Ayudaron a pagar sueldos de hasta 10.000 euros al mes

Patronal y sindicatos engordaron sus sueldos con fondos de formación

Fue la Xunta gallega la que llevó a la Fiscalía las sospechas sobre este caso

Patronal y sindicatos engordaron sus sueldos con fondos de formación
Alberto Nuñez Feijoo. Youtube

La mayoría parlamentaria del PPdeG ha impedido que la Cámara gallega investigue la supuesta trama del fraude de los cursos de formación, que en el ámbito de la justicia se conoce como la ‘Operación Zeta’, pese a que reconoce que existen irregularidades, ya que los populares subrayan que fue la Xunta de Alberto Núñez Feijóo la que llevó a la Fiscalía sus sospechas.

Las irregularidades en los cursos subvencionados con ayudas públicas para parados y trabajadores están presentes en todo el sector, los impartan asociaciones de empresarios, sindicatos o academias.

Así lo refleja el Consello de Contas en un demoledor informe que entregó ayer en el Parlamento en el que analiza el destino de los fondos públicos para formación durante los años 2010 y 2011.

La inspección se realizó en 2012 y 2013, cuando ya estaban en marcha las investigaciones simultáneas de la justicia y la Xunta sobre la presunta trama de cursos falsos liderada por el empresario coruñés Gerardo Crespo e investigada en la Operación Zeta.

»Financiación de gasto ordinario. Las subvenciones públicas para cursos han servido a las entidades beneficiarias para sufragar parte de sus gastos ordinarios por salarios, alquileres o bienes consumibles cuya relación con la formación de trabajadores no se justifica. Contas detectó que la Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC) dedicó ayudas para cursos a pagar parte de la nómina de 10.000 euros al mes de su secretaria general y asesora jurídica, lo que considera que no está «dentro de parámetros de racionalidad».

Ese comportamiento se repite, en menor medida, en la Confederación de Empresarios de Orense («nóminas de personal directivo por importes que alcanzan los 5.000 euros») y la de Lugo («nóminas por importes que superan los 3.000 euros que, imputadas en cada curso en un pequeño porcentaje, acaban financiándose con cargo al conjunto de los cursos de formación»).

Algo similar sucede en los sindicatos. La Federación de Servicios de UGT pagó con ayudas para cursos parte de los sueldos de sus directivos «con nóminas por encima de los cuatro y cinco mil euros mensuales», según Contas. En CC OO, su Fundación Formación e Emprego de Galicia (Forem) imputó a los cursos «nóminas de personal directivo (…) que superan los 4.000 euros».

En el caso de la CIG, Contas dice que, según «determinados indicios», el sindicato nacionalista imputó a las ayudas costes de alquiler de locales por cursos que se realizaron «en aulas propiedad de la beneficiaria».

Y los empresarios de Lugo llegaron a pasar gastos por alquiler de aulas para cursos «de teleformación». Los de Pontevedra, por su parte, imputaron a esas ayudas «gastos de asesoría contable y financiera (facturaciones de más de 4.000 euros por un profesional independiente repartidas en los distintos cursos)».

»Subcontratación e inflado de costes.

«En todos los planes de formación de ocupados, los beneficiarios de las ayudas subcontratan la realización de los cursos con otras entidades o centros de formación, en la mayoría de los casos respecto de la práctica totalidad de las acciones formativas, sin que cuenten en todos los casos con la autorización previa», censura Contas. Y añade que a su vez estas entidades vuelven a desviar los cursos a otros centros de formación «incurriendo en una segunda subcontratación que infringiría la prohibición normativa de sucesivas contrataciones». Este proceso, alerta Contas, permite que «las dos primeras entidades intervinientes, sin impartir propiamente las acciones formativas, facturen y perciban gastos indirectos de gestión (hasta el 20%, básicamente correspondientes a gastos de personal) que encarecen el coste de las acciones formativas sin aportar valor añadido». A su vez, estas sucesivas subcontrataciones se producen «sin justificantes de gasto propiamente dichos que permitan verificar los costes reales facturados por esos terceros». Contas detecta que este proceder dispara el coste de algunos cursos de formación hasta 168, 148 o 128 euros por hora, en tres ejemplos concretos respectivamente de los empresarios coruñeses, los pontevedreses y CC OO.

Entre los casos analizados por Contas aparecen varias de las empresas investigadas en la Operación Zeta, de las que se destaca su entramado de contrataciones y facturaciones mutuas.

«En torno a algunos beneficiarios se da un elevado elenco de entidades vinculadas que absorben la práctica totalidad de las contrataciones justificadas en los cursos impartidos, ahondando en esa opacidad, como sucede en el entorno de Gecreri, SL», firma de Gerardo Crespo. De esa empresa se señala que «presenta hasta seis entidades distintas vinculadas» entre sí. Otro caso similar de conglomerado de empresas de formación que se subcontratan entre sí es el del grupo Academia Postal, con cinco empresas relacionadas.

De otra entidad investigada en la Operación Zeta, la Federación de Autónomos de Galicia (Feaga), Contas señala que subcontrataba los cursos con la empresa Femxa Formación SL «en términos tan amplios» que la primera quedaba en la práctica sin ningún cometido real que ejercer.

Contas también detecta disparidad de costes por conceptos similares, como el control de calidad de los cursos, que legalmente puede suponer hasta el 5% del importe total. Por ejemplo, la supervisión de dos cursos similares de soldador de estructuras metálicas, con el mismo número de horas y alumnos y parecido presupuesto global, se lleva en un caso 691 euros (el 0,53% del total) y en otro 6.298 euros (el máximo del 5% del total).

»Alumnos no controlados.

Una constante en la inmensa mayoría de las entidades fiscalizadas por Contas es el nulo control de la asistencia a las clases tanto por parte de las entidades de formación como de la Administración. Hasta el punto de que «al menos 270 alumnos» participaron supuestamente «en cursos con solapamiento de fechas y horarios». El ente fiscalizador aprecia ese problema en UGT, mientras que en CC OO censura «que varios trabajadores [de la fundación del sindicato] figuren en dos de los cursos examinados al mismo tiempo como alumnos y como docentes».

Contas llegó a detectar casos de alumnos que participaron en 10, 12 e incluso 14 cursos en un solo año. En el sector empresarial, la inspección comprobó, por ejemplo, que en la piscifactoría de Grupo Tres Mares, SA, en Fisterra, el 90% de los trabajadores participaban en actividades de formación que «se compatibiliza con el trabajo efectivo, sin diferenciación horaria».

La ausencia de partes de asistencia a las clases firmados por los alumnos es casi general, pero en el caso de Feaga, investigada en la Operación Zeta, tampoco los firmaban los profesores.

»Cursos sin utilidad. Las irregularidades detectadas por Contas abarcan todo el proceso de diseño, impartición y cobro de los cursos. El ente fiscalizador critica que los propios centros de formación son los que condicionan la oferta de cursos por encima de las prioridades que pueda establecer la Administración. También habla de «reiteración de cursos» que «no responden a las necesidades de cualificación de los participantes».

Además de la formación para parados y trabajadores, las irregularidades se extienden a las actividades de orientación y búsqueda de empleo, en las que Contas detecta «gastos en un porcentaje que parece desproporcionado en relación con el peso que representa la actividad subvencionada», y a los programas integrados para el empleo, en los que encontró «deficiencias en determinados aspectos de la justificación de los gastos».

Frente a todas estas irregularidades, la empresa en la que Contas halló menos problemas es Peugeot Citroën. En sus conclusiones, el ente fiscalizador apenas censura que contrató a una consultora externa para impartir cursos de inglés sin pedir previamente varias ofertas y pagándole con retraso.

»Peticiones de Contas. El informe de Contas reclama a la Administración una veintena de mejoras en el control y los requisitos previos de los cursos de formación, y admite que la Xunta ya está implantando varias de ellas.

El informe lo entregó en el Parlamento el máximo responsable del ente fiscalizador, Xesús Palmou, exconselleiro y número dos del PP gallego con Manuel Fraga, quien se refirió a la propuesta aprobada en el reciente debate de política general de ampliar las competencias de Contas en materia de vigilancia contra la corrupción. Palmou advirtió de que «cualquier atribución de nuevas competencias» relacionadas con la prevención de casos de corrupción «debe llevar aparejada la creación de una nueva sección», más medios materiales, personal «altamente cualificado» y mantener «la misma autonomía e independencia de actuación con que cuenta ahora» el Consello

 

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