Mónica Zarco y Antonio Hernández acudieron al Parlament de Cataluña, que votó en contra de garantizar la convivencia escolar
¿Qué han hecho la Fiscalía de Menores, La Generalitat, el Ministerio de Educación o el Defensor del Pueblo?.
Nada hasta ahora y probablemente no hagan nada nunca. Unos porque consideran que se lo tenía merecido y otros porque viven en el acojone permanente.
«Son cosas de niños», le dijeron a Mónica Zarco y a Antonio Hernández en el colegio de su hija cuando esta apareció en casa con el ojo morado.
Tenía siete años y el motivo de la agresión fue llevar una pegatina con la bandera española en la carpeta de lengua castellana. En la de catalán llevaba la «senyera».
«Los insultos empezaron poco después de la manifestación de la Diada de 2012. Ha sufrido un calvario», explica Hernández a María Jesús Cañizares de ABC.
Hernández, matemático de profesión y residente en Sabadell (Barcelona), quien la semana pasada acudió con su esposa a la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlamento catalán, con la esperanza de recibir el apoyo de los partidos políticos.
Pero ocurrió todo lo contrario: CiU, ERC, ICV y PSC rechazaron una propuesta de resolución presentada por el PP para garantizar la pluralidad, la tolerancia y la convivencia «democrática y pacífica» en las escuelas.
Solo Ciudadanos votó a favor de la iniciativa de la diputada María José García Cuevas, quien abogó «por una enseñanza no politizada en la que esté garantizada la libertad de pensamiento».
El resto de los grupos parlamentarios alegó que no existían estos conflictos y acusaron a los populares de usar la lengua como arma arrojadiza.
Decepción
«He estado a punto de levantarme y hablar, pero en el Parlament no se puede ¿verdad?».
No esconde Mónica su decepción, pues al dolor sufrido por el acoso a la pequeña, que estudiaba en la Escola Pia de Sabadell, se une ahora la indiferencia de determinados políticos.
«Los niños se fueron envalentonando. Un día le dijeron a mi hija que si era española, que no podía ser catalana. Otro día, que sus padres eran una mierda y cosas por el estilo. Hasta que la amenazaron con tirarla por la ventana si hablaba en castellano. Pensamos que hasta ahí habíamos llegado».
Acudieron al Defensor del Pueblo, quien les remitió al Síndic de Greuges, competente en Cataluña y que analiza el caso.
«Es cosa de niños», insistía la tutora de la niña, que ha recibido asistencia psicológica y fue llevada a un cardiólogo, tal es el estado de ansiedad sufrido.
«Un reflejo de la sociedad», decía el director del centro, al que también acudía el hijo pequeño del matrimonio, quien no ha sufrido problemas como su hermana.
Escola Pia es miembro de «Som Escola», plataforma que protagoniza movilizaciones en favor de la inmersión lingüística que aplica el Gobierno catalán.
Al no encontrar una solución, la pareja puso el caso en conocimiento de la Inspección de Enseñanza.
«Yo solo quería que dejaran de amenazarla, que cada cual puede pensar como quiera. Exigí el cambio a otro colegio también concertado y religioso. Incluso dije que estaba dispuesto a darle clases yo mismo en casa».
Finalmente, en febrero de este año le dieron plaza en otro colegio de Sabadell.
«No me insultan ni me pegan. Y se puede hablar en castellano», explicó la niña a sus padres cuando llegó a casa tras su primer día de clase.
Antonio y Mónica respiran aliviados, pero se plantean presentar una denuncia contra la Consejería de Enseñanza de la Generalitat asesorados por Convivencia Cívica Catalana (CCC).
«No nos tenemos que asustar. Por dignidad, tengo que denunciarlo», afirma este padre, quien confiesa haber perdido muchas amistades.
«Me decían que llevar la bandera de España era una provocación».
Les acompaña Consuelo Santos, concejal del PP en Sabadell, quien al igual que otros padres, ha logrado que la Justicia reconozca el derecho de sus hijas a estudiar en catalán y en castellano.
