"La actuación del comisario Sánchez Manzano fue correcta"

Enrique de Diego: «Investigué el 11-M a fondo»

Investigué el 11-M a fondo, como hago las cosas en mi ámbito profesional, a fondo, sin dejar ningún hilo suelto y sin prevenciones o ideas preconcebidas. Hablé con los protagonistas fundamentales de la investigación y los hechos relacionados con aquella terrible masacre que produjo un trauma nacional y tuvo efectos evidentes sobre las elecciones de 2004, que hemos pagado muy caro.

Me entrevisté con geos, con el comisario Manzano, con miembros de los servicios de seguridad de la Guardia Civil, de información y lucha contra terrorismo internacional del Cuerpo Nacional de Policía, con tedax y soy uno de los pocos que ha hablado largo y tendido con el heroico Pedro el tedax que desactivó la bomba de la mochila de Vallecas.

La masacre del 11-M no tiene ningún misterio, ni queda nada por investigar. La Policía española actuó con profesionalidad y todos con patriotismo, aunque unos brillaron más que otros. Me produce emoción el sacrificio del subinspector de los GEO, Francisco Javier Torronteras, muerto en el asalto al piso de Leganés, que probablemente se debía haber hecho de otra forma, pero que fue responsabilidad de Agustín Díaz de Mera.

Lo que algunos se han empeñado en llamar la «verdad oficial», en terminología copiada del mundo conspiranoico de los ovnis, es la pura verdad. No quedan flecos. Se trata de un atentado muy lineal en la que unos cuantos musulmanes, dedicados al tráfico de drogas, se radicalizan al integrismo y actúan de franquicia de Al Qaeda. Compran a cambio de droga dinamita en el mercado negro de Asturias y ponen las bombas en los trenes, en una ambientación genocida de terrorismo indiscriminado. Intentan provocar más muertes. Son localizados y se suicidan para ir al paraíso, intentando matar a policías españoles.

Antes de la investigación, hablé con representantes del sindicato policial CEP (Confederación Española de Policía), que apoyaban los infundios de Pedro J y Losantos. El motivo por el que lo hacían era bien sencillo de entender y altamente inmoral: para salir en El Mundo y en la COPE. Al Sindicato Unificado de Policía se le ofreció cobertura mediática a cambio de sumarse a la estrategia.

He contado toda la verdad y desentrañado toda la mentira lanzada por esos dos personajes sin escrúpulos en mi libro «Conspiranoia». No hay ninguna duda de que Jamal Zougam es un asesino y pedir su libertad me parece una tremenda forma de complicidad moral con la masacre, una vejación a las víctimas, una tomadura de pelo y un gesto de antipatriotismo.

Algunos de los policías con los que me entrevisté, habían tenido encuentros previos con Luis del Pino, en los que éste les había tratado de convencer de lo que tenían que decir.

La actuación del comisario Sánchez Manzano fue correcta y, por supuesto, no cometió, ni por asomo, ni de lejos, nada que pueda calificarse de delito, ni que justifique el calvario al que ha sido sometido. Actuó con profesionalidad. Es preciso recordar, y rendir homenaje, a la esposa del comisario Rodolfo Ruiz porque no pudo soportar la presión de las acusaciones de Pedro J, y especialmente, de Losantos, que las hacía desde la radio que, como católica, escuchaba habitualmente. Eso indica el grado de irresponsabilidad y amoralidad al que se ha llegado con la conspiranoia.

Tampoco hay nada extraño en la tan traída y llevada destrucción de los trenes. Habían sido convenientemente analizados en orden a la obtención de pruebas e indicios, y el juez instructor se los devolvió a la empresa propietaria, RENFE. Los responsables de la empresa decidieron con buen criterio destruirlos por inservibles. Eso se hizo todavía en tiempos del gobierno de transición, con directivos de RENFE pertenecientes o nombrados por el Partido Popular.

No hay la más mínima duda de que los terroristas islamistas se suicidaron en Leganés. Quizás había que haber esperado a ordenar el asalto, pero es lo que hizo el equipo de Acebes. Me parece lamentable que los cargos del PP del Ministerio del Interior no hayan defendido la memoria del hombre, del policía, al que enviaron a la muerte. La posición de Ángel Acebes es de una extraordinaria bajeza moral, y lo mismo la de Ignacio Astarloa.

Lo que me pareció más grave y, en principio sospechoso, es que se hubieran quitado las escuchas a El Chino y a otros terroristas algo más de un mes antes de los atentados, pero no había tampoco ningún misterio sino una soberana chapuza del Ministerio del Interior: la unidad de lucha contra el terrorismo internacional, de la que depende la lucha contra el terrorismo islámico, y que estaba haciendo esas escuchar, recibió un escrito de sus superiores en el que se les ordenaba dedicar todos sus esfuerzos, la mayor parte de sus efectivos, a peinar el recorrido por el que iba a discurrir la boda de Felipe de Borbón y Letizia Ortiz, desde la Almudena a la basílica de Nuestra Señora de Atocha. Eso debían haberlo hecho patrullas uniformadas normales, pero el equipo de Acebes pecó de servilismo. En la monarquía eso es habitual.

Había mercado negro de dinamita en Asturias, porque en torno a la minería había un alto grado de corrupción, pues para cobrar subvenciones se traía del extranjero carbón en barcos. Claro, había que solicitar dinamita para el total del carbón, el realmente extraído y el importado. Y en Asturias incluso la Policía hacía la vista gorda, como se puede comprobar en el sumario del caso Pipol.

La conclusión más inquietante es que el Ministerio del Interior de Ángel Acebes no había tomado ninguna medida especial contra el terrorismo islamista a raíz del apoyo del Gobierno Aznar a la intervención en Irak de los Estados Unidos, lo que obviamente incrementaba el riesgo. Nunca hablaron en la Junta de Seguridad sobre esta materia, ni se tomó ninguna medida.

Toda la atención estaba focalizada exclusivamente en ETA. Los terroristas islamistas se beneficiaron del clima de acomplejamiento nacional dictado por lo políticamente correcto, que establecía el riesgo de ser tildado de racista si se adoptaba cualquier medida policial contra un musulmán. No demasiado antes tanto el PSOE como IU habían protagonizado una bochornosa sesión parlamentaria cuestionando la detención de patentes terroristas islámicos a los que -la irresponsabilidad mayor fue de Gaspar Llamazares- la oposición social-comunista describió como el «comando Dixan».

En esos momentos, el 11 de marzo de 2004, en Estados Unidos y por toda Europa había vigilancia policial y militar en aeropuertos y estaciones. Esas medidas precautorias no se habían adoptado en España. Es obvio que el Ministerio del Interior de Acebes no fue culpable del atentado, pero su actitud fue despreocupada rozando con la negligencia. Si Esteban González Pons quisiera perder el tiempo y dilapidar el dinero del contribuyente, para establecer una relación preferencial beneficiosa para su imagen con los propagandistas de la conspiranoia, quizás habría que ir hacia la censura moral de los cargos del PP del Ministerio del Interior del Gobierno Aznar.

 

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Autor

Luis Balcarce

Desde 2007 es Jefe de Redacción de Periodista Digital, uno de los diez digitales más leídos de España.

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