La narrativa oficial presenta un milagro económico de crecimiento del 2,7 % interanual, creación de empleo sostenida y resiliencia frente a las turbulencias exteriores, pero los datos del Banco Central Europeo, el INE, la Fundación BBVA-Ivie, CaixaBank Research, la OCDE y la propia prensa económica de distintos signos revelan una realidad muy distinta: un crecimiento extensivo impulsado casi exclusivamente por la acumulación de mano de obra, en gran medida inmigrante y de baja cualificación, sin mejora significativa de la productividad; una erosión persistente del poder adquisitivo de los salarios; una presión fiscal y de transferencias que se duplica para sostener el sistema de pensiones; la renuncia a miles de millones en créditos europeos por falta de demanda real; el deterioro de sectores productivos; un déficit habitacional estructural, la ejecución pobre de presupuestos, la carencia de inversiones estructurales y de mantenimiento; y, en paralelo, casos de enriquecimiento ilícito, contratos amañados, tráfico de influencias e irregularidades en el entorno del poder. La realidad es que el PIB per cápita lleva al menos una decada estancado y el poder adquisitivo está en niveles de 1996 con una presión fiscal (retencion impositiva respecto a salario) de las más altas de Europa. El Banco Central Europeo atribuyó el 80 % del crecimiento entre 2019 y 2024 a la inmigración. En el último año se crearon 510.000 empleos, de los que 388.000 correspondieron a extranjeros o personas con doble nacionalidad. La productividad por hora trabajada crece en torno al 1 % interanual, lejos de los niveles europeos, mientras la productividad por ocupado avanza aún menos o retrocede, lastrada por el absentismo y la composición del empleo. La ilusión de que la economía crece se sustenta porque hay más gente trabajando, no porque cada trabajador genere más riqueza. Es crecimiento extensivo puro. Es una camuflaje casi perfecto, sin embargo el análisis sectorial confirma la fragilidad: el sector primario registra caídas de la productividad total de los factores de hasta el 4,4 %; la industria manufacturera diluye sus ganancias de eficiencia por la intensa creación de empleo; la construcción avanza en PTF hasta el 3,1 % en el primer trimestre de 2026, pero su peso en el PIB se estanca en el 5,4 %, insuficiente para resolver el déficit habitacional; y los servicios de no mercado (Administración, educación y sanidad) se estancan o retroceden mientras los de alto valor concentran casi todas las mejoras. Además el número de ocupados crece a costa del empleo precario, a tiempo parcial y temporal, o como diría la ministra, pseudoindefinido semicontinuo. Y se maquilla constantemente, dejando fuera de las estadísticas a desempleados ocultos que están inscritos en la búsqueda de empleo o son empleados estacionales.
Este panorama de productividad mediocre se agrava por un desajuste estructural entre la oferta educativa y las necesidades reales del tejido productivo. Faltan de forma crónica electricistas, fontaneros, albañiles especializados, instaladores de impermeabilización, técnicos de climatización, soldadores, electromecánicos y personal de mantenimiento industrial. En construcción e instalaciones técnicas las tasas de vacantes de difícil cobertura superan el 40 %; se estiman más de 100.000 vacantes sin cubrir en oficios tradicionales. El sistema educativo sigue orientado hacia profesiones saturadas de prestigio, generando sobrecualificación y subempleo, mientras los puestos de alta cualificación técnica intermedia permanecen vacíos y las empresas rechazan encargos o recurren a inmigración de menor cualificación. El resultado es un círculo vicioso que ancla el agregado nacional en un modelo extensivo de bajo valor añadido por trabajador.
En este escenario de estancamiento se produce una auténtica estagflación de libro. Como recordaba Milton Friedman, la inflación es un impuesto invisible. Los convenios registrados hasta julio de 2026 recogen un alza salarial media del 3,02 % frente a una inflación del 3,5 %: quinto mes consecutivo de pérdida de poder adquisitivo. Un trabajador con el sueldo más frecuente, 16.520 euros anuales, 1.180 euros al mes, habría recibido 35,4 euros de subida cuando necesitaba 41,3; en el sueldo medio la brecha es de casi doce euros. La no deflactación del IRPF, el destope de bases máximas, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional y la cuota de solidaridad, que no genera derechos de jubilación, convierten las modestas ganancias nominales en pérdidas reales. La OCDE confirma que los salarios reales siguen un 2 % por debajo del nivel de 2021 y que la productividad lleva una década estancada. Mientras tanto, el Estado extrae cada vez más de los salarios que, en términos reales, se estancan o retroceden, obteniendo récord de recaudación fiscal año tras año. ¿Qué hacen con el dinero? ¿Por qué si recaudan más que nunca no se reduce la deuda? ¿Dónde está el dinero? Una red mafiosa también cuesta mantenerla, los sobornos y los intermediarios untados no son baratos en sus pretensiones. Mantener a los activistas y a los peones requiere su presupuesto.
El gasto en pensiones, ingreso mínimo vital e incapacidad temporal se aproxima a los 250.000 millones anuales. Desde 2018 el Estado ha duplicado las transferencias e impuestos dedicados a esta partida. El déficit contributivo pasó de 33.134 millones en 2018 a 56.946 en 2025; la acumulación de agujeros desde 2010 supera el medio billón de euros. Pese a 2,8 millones más de afiliados, el tirón de ingresos resulta insuficiente. El Fondo de Reserva apenas alcanza para una mensualidad. El sistema se sostiene porque el Estado lo rescata año tras año con recursos que salen extrayendo, una vez más, los bolsillos de los cotizantes (cada vez más asfixiados) y de la emisión de deuda. Al mismo tiempo, España ha renunciado a otros 1.257 millones en créditos del plan de recuperación, dejando el total utilizado en unos 21.500 millones, aproximadamente el 75 % de lo asignado, por falta de demanda empresarial real en digitalización, coche eléctrico, vivienda e incapacidad de expansión industrial y empresarial por una red eléctrica saturada que no permite mayores instalaciones. Se elimina además el compromiso de reformar incentivos fiscales que debía reportar 1.700 millones adicionales. De cada brizna de riqueza que pueda producirse, el estado exprime ganando más que los precursores de la iniciativa, constituyendo un desincentivo brutal para el crecimiento. Y mientras se desaprovechan recursos europeos, las insolvencias de grandes empresas se duplican y los sectores industrial, agrícola y comercial muestran signos de desgaste. España es el único país europeo que combina casi 160.000 vacantes sin cubrir con más de cuatro millones de demandantes de empleo; las políticas activas intermedian apenas el 3 % de las inserciones.
En medio de esta situación trágica se produce la invasión de Ceuta. Decenas de miles de personas, con cifras de hasta 80.000 en el cruce masivo, convierten la playa del Trampolín y las inmediaciones de la comisaría en un campamento improvisado. Marruecos, cuyo crecimiento económico supera el de Europa y cuyas remesas de emigrantes aportan ya el 6,8-7 % de su PIB (equivalente al turismo y solo por detrás de la automoción), no estabiliza su población. España es el segundo origen de esas transferencias. El país norteafricano registra un desempleo juvenil del 36 % y elevadas tasas de jóvenes que ni estudian ni trabajan, mientras Ceuta se convierte en puerta de entrada de contingentes de muy baja cualificación, en su mayoría magrebíes y subsaharianos. El resultado es un doble estrangulamiento: la oferta abundante de inmigrantes de baja cualificación ejerce presión a la baja sobre los salarios de los empleos menos productivos (en el caso de que de hecho trabajen), consolidando un modelo de empleo barato y extensivo, mientras la escasez de candidatos cualificados impide cubrir las plazas que podrían elevar de forma significativa la productividad.
En este panorama aparecen casos que alimentan la sospecha de que el modelo no solo empobrece a la mayoría, sino que concentra oportunidades en círculos cercanos al poder cuyo objetivo es mantenerse en el poder prodigándose en privilegios y gobernar sobre una sociedad débil, empobrecida, asustada e indefensa. La agencia What The Fav, propiedad de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, alcanzó en 2025 facturación y beneficios récord mientras está señalada en el caso Plus Ultra. Parece que para eso sí saben manejar presupuestos. El Ministerio de Vivienda licita más de 350.000 euros en un servicio de camareros para la ministra y altos cargos, uno de ellos amigo de infancia del presidente. La comparecencia de Pedro Sánchez se centra en defender que Begoña Gómez “no es mi mujer” y David Sánchez “no es mi hermano”, mientras los asuntos judiciales de su entorno ocupan el primer plano. Estos episodios, sumados a otros que ya han generado condenas o están pendientes de juicio, no son anécdotas aisladas: forman parte del relato de un sistema que extrae recursos de la economía real en un expolio sistemático mientras genera rentas de posición en su periferia política. Un parasitismo social criminal.
El crecimiento español actual no es tal, ni un milagro de productividad, ni innovación o mejora del capital humano. Es un crecimiento artificial, de volumen: más trabajadores, muchos de ellos inmigrantes o multiempleados, ocupando puestos en sectores de bajo valor añadido, con salarios que no compensan la inflación ni la presión fiscal, y un Estado que multiplica transferencias y deuda para sostener las pensiones mientras renuncia a créditos europeos por falta de proyectos solventes. La población desempleada, muchos de ellos inmigrantes contribuyen al consumo apoyados en las subvenciones del estado (cada vez mayores y más cercanas al salario medio) que entonces adultera la actividad económica orgánica real. El déficit de vivienda se cronifica, los sectores productivos se debilitan y el desajuste formativo impide elevar la productividad. La propaganda puede seguir hablando de resiliencia y de “economía de la gente”. Los números, los de los convenios, los de la Seguridad Social, los de Fedea, los del INE, los de Solunion, los del Observatorio de la Productividad y los de las cuentas mercantiles, dibujan otra imagen: un modelo extensivo de maquillaje masivo, fiscalmente extractivo, formativamente desajustado y estructuralmente frágil. Una estafa que, por más que se disimule con agregados macroeconómicos, no consigue ocultar el empobrecimiento relativo de la mayoría ni el deterioro de las bases productivas del país.
Y mientras tanto, la atención sanitaria pública se deteriora con listas de espera interminables y saturación de servicios con brotes de enfermedades consideradas controladas; el patrimonio natural se quema para confirmar la narrativa apocaliptico-climática del gobierno; y las infraestructuras se caen a pedazos. La seguridad pública se ignora hasta el punto de que cuando una frontera se viola flagrantemente (como en Ceuta) con una marabunta humana en un acto de guerra híbrida, la reacción es nula, e incluso cómplice con Marruecos y alineada con la negación de la realidad tan de moda en la Unión Europea que tampoco se perturba por la violación de su frontera exterior. Los ciudadanos contemplan impotentes cómo un régimen de corte personalista, propio de una autocracia, concentra el poder en torno a una figura y su entorno, erosionando los contrapesos institucionales, disponiendo de los recursos del estado a su conveniencia. No se mueve un euro sin su permiso y sus privilegios son ostensibles, a veces incluso insultantes, frente a los maltrechos derechos y libertades que le quedan al ciudadano. La desidia, la negligencia y la complicidad ante este estado de cosas describen un estado fallido, caldo perfecto para que un dictador se encuentre en su salsa. El efecto político es inmediato: la angustia cotidiana se transforma en desafección profunda hacia un sistema en decadencia que ya no ofrece ni prosperidad ni protección, y donde la democracia misma queda en peligro, reducida a un maquillaje cada vez más transparente de un poder que se sostiene sobre el expolio fiscal, la importación de mano de obra barata y la impunidad de quienes lo rodean. Todavía nos recomienda Sánchez que nos pongamos crema para el sol y que le votemos para que no venga la ultraderecha.
