La directora general de Ciudadanía en el Exterior del Ministerio de Trabajo e Inmigración, Pilar Pin, ha afirmado que el Gobierno «explorará mecanismos alternativos» para agilizar el voto de los españoles en el exterior y conseguir así una mayor participación en las elecciones generales del próximo 20 de noviembre, tras los resultados de los comicios autonómicos del pasado mes de mayo, cuando menos del cuatro por ciento de los electores ejerció este derecho.
En declaraciones a Europa Press, Pin ha explicado que la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) aprobada el 21 de diciembre de 2010, que suprimió el derecho a voto de los expatriados en las municipales e impuso el voto rogado (solicitud previa) para las autonómicas, dio como resultado un índice de participación «muy bajo» que el Gobierno considera «muy preocupante» y por eso, ahora, «se está llevando a cabo un trabajo conjunto para mejorar en lo posible las condiciones que establece» la norma.
En este sentido, ha afirmado que es «impensable» reformar el texto antes de que termine la Legislatura, por lo que los esfuerzos se concentran en su desarrollo, a fin de «mejorar los procedimientos, como apurar los plazos o establecer acuerdos con los sistemas de correos de los países en los que residen los ciudadanos en el exterior, estudiando fórmulas como que el correo sea gratuito en los procedimientos de envío».
Sobre este asunto, ha explicado que «antes, Correos tenía una serie de acuerdos con los distintos países, pero al dejar de ser una sociedad estatal, los convenios han decaído y ahora hay que reeditarlos con la nueva personalidad jurídica de Correos».
No obstante, ha indicado que «puede haber procedimientos alternativos, que es lo que se está explorando», y ha añadido que, en todo caso, «la gran reforma sería conseguir el voto electrónico».
Según ha dicho, «los problemas logísticos estarán más solventados para el 20N». «La participación fue baja porque la reforma se aprobó al borde de la convocatoria, no hubo tiempo para informar a los ciudadanos, ni para reeditar los convenios de Correos ni para desplegar la logística necesaria y esto repercutió negativamente en la participación. Esperemos que en las generales se pueda tener un despliegue aún mayor», ha añadido.
«Trataremos de que los plazos sean suficientes para que lleguen las solicitudes, daremos una mayor información y buscaremos los sistemas alternativos que sean necesarios para los envíos», ha indicado, para incidir en que «el Gobierno tiene la obligación de buscar la mayor participación y hay cuatro ministerios luchando por ello».
EL GOBIERNO ERA CONSCIENTE
Pin ha reconocido que el Gobierno era consciente de que la reforma ocasionaría una baja participación de los emigrantes y ha recordado que se emitieron informes desde los ministerios de Trabajo y Exteriores advirtiendo de los problemas logísticos del voto rogado conforme lo planteaba la modificación de la LOREG, documentos que, según ha dicho, «no fueron tenidos en cuenta por la Comisión parlamentaria» encargada de la reforma.
«Algunos departamentos habíamos advertido de que este proceso dentro de la ley establecía demasiados procedimientos de acreditación y que esto llevaría a una baja participación, pero no esperábamos que fuera a ser tan baja», ha añadido, para apuntar que «el Gobierno no puede pronunciarse cuando una reforma se está elaborando y al final, el Parlamento es el que manda».
No obstante, ha recordado que el grueso de las quejas de la ciudadanía en el exterior tenía más que ver con la eliminación del voto en las municipales que con la implantación del voto rogado para las autonómicas, critica frente a la que ha recordado que, conforme el mandato del Consejo de Estado, debe primar el criterio de vecindad sobre el de ciudadanía cuando se trata de comicios locales.
