El exprofesor de derecho Benny Tai, de 60 años, recibió la sentencia más dura: 10 años de cárcel por su papel en la organización de unas elecciones primarias no oficiales en 2020
Estas votaciones, en las que participaron más de 600.000 personas, fueron consideradas subversivas por las autoridades.Otros activistas destacados recibieron las siguientes condenas:
Owen Chow: 7 años y 9 meses
Gordon Ng: 7 años y 3 meses
Au Nok-hin: 6 años y 9 meses
Andrew Chiu: 7 años
Ben Chung: 6 años y 1 mes
Las penas más bajas, de 4 años y 2 meses, se impusieron a Kwok Ka-ki, Jeremy Tam, Claudia Mo, Andy Chui y Gary Fan
El caso y sus implicaciones
El proceso judicial se inició tras la detención de 55 opositores en enero de 2021, de los cuales 47 fueron finalmente imputados. Se les acusó de formar parte de un «plan perverso» para «paralizar» el gobierno de Hong Kong y socavar la seguridad nacional de China2
.El veredicto, emitido en mayo de 2024, declaró culpables a 14 figuras prodemocráticas, mientras que 31 admitieron los cargos y dos fueron absueltos.
Las autoridades consideraron que las primarias formaban parte de una conspiración más amplia para «socavar, destruir o derrocar» el gobierno municipal.Impacto en las libertades civiles.
La sentencia supone un duro golpe para la oposición democrática en Hong Kong, prácticamente desmantelada desde la imposición de la Ley de Seguridad Nacional en 2020.
Esta legislación ha sido criticada por eliminar casi toda forma de disidencia política en el territorio.
Maya Wang, directora asociada para China de Human Rights Watch, declaró: «Presentarse a unas elecciones e intentar ganarlas es ahora un delito que puede llevar a una década de prisión en Hong Kong».
Reacciones internacionales
Las condenas han provocado una ola de críticas internacionales:Estados Unidos: Condenó «firmemente» las sentencias, calificándolas de «retroceso en las libertades civiles».
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Australia: Expresó su «profunda preocupación», instando a Pekín a respetar los derechos fundamentales en Hong Kong3
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Taiwán: La portavoz presidencial criticó la decisión, afirmando que «socava gravemente el Estado de derecho y los derechos humanos»3
Respuesta de China
China ha rechazado estas críticas, calificándolas de «injerencias injustificadas» en sus asuntos internos. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, afirmó que Hong Kong opera bajo un sistema «regido por el Estado de derecho», donde «las leyes deben cumplirse».
Contexto histórico
La imposición de la Ley de Seguridad Nacional en 2020 marcó un punto de inflexión en la historia reciente de Hong Kong. Tras las masivas protestas prodemocráticas de 2019, Pekín decidió endurecer su control sobre el territorio, pasando por alto el poder legislativo local. Desde entonces, el panorama político y social de Hong Kong ha cambiado drásticamente:Detención de figuras opositoras
Cierre de medios de comunicación críticos
Emigración de activistas y simpatizantes del movimiento prodemocracia
Otros casos pendientes
El caso de los 45 activistas no es el único que ha llamado la atención internacional. Este miércoles se espera la reanudación del juicio contra Jimmy Lai, fundador del desaparecido periódico Apple Daily. Lai, de 76 años, está detenido desde diciembre de 2020 y enfrenta cargos de colusión con países extranjeros bajo la Ley de Seguridad Nacional.
Implicaciones para el futuro de Hong Kong
Las condenas plantean serias dudas sobre el futuro de las libertades civiles y la independencia judicial en Hong Kong. Observadores internacionales señalan que, en apenas cuatro años, el territorio ha experimentado un rápido deterioro de sus instituciones democráticas2
La nueva Ordenanza de Salvaguarda de la Seguridad Nacional, promulgada en marzo de 2024, ha endurecido aún más las condiciones para los condenados por delitos contra la seguridad nacional. Esta legislación hace improbable que los activistas sentenciados puedan acceder a la libertad anticipada.
Las condenas a los 45 activistas prodemocracia marcan un hito en la transformación política de Hong Kong. Lo que una vez fue considerado un bastión de libertades civiles en Asia se ha convertido en un territorio donde la disidencia política es severamente castigada.
El caso ha puesto de manifiesto la determinación de Pekín de mantener un control férreo sobre Hong Kong, a pesar de las críticas internacionales. La comunidad internacional se enfrenta ahora al desafío de cómo responder a esta situación, mientras que los habitantes de Hong Kong deben adaptarse a una nueva realidad política con espacios cada vez más reducidos para la expresión democrática.
