Cualquier ciudadano de la calle quiere que los jueces sean, fundamentalmente independientes, y también imparciales y que actúen cumpliendo la ley y de acuerdo a derecho, sin interferencias y sin prevaricar (incurrir un juez en el delito de dictar con conocimiento una resolución o sentencia injusta).
Como consecuencia, cuando el ciudadano normal escucha o lee aquello de la existencia de jueces progresistas y jueces conservadores, por muy ignorante o lerdo que sea, por muy manipulado que esté en el enjambre de la masa social, se preguntará, al menos: ¿dónde queda la imparcialidad?
Cuando la política, mejor dicho, las manos de los políticos mecen la cuna del poder judicial, aquel deseo del ciudadano popular desaparece para no volver a parecer.
Todas las fuerzas políticas que colaboraron en la elaboración de nuestra Constitución de 1978, pactada debidamente, cometieron el grave error de introducir la política en el órgano de gobierno de los jueces, permitiendo, frívolamente, que cuatro de sus miembros fueran nombrados a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado.
Teniendo en cuenta que el CGPJ tiene la atribución legal de proponer el nombramiento de Jueces, Magistrados y Magistrados del Tribunal Supremo, es obvio, de que, en la medida que el órgano esté politizado, indudablemente, no podrá dictar sentencias, pero podrá ayudar a que se dicten por aquellos jueces y magistrados afines a los intereses partidistas.
Ahora, al parecer, para Pedro Sánchez, el problema más urgente que tiene nuestro país es la reforma del CGPJ.
¿Por qué será? ¿Para regenerar la democracia a su favor politizando unilateralmente el órgano de gobierno de los jueces?
No sería más limpio, fresco y verdaderamente regenerador librar a los jueces de los políticos y que ellos cumplieran únicamente con la labor que tienen encomendada: hacer justicia.
