Por José María Arévalo
(Una investigadora)
He visto en la Gaceta Regional de Salamanca varias veces información sobre las dificultades de la Universidad para la contratación de investigadores, la última a finales del mes de marzo. Creo recordar que la primera fue con motivo de la elección de nuevo rector. , el cual señalaba como uno d ellos problemas principales de la institución académica este de la contratación de los investigadores.
Siempre hubo problemas con la contratación por la Universidad de profesores e investigadores fuera de los clásicos catedrático, titular y adjunto, que tenían contrato administrativo, como funcionarios. Yo fui a finales de los 60, durante tres años, profesor ayudante de clases prácticas, y cobraba tres mil pesetas al mes, pero cuando pedí un certificado de cara a la jubilación resultó que figuraba como profesor ayudante solo el último de aquellos tres años, con sueldo de diez mil pesetas; me dijeron que era una fórmula que se usaba para alargar la estancia, oficializando al final la relación. Los Juzgados de lo Social venían reconociendo como contratos laborales a estos de ayudantes de clases prácticas, pero habían que reclamar, y no lo hice porque aun así me faltaban los cuatro meses de prácticas como sargento de la Milicia Universitaria, que a pesar de sí estar reconocido como contrato administrativo, estaba expresamente excluido en la normativa de Seguridad Social para computar jubilación, otro absurdo. Total que profesores no titulares e investigadores siempre han tenido un régimen poco definido.
Han desaparecido los contratos por obra
Ahora se ha complicado todo ello con la desaparición de los contratos por obra en la nueva normativa laboral. Efectivamente, los investigadores eran contratados por las universidades con contratos por obra (“por obra o servicio determinado”, que así se llamaban) asignando una duración forzada a la investigación. No dejaba de ser una pamema, pues las investigaciones se enlazaban sucesivamente unas con otras en la mayoría de los casos. Igual que ocurría en la empresa privada: la mayor parte de los contratos temporales -en las empresas no controladas por los sindicatos- eran por obra o servicio determinado, aunque no respondieran a la realidad. Al desaparecer esta figura, las empresas se ven obligadas a contratar a fijos discontínuos, lo que es más lógico. Con un ejemplo creo entenderá el lector no informado el problema: los típicos contratos por obra eran los de la construcción, en que cuando se acababa la obra -edificio, etc.- finalizaban los contratos concertados para esa obra; ahora tienen que hacer en la construcción contratos fijos discontínuos, en que cesan los trabajadores al finalizar la obra, hasta la obra siguiente, y el problema solo es quien tiene más derecho a ser contratado antes. Pero todas las empresas contratistas -por ejemplo las de servicios informáticos- consideraban como obra cada contrata, cuando en realidad solo trabajan por contratas, es su actividad ordinaria y en la mayoría se mantiene -por ejemplo las contratas de mantenimiento de un programa.
Bueno, pues los contratos de investigación también eran así. Ahora acaba el plazo para contratar en las universidades por obra y servicio sin una solución para la investigación. De momento, la de Salamanca presentará en mayo su plan para las contrataciones diferenciando entre indefinidos no fijos (¿), y fijos discontinuos.
Se agota el plazo. Las universidades no pueden ya hacer contratos por obra y servicio, un grave problema en el ámbito de la investigación donde buena parte del personal se contrataba por el tiempo que duraban los proyectos. Solo hay una excepción: cuando se trate de una iniciativa financiada con fondos europeos. La reforma laboral -explicaba la Gaceta Regional de Salamanca- aprobada “in extremis”, acaba con este tipo de relación contractual y apuesta por los contratos indefinidos, un cambio que genera un gran problema a las universidades pues se ven obligadas a hacer fijo un tipo de personal que trabaja solo por un número determinado de años, dos o tres años normalmente, que es la duración habitual de los proyectos de investigación.
La Conferencia de Rectores alerta
“La inexistencia de moratoria para los contratos de obra o servicio que cubriera, al menos, el periodo necesario hasta la entrada en vigor de la Ley de la Ciencia, está teniendo como consecuencia la paralización de las contrataciones”, ha alertado la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y ha hecho un llamamiento al Gobierno para que reconsidere la posibilidad de incluir un modelo de contrato acorde a la especificidad de las actividades de investigación y transferencia, tal y como ha hecho en el caso del sector de la cultura.
Precisamente, hace una semana, el Gobierno luz verde a un nuevo “contrato laboral artístico de duración determinada” que se adapta a la intermitencia de la actividad artística. Eso es lo que reclaman las universidades para el ámbito de la ciencia, sin embargo, en la Universidad de Salamanca están convencidos de que no va a haber ningún movimiento en este sentido por parte del Gobierno, por lo que ya está planificando este cambio.
“Tenemos avanzada la planificación de ese proceso diferenciando los que son contratos asociados a proyectos, los contratos derivados de convenios con otras instituciones y los contratos asociados a Artículo 83. Estamos ahora en la definición de cuáles van a ser indefinidos no fijos (una persona indefinida pero que no está en la relación de puestos de trabajo, por lo tanto no es fija) y cuáles se hará como fijos discontinuos (personas con contratos de naturaleza recurrente que cuando terminan las circunstancias de la contratación se quedan en el paro y son contratadas de nuevo cuando se genera esa actividad otra vez)”, explica el gerente Ricardo López que espera tener la planificación lista para el mes de mayo.
Resta competitividad
Abril coincide con el periodo de cierre por la Semana Santa, por lo que López no cree que haya un parón importante, aunque advierte que la nueva fórmula planteada en la reforma laboral va a restar competitividad a la prestación de servicios por parte de las universidades. En este sentido, hay que señalar que una de las preocupaciones de las universidades por los contratos indefinidos no fijos es que conllevan una indemnización al terminar el contrato, de forma que suponen un coste mayor que las universidades que, según han advertido, tendrá que introducirse como un gasto elegible y, por lo tanto, aumentará el dinero dedicado a cada contratación. “Hay muchas dudas legales”, reconoce el gerente de la Universidad de Salamanca e insiste en que no es la figura más adecuada.
