Tomás Quesada insiste en que existe un importante número de agentes sin pasar los test diagnósticos

La Guardia Civil se planta ante Sánchez y Marlaska: ni llevar una bandera es delito, ni tenemos los equipos prometidos

El portavoz de JUCIL defendió las manifestaciones de barrio, siempre que se respeten los horarios y distancias de la fase de desescalada

La Guardia Civil se planta ante Sánchez y Marlaska: ni llevar una bandera es delito, ni tenemos los equipos prometidos

La Guardia Civil se planta ante Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska.

El portavoz de JUCIL (Justicia para la Guardia Civil), Tomás Quesada, defendió que no es un delito salir a pasear con una bandera de España. En este sentido, se mostró en contra de las identificaciones de ciudadanos que sólo mostraban su rechazo al Gobierno a través de ondear la bandera.

Sin embargo, durante su participación en el programa ‘Cuatro al Día’ de este 13 de mayo dejó claro que si “llevar una bandera no está tipificado como ningún delito”, sí lo está que no se respeten las franjas horarias y distancias de seguridad establecidas en el proceso de desescalada del estado de alarma.

Un análisis que realizó ante la polémica centrada en los barrios de Madrid, donde se han registrado ‘manifestaciones de barrio’ contra la nefasta gestión sanitaria del Gobierno de Pedro Sánchez. Las mismas donde el ministerio del Interior solicitó una fuerte presencia policial.

Quesada recordó la falta de test diagnósticos y de equipos de protección siguen siendo la gran asignatura pendiente de Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska con los agentes de la Benemérita.

En este sentido, indica que la dotación de los equipos está siendo irregular y que algunos de los agentes ya cuentan con ellos, mientras que otros deben seguir improvisando. En la misma línea, precisó que “existe un importante número de agentes sin pasar los test diagnósticos”.

Dos aspectos que considera fundamentales, más aún cuando van avanzando las fases de la desescalada y los agentes de la Guardia Civil están en contacto con un mayor número de ciudadanos y, por ende, con más posibilidades de contagio.

Demanda en curso

Lamentablemente, las cifras siguen quedándose viejas de un día para otro. Pero en estas primeras horas del 28 de marzo de 2020 hay reconocidos oficialmente unos 700 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contagiados por el COVID-19.

Sin embargo, el drama que se avecina es aún más tétrico si se tiene en consideración que alrededor de 7.500 agentes entre Policía Nacional y Guardia Civil están aislados en sus casas por presentar síntomas que tienen mucho que ver con el coronavirus.

El gabinete jurídico Suárez Valdés, que es el que está representando a los guardias civiles que están denunciando estas negligencias, entre ellas que no se están haciendo tests a los agentes, asegura que la demanda va a ser presentada en cuestión de días, amén de la denuncia presentada el 25 de marzo de 2020 ante la Inspección de Trabajo por la falta de medios de protección ante el coronavirus:

Ya no es que no les den una mascarilla homologada P3, adecuada para el riesgo que corren, es que no les dan ni una mascarilla de papel y se ha apercibido a personal por llevar al trabajo su propia mascarilla.

Asimismo, asociaciones de militares, policías y guardias civiles remitieron una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que le hacían constar la ausencia de medidas de protección:

Estamos en condiciones a afirmar que el derecho a recibir una protección eficaz, no se está respetando, al no proveerse con carácter general, de los equipos de protección individual necesarios para el cumplimiento de su misión.

La Benemérita advierte a Sánchez

Un documento confidencial de la Benemérita, que se ha filtrado a la prensa, plantea cuáles son los retos que afrontará el cuerpo de seguridad mientras dure la desescalada y cómo se tendrán que hacer frente a ellos.

El informe, titulado ‘Actuación en el marco de Transición hacia una Nueva Normalidad’, advierte al Gobierno de Pedro Sánchez de que, en los próximos meses, existe una “alta probabilidad” de que aumente la conflictividad social y, por ende, provoque “de manera puntual” protestas y disturbios.

La Benemérita especifica que hay riesgo real de “actos de sabotaje contra infraestructuras críticas o edificios vinculados a los partidos políticos”. A los que suma otras «alteraciones de orden público por motivaciones políticas o de corte separatista”.

Los detonantes del conflicto social son la nefasta gestión sanitaria del Gobierno del PSOE y Podemos para combatir el COVID-19, así como el impacto económico que se vivirá en la sociedad. En especial, por los ciudadanos “afectados por ERTE o despidos”.

Sin embargo, no serán los únicos, ya que la Guardia Civil también prevé movilizaciones de los “sectores de producción o servicios que se puedan considerar perjudicados por el mantenimiento de las restricciones y limitaciones”.

¿Los principales focos de conflicto?, pues “aquellas áreas geográficas que se consideren marginadas por la aplicación asimétrica de las medidas de desconfinamiento” y “en aquellas zonas más deprimidas económicamente”.

La Guardia Civil también ve riesgos de manifestaciones por “el incumplimiento de normas de conducta”, “las medidas de autoprotección” y la prohibición de celebrar las fiestas patronales.

Incluso, la Benemérita prevé un repunte de las protestas independentistas en Cataluña, “alteraciones de orden público por motivaciones políticas o de corte separatista”.

‘EL QUILOMBO ‘ – PROGRAMA COMPLETO DEL 14 DE MAYO DE 2020

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Autor

José Antonio Puglisi

Periodista italovenezolano especializado en economía y periodismo de investigación.

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