Este primer paquete de medidas del sólo terminará teniendo justificación si se enmarca dentro de un gran proyecto de reforma del Estado que acabe con las ineficiencias que nos han llevado a esta triste situación
Todo fue un poco sorprendente este 30 de diciembre de 2011 en el Palacio de la Moncloa. Desde la inusitada comparecencia de cuatro ministros en la rueda de prensa posterior al Consejo, hasta las medidas anunciadas como el primer paquete del ajuste ante la difícil situación económica.
Para empezar y por mucho que Soráya Sáenz de Santamaria y Cristobal Montoro pusieran el acento en el caracter «temporal» de las subidas de impuestos, es innegable la variación del criterio del PP a las primeras de cambio.
Se puede argumentar que Zapatero y su Gobierno no dieron las cifras correctas y que ocultaron un boquete eneorme en el deficiti, que se ha ido al 8%, pero aquel «no subiré impuestos» que Rajoy repitió por activa y por pasiva antes de las elecciones ha quedado en papel mojado.
Lo entendemos, lo aceptamos incluso, pero nos preguntamos por qué en lugar de recortar sólo un 20% a partidos políticos y sindicatos, que gastan a manos llenas dinero del contribuyente, no se aprovechó el tirón y se les quitó el 80% de la aseignación que reciben a cuenta del presupuesto.
Y lo mismo con RTVE o con lo que se llevan banqueros, altos ejecutivos y otros parecidos.
Rajoy y esa ha sido una de las claves de su éxito electoral, siempre ha tenido claro que no se puede ni debe cargar en las espaldas d elos ciudadanos el coste de los excesos presupuestarios de las administraciones públicas.
Este primer paquete de medidas del sólo terminará teniendo justificación si se enmarca dentro de un gran proyecto de reforma del Estado que acabe con las ineficiencias que nos han llevado a esta triste situación.
Esperamos, pues, que en las próximas semanas y especialmente en los Presupuestos del Estado, se vayan concretando las propuestas del Ejecutivo sobre esos cambios estructurales tan necesarios para la economía española de los que llevamos hablando desde que comenzó la crisis, pero que nunca se acaban de concretar.
En primer lugar, el profundo replanteamiento del Estado que haga efectivo el principio de «una competencia, una administración», declarado por el presidente del Gobierno, que destierre de una vez el despilfarro que suponen organismos duplicados o triplicados y entes públicos -televisiones autonómicas, desde luego- perfectamente suprimibles.
Como habrá que atacar de una vez una reforma que desregule el mercado de trabajo y permita a las empresas descolgarse de los convenios, o la del sector financiero para poner en condiciones a los bancos de dar créditos.
Y el Gobierno deberá acometer una radical remodelación del Estado del Bienestar, optimizando su gestión y revisando si hace falta el gasto en Sanidad, Educación, desempleo o dependencia.
Sólo así se entenderían las medidas «temporales y extraordinarias» tomadas ayer por el Ejecutivo. Y, desde luego, sería inaceptable que el calendario, o no digamos el contenido, de estas reformas quedara condicionado por las elecciones andaluzas.
Es cierto que el Gobierno mandó este 30 de diciembre de 2011 una señal diáfana a los mercados y a las instituciones europeas de que está dispuesto a hacer lo que sea, para cumplir con los compromisos adquiridos por España.
Pero como dijo Soraya es sólo «el inicio del inicio». La clave ahora es que los cambios estructurales que vienen en camino sean lo suficientemente rotundos como para que los sacrificios merezcan la pena.
