CAJA B, TAMBIÉN EN EL PSOE

¿Por qué las cadenas de televisión no dicen nada de la corrupción de PSOE y Compromís?

Todo lo que para el PP se traduce en exigencias inmediatas de dimisión, querellas y comisiones de investigación paralelas se desvanece cuando la corrupción alcanza a la izquierda

¿Por qué las cadenas de televisión no dicen nada de la corrupción de PSOE y Compromís?
La Guardia Civil registra la sede de ACUAMED. EP

Acuamed contrató por 405.000 euros a la firma investigada por la financiación del PSPV

LA aparición de una trama organizada para la presunta financiación ilegal del PSOE valenciano durante la etapa de gobierno de Rodríguez Zapatero, con Narbona, actual presidenta del partido, como ministra de Medio Ambiente en aquellos años, revela una funesta doble vara de medir los escándalos de corrupción en nuestra sociedad.

Magnificar unos casos en detrimento de otros porque los primeros afectan al PP y los demás al PSOE, o a otros partidos de la izquierda, resulta un ejercicio de cinismo mediático de quienes reparten credenciales de pureza democrática y regeneración. Las alfombras han de levantarse por igual en nuestra democracia.

ABC revela este 7 de mayo de 2018 que la investigación judicial abierta para aclarar si hubo financiación ilegal del PSPV se está centrando ahora en contratos millonarios adjudicados a finales de 2007 por Acuamed, empresa pública creada por el Ejecutivo de Zapatero para desarrollar su fallido plan de construcción de desaladoras.

Según las investigaciones, algunos de aquellos contratos no solo se sometieron a un fraccionamiento irregular para evitar las exigencias de la concurrencia pública en las adjudicaciones, que fueron a dedo, sino que además pudieron ser la tapadera para una red de facturas falsas con las que financiar al partido.

La empresa más beneficiada, Crespo Gomar SL, fue la agencia de comunicación contratada por el PSPV para su campaña electoral, y se investiga si facturó servicios al partido de cuyo pago se hicieron cargo terceras empresas a través de un proceso de falsificación de documentos. No es nada nuevo, por lo que a priori se está determinando judicialmente, en el sórdido mundo de la financiación irregular de muchos partidos durante lustros.

Sin embargo, todo lo que para la derecha se traduce en exigencias inmediatas de dimisión, querellas y denuncias, comisiones parlamentarias de investigación paralelas a las judiciales, actos preventivos de criminalización, y una sistemática vulneración de la presunción de inocencia con penas de telediario y cacerías mediáticas sin escrúpulos, para la izquierda se transforma en algo justificable y socialmente aceptado.

La corrupción es corrupción provenga de donde provenga, y su silenciamiento selectivo en función de criterios ideológicos es sencillamente una manipulación de la opinión pública.

Disponer de una caja B de contabilidad, en la medida en que quede demostrado judicialmente, tiene el mismo valor y es igual de execrable tanto si se produce en el PP como si es en el PSOE, partido que por cierto mantiene a sus dos últimos presidentes, antecesores de Narbona, en el banquillo de los acusados por el mayor escándalo de corrupción de nuestra democracia, el caso ERE.

Conviene no olvidarlo para impedir precisamente esa nefasta doble vara de medir en que se ha instalado nuestra sociedad a la hora de exigir responsabilidades penales y ejemplaridad pública en política.

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