Análisis

Defensa del Estado frente a la violencia, más que suficiente, del Independentismo catalán

Defensa del Estado frente a la violencia, más que suficiente, del Independentismo catalán
Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, sobre un coche de la Guardia Civil TW

Cuando España, como Estado europeo de derecho, se defiende con la fuerza que le confiere su Constitución contra el terrorismo institucional y callejero de los independentistas y sus hordas antisistema, contra los soberanistas que practican la desobediencia de las leyes y propugnan la sedición, y organizan movilizaciones que se adueñan de los sitios públicos y de las instituciones, atacando bancos, industrias, carreteras, mobiliario…, y queman banderas que simbolizan la Unidad, y rompen imágenes que representan al Rey de los españoles, y acosan a los jueces que aplican la legalidad y a los policías que mantienen el orden y la convivencia…, este Estado hace lo que tiene que hacer cualquier Estado de Europa que preserve su Carta Magna.

Cuando una región autonómica del Estado Español dicta y practica leyes contrarias a la Constitución que le permite su funcionamiento y que votó la mayoría de su población, y que en su Parlamento se desoyen los requerimientos de legalidad de los partidos de la oposición, y desobedecen su propio Reglamento, y soslayan las advertencias de los consejeros legales de la institución parlamentaria, ese gobierno autonómico está violentando, más que suficientemente la ley, y por ello practica violencia inadmisible, desestabilizadora del orden establecido.

Cuando las autoridades del gobierno catalán soberanista trazan un plan de actividades de desobediencia secesionista, en cuya estrategia está la movilización de huestes violentas, nacionalistas y antisistema (CUP, Arrán, CDR) y oponen resistencia activa a las fuerzas del orden constitucional, y organizan un referéndum ilegal con procedimientos delictivos (Convocatoria, urnas, censo, recuento de votos, difusión de resultados, etc.), hay violencia moral e institucional, más que suficiente, que impide la convivencia pacifica y la vida ciudadana en libertad.

Cuando la mayoría parlamentaria, que representa a bastante menos (2 millones?) de ciudadanos de una población de 7 millones de habitantes, legisla torpemente y delincuencialmente para declarar una república, siempre utópica, que se aparta del Estado de derecho que mantiene su autonomía, y cuyo status ilegitimo ningún estado del mundo acepta, y Europa rechaza terminantemente, está violentando, mas que suficientemente, el orden de las naciones, y eso se denomina violencia para la convivencia de los pueblos.

Cuando los autores de un proyecto independentista practican estrategias imbéciles que dividen a las poblaciones del territorio que gobiernan, enfrentando personas, instituciones, empresas…, y agreden a los políticos de la oposición, y amenazan a jueces, y adoctrinan a los menores, y coaccionan a las fuerzas de orden público, y amedrentan a los extranjeros que les visitan, y desatienden las necesidades de salud de sus conciudadanos y utilizan los medios de comunicación y de propaganda a su antojo, y expulsa de su economía a más de 3.000 empresas… esa autonomía está practicando violencia social y moral, más que suficiente que conduce necesariamente a su ruina.

Ese proyecto nefasto, que Europa recrimina, y a pesar de su torpeza y desastre, los mismos dirigentes, represaliados por la Justicia, intentan repetir la trama, ninguna legislación europea podrá validar nunca.

Catedráticos catalanes de Derecho Constitucional y Penal (entre ellos, Carlos Pérez de Valle, Teresa Freixes, Francesc de Carreras), se han reafirmado en la declaración de la mas que suficiente violencia política y física ejercida por la Generalitat, con abuso de poder, al utilizar a sus diputados nacionalistas y a los Mossos del Orden Público, saltándose leyes estatutarias y de convivencia ciudadana, e insisten en la existencia de conspiración para la rebelión y la sedición, y malversación del dinero de todos los catalanes y españoles, y prevaricación de los dirigentes políticos y ciudadanos (incluidos curas y obispos), siendo muchos los fondos europeos malgastados en el «invento».

El Rey D. Felipe, ayer en Barcelona, ha apoyado a los Jueces reunidos en un acto institucional de entrega de despachos, respaldando su actividad «como garantía de los derechos y libertades de todos los ciudadanos», recordando, en un contexto en el que se palpaba la inquietud por la tesitura catalana, que la Constitución y su correcta aplicación judicial se basa «en la independencia del Poder Judicial», que defiende «los valores de libertad, de igualdad y de pluralismo político».

Pero en el ambiente del acto, también latía la explicita inquietud de los presentes por la intervención inoportuna de la Ministra de Justicia de Alemania, dando opiniones nada diplomáticas sobre la cuestión de la extradición de Puigdemont.
En estos días el Ministro de Justicia español, Rafael Catalá se ha referido, en términos diferentes, a la misma cuestión: «Creo, dijo, que la tarea de los gobiernos tiene que ser la de respetar la independencia del poder judicial, acatar sus resoluciones, satisfagan más o gusten menos», recalcando que la Fiscalía alemana mantendrá la petición, ajustada a derecho de extradición del dirigente catalanista, solicitada por el Juez Llarena.

Alemania debe curarse en salud, oyendo las advertencias de sus autoridades de Estado y de los empresarios alemanes residentes en Cataluña, que crean riqueza europea, a pesar del desgobierno ruinoso del independentismo catalanista.

*José Luis Suárez Rodríguez es Analista Político. Asesor. Director de www.masespaña.es

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