La normalidad tiene varias acepciones cuando nos referimos a la situación en Cataluña.
Para el ministro Félix Bolaños “ya es un hecho la normalización política, social e institucional de Cataluña”. El presidente del Gobierno Pedro Sánchez destacó la “normalidad institucional en Cataluña” en su visita a la misma a raíz de la última Conferencia de Presidentes.
Para el presidente del Parlamento de Cataluña, Josep Rull, la normalidad todavía no ha llegado a Cataluña y defiende que sólo se conseguirá cuando puedan “proyectarnos como nación”, mientras que para Salvador Illa, Presidente de la Generalitat, no habrá “normalidad” hasta que puedan ejercer plenamente sus derechos políticos tanto Puigdemont como Junqueras.
Vivir con normalidad en Cataluña sería que se cumplieran las leyes, determinadas sentencias judiciales y que se respetara el Estado de Derecho. Tener que luchar diariamente por la libertad y por la igualdad de todos los catalanes no es vivir con normalidad.
Hay una vulneración constante de los derechos lingüísticos y culturales de los catalanes. El español, lengua cooficial junto con el catalán, es sistemáticamente excluido en el sistema educativo y la administración pública.
La administración autonómica, que está en manos de socialistas y nacionalistas, ha instaurado un modelo de “inmersión lingüística” basado en una escuela únicamente en catalán, siendo el castellano una asignatura como podría ser el inglés. La rotulación en los centros educativos, los libros de texto y los exámenes (excepto de materias como castellano o idioma extranjero), deben de ser exclusivamente en catalán. Del mismo modo, las reuniones y comunicaciones con las familias de los alumnos y en las lengua utilizada en las clases también suelen ser en catalán ( su obligación fue anulada por el TSJC en abril de 2025).
Ante esta situación y frente a la denuncias presentada por asociaciones de la sociedad civil, el TSJC dictó sentencia para que no se excluyera el castellano en los colegios catalanes, pero, aún así, la situación no ha cambiado. La Generalitat sigue su batalla política a través de la lengua priorizando sus objetivos políticos nacionalistas a las mejoras pedagógicas.
Es constante ver como desde las Universidades catalanas son los propios rectores quienes impiden cualquier acto en sus instalaciones que sea contrario al nacionalismo, colaborando en los escraches a determinados ponentes en conferencias o permitiendo que haya grupos de alumnos que agredan a otros que pacíficamente realizan un acto que no va en la línea del independentismo. Son muchos los profesores universitarios amenazados y vetados por su pensamiento y así, en las Facultades catalanes se ha impuesto el miedo, se ha erradicado la libertad de reunión y de expresión.
La cooficialidad de las lenguas en Cataluña no impide que en la Administración Pública Catalana y en todos los procedimientos administrativos sea obligatorio el uso del catalán, aunque los ciudadanos pueden solicitar los documentos traducidos al castellano como si se tratara de una lengua extranjera.
Podríamos comentar también la obligatoriedad de rotular los comercios en catalán, la exclusión de la bandera española en el 80% de los ayuntamientos catalanes infringiendo así la ley de banderas,…
Esta es la anormalidad que se vive en Cataluña, por mucho que insistan en decir lo contrario determinados grupos políticos y entidades catalanistas sufragadas con los impuestos de todos los catalanes.
