentar salir de la crisis. Pero como es bien sabido, a veces el sentido común es el menos común de los sentidos y no parece que las circunstancias políticas y sociales permitan o faciliten en el momento presente ese deseado entendimiento.
En nuestra historia reciente hay sólo un precedente de un acuerdo de esas características que se pueda invocar: los Pactos de la Moncloa de octubre de 1977, liderados por el entonces Presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, y en el que participaron todos los agentes políticos y sociales que debían hacerlo. Pero eran otros tiempos; se estaba en la transición política y la capacidad de diálogo y de generosidad por parte de todos era infinitamente mayor que la que se puede dar actualmente. No parece que Rajoy y Rubalcaba tengan la más mínima posibilidad de entenderse; o lo mismo se puede decir de la CEOE con CC.OO. y UGT.
A falta de las condiciones necesarias para ese gran acuerdo nacional, sí que hay algunas cosas que son exigibles. En primer lugar, al actual Gobierno y a su Presidente, que gobiernen, que tomen las medidas que hay que tomar. Para eso, los españoles les dieron hace diecisiete meses una cómoda y amplia mayoría absoluta con casi once millones de votos. Y a veces da la impresión que Rajoy no sabe o no quiere hacer las cosas. La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se lo acaba de reprochar, animándole a que simplemente aplique lo que llevaba el PP en su programa electoral. Al principal partido de la oposición, el PSOE, también es exigible que ponga por delante el interés general al particular, aunque ya se sabe que pedir esto a un partido político puede ser una quimera. Y a los sindicatos, que aparte de intentar modernizarse un poco y recuperar el prestigio perdido, que no pongan excesivos palos en la rueda. ¿Es todo esto un «Pacto de Estado»? No lo se, pero no lo llamemos así y a lo mejor de esa forma es mas fácil conseguirlo.
