Unión, Progreso y Democracia (UPyD) considera «lamentable y absurdo» que el gobierno central prefiera pagar a colegios privados de Baleares como forma de garantizar la educación en castellano en lugar de tomar el camino más sencillo: hacer cumplir la ley. Una actitud que refleja su cobardía e incapacidad en el trato con las CCAA.
Según Juan Luis Calbarro, portavoz de UPyD Baleares: «da la impresión que el ministro de educación del PP es incapaz de entenderse con el señor Bosch, conseller de educación, también del PP, para garantizar la educación en castellano en Baleares. Wert trata a su compañero de partido Bosch como a un ajeno, como si fuera el conseller de educación de Cataluña. El Gobierno parece rehén de los particularismos locales, ya que prefiere pagar a hacer cumplir la ley: justo lo que se recomienda no hacer cuando uno es víctima de chantaje o secuestro. Máxime cuando se están recortando servicios por falta de presupuesto: es absurdo.»
Para UPyD esto es una prueba más de que, en palabras de su portavoz, «el PP no es un partido de fiar, que dice una cosa en Madrid y otra en Baleares, y que cambia su posición en el tema de la libertad lingüística dependiendo de la cercanía de las citas electorales. Ahora tal vez se trata de captar el voto constitucionalista en las próximas autonómicas de Galicia, País Vasco y Cataluña, pero los ciudadanos ya saben lo que pueden esperar de estas improvisaciones que el PP olvida al día siguiente de las elecciones; en Baleares por desgracia lo hemos comprobado».
Calbarro afirma que resolver esta cuestión está en manos del PP, que cuenta con mayoría absoluta en Las Cortes, y la solución es primeramente hacer cumplir las sentencias judiciales, aunque por encima de todo UPyD quiere recordar la necesidad de que el Estado recupere las competencias en materia de Educación en el contexto de un modelo federal de estado, como solución a estos y muchos otros problemas de nuestro sistema educativo. De nuevo hay que recordar que el pasado 25 de septiembre UPyD llevó al Pleno del Congreso una proposición de ley que abogaba por prevenir y erradicar la discriminación lingüística que existe en comunidades con lenguas cooficiales como Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia o Baleares, con el objetivo de garantizar la igualdad y libertad de elección de la lengua en dichos territorios, y que el PP la rechazó, por lo que ahora no puede parecer creíble ninguna propuesta del PP en ese sentido.
