El impuestazo girado obligatoriamente por los Ayuntamientos para cumplir con la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular (en tan pedante título falta… y para la Resiliencia), aprobada por las Cortes, ha levantado ampollas, enfados y manifestaciones contra los alcaldes en diversos lugares de España, mientras Pedro Sánchez-Pérez-Castejón, su promotor, se parte de risa a mandíbula batiente.
La mal llamada tasa es obligatoria por una Ley nacional sancionada por las Cortes a iniciativa del ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, cuya función principal es “velar por la preservación, protección y uso sostenible del medio ambiente y los recursos naturales. Procurar el mejoramiento progresivo de la gestión, administración y reglamentación relativas a la contaminación del suelo, aire y agua, para la conservación y mejoramiento de la calidad ambiental”. Propósito que consiste en crujir a impuestos a las personas físicas y jurídicas para recaudar más dinero con el que atender la mamandurria y la corrupción. Porque no sé usted, estimado lector, pero yo, que soy Paseante en Cortes y constato el nuevo ciclo climático en el que nos estamos adentrando por razones naturales, veo cada día más sucias las ciudades y los pueblos, más contaminado el aire que nos viene de África, Asia y América, y menos límpia el agua en la que nos bañamos en las playas.
Le ecología de los incívicos consiste en tirar al suelo los vasos de cartón en el que toman café por la calle, las latas de cerveza y otros refrescos que beben a diario en los asientos públicos; los envoltorios de las hamburguesas y comida basura con la que se alimentan en las aceras; las bolsas de plástico (eso sí, hechas con material reciclado), y hasta la ropa que les sobra. Es otra modalidad que se suma al vigente cambio de hora en la UE “porque mitiga la contaminación”.
Las asociaciones de vecinos y de diversas actividades empresariales se quejan de la falta de trasparencia de la mayoría de las Administraciones y denuncian que pagan sin saber qué están financiando porque se trata de un servicio que ya se prestaba. Y los Ayuntamientos, con razón, asumen que la fragilidad de la arquitectura jurídica de la tasa alienta que haya una ola de recursos contra la misma. De hecho, la ofensiva jurídica ya se ha iniciado y de momento ha conseguido que se revoque la ordenanza municipal de León.
El enfado ciudadano sube, los corregidores y sus distintos partidos políticos lo conllevan o contrarrestan, como el de Madrid, bajando el IBI a 3,2 millones de hogares y comercios para hacer más llevadero el infierno fiscal estatal; los comunistas-populistas de Más Madrid, el partido de la ministra de Sanidad, Mónica García Gómez, abre un buzón para que los madrileños reclamen la devolución del impuesto que ellos han aprobado en el Consejo de Ministros (¡hay que ser cínicos!) y Pedro Sánchez Pérez-Castejón y su Partido Sanchista Obligacionista Español (PSOE) se regodea de la que han armado y con la que esperan distraer al personal de la subida de cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos, otra vuelta de tuerca contra la clase media, ahora en peligro de extinción, por obra de Sánchez y gracia de su marioneta espasmódica María Jesús Montero Cuadrado, que han situado a España como uno de los países con los impuestos más altos de la Unión Europea.
