Llevo mucho tiempo en política y he visto a mucha gente que no se ha beneficiado en nada
Durante siete horas y media, inasequible al clamor de la ciudadanía española y escudado en que Alfredo Pérez Rubalcaba y y buena parte del resto ‘no tiene legitimidad’ para pedir cuentas en cuestiones de corrupción, no pronunció una sóla vez la palabra ‘Bárcenas‘.
Tampoco lo ha hecho este 21 de febrero, cuando se ha reanudado el Debate sobre el Estado de la Nación.El presidente del Gobierno ha inaugurado su turno de réplicas en la segunda jornada del debate respondiendo a preguntas sobre la corrupción política que atañe a su partido.
Pero lo ha hecho sin mencionar nombres:
«Hace años que esas personas no asumen ningún tipo de responsabilidad en mi partido».
Eso replicó al PNV, en una clara alusión al extesorero Luís Bárcenas, y el exalcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, ambos imputados en el ‘caso Gürtel’.
«Llevo mucho tiempo en política y he visto a mucha gente que no se ha beneficiado en nada».
Con esta frase ha intentado «aplacar el desapego de la ciudadanía hacia la clase política».
Rajoy ha reconocido el desapego de «parte sustancial» de la ciudadanía hacia la clase política y lo ha atribuido a la dura crisis económica, pero también al afloramiento de muchos casos de corrupción «muy reprobables e inadmisibles».
Tras señalar que ese «desgaste general» afecta al Gobierno y a toda la clase política, ha rechazado de nuevo «la generalización injusta, la critica desaforada, la desmesura y la falta de objetividad», porque contribuyen a ese desapego.
«Es responsabilidad de todos, especialmente del Gobierno, pero de todos, afrontar la situación, tomar decisiones y revertir el estado de las cosas».
Y remató aludiendo a la reforma de La Ley de transparencia y al paquete de medidas que la víspera anunció.
El primer debate sobre el estado de la nación de Mariano Rajoy quedará marcado por las propuestas que ha realizado en pro de la transparencia de la vida pública, los diques contra la corrupción y el incremento del castigo, en materia penal, a quien incurra en prácticas ilícitas.
El político estará vigilado durante su mando y al final, cuando se vaya. Será auditado para comprobar su patrimonio y sus bienes en relación a cuando entró en la política.
Este miércoles, Rajoy proclamó que España «no está hundida en la corrupción» ni «todos los políticos son corruptos», es más, para él, la inmensa mayoría sirve a su país con honradez.
Para impedir que vuelva a escribirse la una nueva leyenda de la España negra, Rajoy llama a pactar sus medidas anticorrupción con todos los grupos, al entender, que todos se sienten concernidos en el desafecto ciudadano.
No mencionó al extesorero Bárcenas, sino que habló de estas ilegalidades en sentido genérico sin poner nombres y apellidos.
En su primera parte del debate, que entusiasmó a los suyos y decepcionó, según todo manual de la oposición, a los grupos adversarios, las medidas más llamativas se refieren a la corrupción.
Habrá un estatuto del cargo público, inmerso en una ley del ejercicio de las funciones políticas, en la que se regulará la escala de retribuciones, los sistema de protección social y los cargos de posibles compensaciones al ser destituido, que dirimirá una oficina de conflicto de intereses.
Este órgano también vigilará las incompatibilidades a las que tendrá que atenerse cuando deje el cargo.
La futura ley de transparencia tomará un cariz que no estaba previsto cuando empezó su andadura, cual será incluir en la misma a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, tal como habían pedido la mayoría de los partidos de oposición.
