COMO PEDÍA EL BNG, CON EL AVAL DE TODA LA OPOSICIÓN

El PP rechaza aumentar las ayudas a víctimas de violencia de género

Alega que el sistema funciona "razonablemente bien", pero la oposición denuncia retrasos e imposibilidad de pedir ayudas durante cuatro meses

El PP rechaza aumentar las ayudas a víctimas de violencia de género
Alberto Núñez Feijóo. PP.

Los votos del PPdeG en el Parlamento gallego han rechazado el 24 de febrero de 2015 la toma en consideración de una proposición de ley del BNG orientada a pedir un incremento en la cuantía del denominado ‘salario de la libertad’ para víctimas de violencia de género y a permitir que estas mujeres puedan solicitar las ayudas en cualquier momento del año.

La encargada de defender esta propuesta normativa ante el pleno de la Cámara ha sido la diputada nacionalista Carme Adán, quien ha apelado al «consenso» frente a la violencia machista, «la mayor expresión de la desigualdad» existente entre hombres y mujeres.

Así, ha planteado suprimir el plazo de marzo a octubre para solicitar el salario de la libertad, a fin de que las mujeres afectadas puedan pedirlo en cualquier momento del año; aumentar a 18 meses con una prórroga de seis el tiempo de percepción y convertir la prestación económica en variable. Según su criterio, la base debería ser el sueldo mínimo y añadir otras cuantías en función del número de personas a cargo de la víctima y de la existencia, por ejemplo, de alguna discapacidad.

Detallados los preceptos de su propuesta legislativa, Carme Adán ha pedido a todos los diputados que apoyen la toma en consideración del texto, pues aquellos aspectos que no sean compartidos podrían pulirse a lo largo del trámite parlamentario.

Su iniciativa ha contado con el visto bueno de todos los grupos de la oposición, que han considerado las ayudas económicas a las víctimas de violencia de género «fundamentales» para que las mujeres puedan lograr la independencia de su agresor. No obstante, la encargada de verbalizar la negativa del PP, Rosa Oubiña, ha defendido el buen funcionamiento del sistema actual de ayudas.

«TODAS LAS VÍCTIMAS ATENDIDAS»

En este sentido, ha recordado que Galicia fue «la primera» comunidad en poner en marcha estas prestaciones, en virtud de la Ley contra la violencia de género aprobada por el bipartito en 2006, y que, hasta el pasado año, era «la única» donde existían.

A renglón seguido, ha destacado que, pese a la caída de los presupuestos desde 2009, «todos los años se amplía» la partida para estas ayudas. De hecho, ha apuntado que el número de beneficiarias pasó de 259 en 2008 a 336 en 2014.

«Las cosas se están haciendo razonablemente bien», ha enfatizado Oubiña, toda vez que «se atienden todas las víctimas que cumplen los requisitos» y el número «aumenta» anualmente. En cuanto a la resolución de las ayudas, ha reivindicado que el tiempo medio es de «un mes y 20 días».

«FUE UNA BUENA IDEA, NO PERFECTA»

Tras esta argumentación, la diputada popular ha preguntado a Carme Adán por qué, si detectó carencias en el sistema de las ayudas a víctimas de violencia de género, «no planteó esta medidas» en su etapa como secretaria xeral de Igualdade.

Al respecto, en su turno de cierre, la nacionalista ha replicado que el salario de la libertad fue «una buena idea, pero no perfecta ni mucho menos» y ha lamentado la postura del PP. «Éste es un debate triste», ha lamentado.

VÍCTIMAS «EN RIESGO»

Por su parte, la socialista Carmen Acuña, ha denunciado «retrasos» en los pagos de estas ayudas para alertar de que pueden «poner en riesgo la vida» de las mujeres maltratadas, pues la falta de recursos aboca a las víctimas a «regresar» con sus agresores.

Además, ha vinculado el plazo de marzo a octubre para solicitar el salario de la libertad a las «trampas» del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para «cuadrar las cuentas». Y es que, como ha recordado, el Gobierno gallego está cerrando los años contables «en septiembre u octubre» en lugar de en diciembre.

Asimismo, por parte de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), Eva Solla ha puesto el foco sobre la importancia del apoyo económico a las víctimas para lograr su emancipación y conseguir que otras mujeres en la misma situación «se atrevan a denunciar». Sobre todo, ha recalcado, a la vista de que «no es fácil encontrar un empleo» y menos para las mujeres.

Finalmente, la diputada del Grupo Mixto Consuelo Martínez ha criticado que «combatir esta lacra no es una prioridad para la Xunta» y, además, ha lamentado la escasa presencia de hombres en el hemiciclo durante el debate de esta proposición de ley.

Al respecto, Rosa Oubiña ha asegurado que la violencia de género y la adopción de medidas para «ayudar a las mujeres a romper» con esa situación «forman parte de la agenda política de la Xunta».

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Autor

Javier Velasco-Arias

Javier Velasco-Arias, biblista y educador.

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