La investigación está dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y por la Fiscalía Anticorrupción
La Guardia Civil ha irrumpido este 19 de abril de 2017 en el domicilio del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, y lo ha detenido como principal acusado en una gran operación dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y por la Fiscalía Anticorrupción.
González es considerado el principal responsable de una «organización criminal» que operaba tanto en el seno del PP regional como del Ejecutivo madrileño.
Junto a la del número dos y sucesor de Esperanza Aguirre, está previsto que la Operación Lezo que hoy se lanza se salde con una decena de detenciones y una treintena de registros en domicilios particulares, dependencias de la Comunidad de Madrid, y varias empresas.
González está siendo investigado por delitos de organización criminal, malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho, fraude a la Administración y blanqueo de capitales, entre otros. La investigación se inició hace más de dos años a raíz del presunto saqueo del Canal de Isabel II, que él mismo presidió, aunque las pesquisas desarrolladas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han ampliado al posible cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de contratos.
Así, quien fuera el hombre fuerte de Esperanza Aguirre está investigado por adjudicar contratos públicos de manera espuria, por cobrar presuntamente comisiones ilegales a cambio y por blanquear ese dinero a través de complejas operaciones de inversión en las que participarían varios familiares.
Entre los principales investigados aparece el hermano del expresidente madrileño, Pablo González, directivo de la empresa pública Mercasa y a quien los investigadores acusan de embolsarse de manera irregular parte de la adjudicación de las obras del campo de golf de Chamberí, dependientes del Canal de Isabel II y otorgadas a la constructora ACS.
Además, la Audiencia Nacional sitúa a su hermano dentro de la red utilizada presuntamente por González para blanquear capitales y para mover el dinero a sus cuentas con falsos préstamos y operaciones bancarias. Otros de los hombres fuertes de González que están en el eje de la investigación es Edmundo Rodríguez, presidente de Inassa, la filial sudamericana del Canal de Isabel II, hasta abril de 2016 cuando la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, le cesó tras aparecer en los ‘Papeles de Panamá’.
Uno de los principales ejes de la investigación, que salpica a González y Rodríguez, es la compra por parte de Inassa -es decir, por parte del Canal de Isabel II y por tanto con dinero público- de una sociedad brasileña, Emissao, por un valor muy superior al real. Se investiga si parte del dinero acabó desviado a las personas vinculadas con esta operación.
Comisiones millonarias de OHL
Otro de los focos de la investigación es el presunto cobro, a través de testaferros y por parte de González, de comisiones millonarias procedentes de la compañía OHL. Los agentes de la UCO sospechan que la empresa de Villar Mir pagó desde México fuertes cantidades para garantizarse la adjudicación del tren de Navalcarnero, la obra civil que iba a unir la localidad madrileña con Móstoles por 320 millones de euros.
En el punto de mira de esta presunta comisión aparece Javier López Madrid, el yerno del presidente de la compañía, Juan Miguel Villar Mir, también investigado en el ‘caso Púnica’. De hecho, el juez encargado de la Operación Lezo es también Eloy Velasco, que coordina junto a la Fiscalía Anticorrupción las pesquisas desde el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.
Bajo su tutela judicial se lanza esta macrooperación, que tiene como foco tanto los presuntos negocios de González como la financiación del PP madrileño. Para ello, a lo largo de la mañana agentes de la Guardia Civil acudirán a la Comunidad de Madrid para requerir información sobre la compra de Emissao por parte del Canal de Isabel II. Como ejemplo, la filial brasileña se compró con un sobrecoste estimado de 25 millones de euros. Los agentes sospechan que parte de ese sobrecoste fue repartido después entre los colaboradores de González.
Los agentes acudirán también a las Consejerías de Transportes, Medio Ambiente, Hacienda y Educación. Los registros se harán de forma coordinada en la sede de empresas como OHL (por el presunto pago de comisiones en el tren de Navalcarnero). Además habrá requerimientos a otras como ACS (vinculada a la construcción del campo de golf del Canal y en el que intermedió la empresa del hermano de González).
Adjudicatarias que pagaron las deudas del PP
Otro de los focos de la investigación que dirige Eloy Velasco es la presunta financiación ilegal del PP de Madrid, que ya se investiga en el caso Púnica. Los investigadores sospechan que González, siendo secretario general del PP madrileño y responsable del comité de campaña, reclamó dinero, a través de terceras personas también investigadas, a empresas adjudicatarias de obra madrileñas para que hicieran frente a la deudas que el PP había generado en la campaña electoral para las elecciones autonómicas de 2011.
Por esta parte, se prevé el registro de la Agencia Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM), cuyo máximo responsable en aquellas fechas, José Martínez Nicolás, también se encuentra como uno de los principales investigados.
Según las pesquisas, Martínez Nicolás habría adjudicación de contratos inflados a Indra a cambio de que ésta hiciera luego frente a las deudas que el PP había generado en la campaña electoral para las elecciones autonómicas de 2011 y abonara directamente las facturas a varios proveedores.
