Por José María Arévalo
(Ancianos. Acuarela de Jose Grimalt en Hispacuarela de Facebook)
Todos sabemos que uno de los problemas que tiene el mantenimiento de las pensiones en nuestro país es que se pagan las pensiones con el sistema de reparto (con lo que cotizan los trabajadores en activo) no con el de capitalización (guardando lo que cotiza al año cada trabajador por jubilación, y dándoselo al mismo cuando se jubile, con el posible incremento de las rentas que ese dinero haya producido), y el temor general es que llegue un momento que haya muchos más pensionistas que cotizantes, y en ese caso a ver quién paga sus pensiones a los primeros.
Al menos si nuestros gobernantes guardaran lo cotizado cada año, podría pensarse que hay un fondo para cubrir pensiones, pero ni eso: el dinero de las cotizaciones por jubilación se lo gastan, cuando lo que necesitan, para cosas que no tienen que ver nada con las pensiones. Y ya sabemos lo gastones que son nuestros gobernantes. Así que todos temblamos cuando nos enteramos de que cada vez hay más pensionistas, y estamos esperando que también haya más cotizantes, pero eso no siempre ocurre. ¿Cómo estamos ahora). Veamos.
2,03 cotizantes por cada pensión
El diario El Mundo de 9 de septiembre pasado informaba de que julio de este año se cerró con 20,27 millones de cotizantes en España frente a los 9,9 millones de pensionistas según los datos del octavo mes, lo que arroja una ratio de 2,03 contribuyentes por cada prestación. En la práctica, estos datos suponen que en España hay el doble de cotizantes que de perceptores de una pensión, pero hay diferencias sustanciales por territorios y, en el caso específico de Castilla y León, destaca que todas las provincias están por debajo de ese índice medio. Ninguna llega a esos dos ‘pagadores’ por ‘destinatario’.
Todos los territorios de Castilla y León están por debajo de la media nacional de 2 afiliados por pensión, y León es la tercera provincia de España con menos cotizantes por pensionista. Zamora y Ávila también están a la cabeza del país con una proporción baja, mientras Segovia y Soria tienen las ratios más altas.
Menos de 2 cotizantes por pensionista en Castilla y León
El informe publicado en El Mundo con un artículo de L.G. Estrada , señalaba que “la situación de alerta que arrastra desde hace años la ‘hucha de las pensiones’ debido al aumento del número de beneficiarios –sobre todo jubilados, que perciben una paga después de haber completado su ciclo laboral–, en comparación con la cifra de contribuyentes, es decir, respecto al número de personas que cotizan a la Seguridad Social, arroja un mapa desigual en España, con provincias en las que el índice de trabajadores está muy equiparado con el de pensionistas, e incluso por debajo. En este escenario, León destaca como el tercer territorio de España con una menor proporción entre afiliados y perceptores de una asignación económica, con una ratio de 1,18 que sólo es más baja en Lugo (1,1) y en Ourense, la única provincia de España en la que hay menos personas desempeñando un puesto de trabajo que recibiendo una prestación (0,98). Así se desprende a partir de los datos de la Seguridad Social, teniendo en cuenta el número de afiliados a julio y el de pensionistas, actualizado a agosto. En concreto, el séptimo mes del año cerró con 20,27 millones de cotizantes en el país frente a los 9,9 millones de pensionistas según los datos del octavo mes, lo que arroja una ratio de 2,03 contribuyentes por cada prestación. En la práctica, estos datos suponen que en España hay el doble de cotizantes que de perceptores de una pensión, pero hay diferencias sustanciales por territorios y, en el caso específico de Castilla y León, destaca que todas las provincias están por debajo de ese índice medio. Ninguna llega a esos dos ‘pagadores’ por ‘destinatario’.
Por detrás del tercer puesto de León –con 165.238 afiliados a la Seguridad y 139.783 pensionistas– , se sitúan Zamora y Ávila, que ocupan el quinto y el sexto puesto en el ranking nacional, con Asturias en cuarta posición. En el caso zamorano, la ratio se concreta en 1,27 (con 60.546 afiliados y 47.772 pensionistas) y, en el abulense, el índice es del 1,47 (tiene 57.196 personas en el primer caso y 38.788 en el segundo). Aunque hay que aclarar que ni en estos casos, ni en el conjunto de 34 provincias que están por debajo de la media nacional, se puede decir que se trate de ‘territorios en peligro’, puesto que la hucha de las pensiones es común para toda España y las pensiones de cada región no se financian con sus propios contribuyentes, sino con los del conjunto del país, los datos sí sirven para evidenciar que hay un menor dinamismo económico en determinadas áreas geográficas. «La relación de menos cotizantes que en otras provincias nos muestra que el mercado de trabajo tiene un tamaño menor y que hay más atonía en la creación de empleo; son mercados de trabajo en los que hay menos contratos o se crean menos empresas», razonó el profesor de Economía de la Universidad de Salamanca (USAL), Miguel Ángel Malo.
En el caso de León y Zamora, dos de las provincias más afectadas en España, el especialista en economía laboral apunta a varios factores, el primero de ellos relacionado con el menor dinamismo empresarial que arrastran desde hace años las provincias situadas junto a la frontera de Portugal. Salamanca es la única que se desmarca, gracias a la importancia de la universidad, que genera un «mercado de trabajo distinto», con mayor peso del empleo público. Otra de las causas que apunta el experto para entender lo que ocurre en algunos puntos de la autonomía es la distribución radial de las comunicaciones, con epicentro en Madrid y una estructura con en forma de ‘estrella’ que afecta a quienes se encuentran mas allá de sus ‘brazos’. «Quien está fuera de los grandes ejes se enfrenta a mayores costes de transporte y las empresas que se colocan ahí tienen más problemas a la hora de competir», sostuvo Malo para explicar la menor presencia empresarial.
En el caso concreto de León, además, hay que tener en cuenta el declive de la minería, sin que hubiera otros sectores que tomaran de forma clara el relevo de esa actividad perdida. «Sin alternativas, la gente busca sus oportunidades en otros sitios, especialmente los jóvenes, y eso hace que se entre en una dinámica en la que esas economías se quedan con menor tono: menor empleo, menor creación de empresas, al haber menos gente se ven menos oportunidades para montar negocios… Es un bucle que se alimenta a sí mismo y resulta complicado salir de él». Con la vista puesta mucho más atrás en el tiempo, hasta el éxodo que sufrieron las áreas rurales a partir de la segunda mitad del siglo XX por la mecanización del campo y la necesidad de explorar alternativas laborales en zonas industrializadas, como País Vasco, Madrid o Cataluña, lo que ahora se está produciendo es un retorno de personas que emigraron en su juventud y regresan, ya mayores, a sus lugares de origen. De ahí que en la actualidad el número de jubilados en Castilla y León sea tan significativo.
Porque no hay que olvidar que el 63% del total de pensionistas en España se refiere a jubilados, mientras que el 23,6% percibe una contribución en concepto de viudedad, el 9,6% por incapacidad permanente y el 3,4% por orfandad. Eso sí, el hecho de que en Castilla y León la cifra de personas que ya han completado por edad su ciclo laboral sea elevado y que, por tanto, la ratio en comparación con los afiliados a la Seguridad Social se encuentre en la zona baja del país, tiene interpretaciones más allá de la visión negativa de la falta de tejido productivo. «Los jubilados, al tener una fuente fija de ingresos, son un sostén de la demanda a nivel local, porque como su renta no está sujeta a oscilaciones del mercado de trabajo y tienen un dinero que consideran seguro, tienen una demanda más estable a lo largo del tiempo en comparación, por ejemplo, a la de un autónomo, que siempre tiene la incertidumbre de cuánto ganará cada mes y tiene que ajustar su consumo», razonó Miguel Ángel Malo.
Aunque con características comunes en las provincias castellanas y leonesas, hay tres ejemplos que están más cerca de esa media nacional de dos afiliados a la Seguridad Social por cada pensionista. Se trata, en primer lugar de Segovia, con una ratio de 1,94 (en términos absolutos, tiene 66.355 cotizantes y 34.263 perceptores) gracias, a juicio del experto en Economía, a que su cercanía con Madrid permite a muchas personas vivir en Segovia y trasladarse a trabajar a la capital del país. El siguiente ejemplo de la Comunidad con mayor tasa sería Soria, con un indicador de 1,87, en este caso con la pérdida de población como principal motivo, pues es la provincia de España con menos cotizantes (41.902), aunque también con menos pensionistas (22.387). El mismo índice de 1,87 se repite en Valladolid en este caso con 220.275 afiliados según los datos de julio y 118.094 pensionistas según la actualización de agosto. A pesar de ser una de las provincias más dinámicas de Castilla y León, el profesor de la USAL observó que el peso de la provincia vallisoletana se asienta en buena parte sobre grandes industrias, como la del automóvil, que están pendientes de un proceso de transformación por la irrupción del coche eléctrico, por lo que apostó por una mayor diversificación de la economía en aras de lograr mayores oportunidades. No existe, en todo caso, una ‘varita mágica’ con la que revertir los datos de un mapa liderado Islas Baleares, donde hay más de tres contribuyentes por pensionista –le siguen Madrid (con 2,82), Almería (2,7) y Murcia (2,51), pero sí líneas que se pueden impulsar para que los caminos vayan en otra dirección. A juicio del experto en economía laboral, además de la diversificación de sectores, sería necesario «explorar oportunidades laborales del mundo rural no agrario» para que los jubilados no sean los únicos que regresen a los pueblos y avivar las relaciones con la economía portuguesa. «No hemos llegado hasta aquí por la pandemia o la recesión, sino que es un proceso de muy largo plazo, y por eso tampoco hay que transmitir la falsa imagen de que se puede revertir una parte importante de esto en cuatro o cinco años. Tiene que ser un esfuerzo continuado con diferentes estrategias, pero no hay algo concreto que pueda cambiar las cosas de forma rápida». APENAS UN TRABAJADOR El envejecimiento de la población en una comunidad salpicada por pequeños municipios deriva en que haya muchos enclaves en los que la mayoría de sus habitantes, por no decir todos, hayan superado la barrera de la jubilación y apenas haya alguno trabajando. Baste comprobar en las estadísticas de la Seguridad Social que hay 25 localidades de Castilla y León en las que reside, como máximo, un cotizante. Es decir, hay uno o ninguno.
Burgos es la provincia que acumula un mayor número de pueblos en esta situación, con un total de 14 (Bascuñana, Castil, Castrillo de Riopisuerga, Cillaperlata, La Gallega, Ibrillos, Manciles, Moncalvillo, Palacios de Riopisuerga, Quintanabureba, Remondo, Villaespasa, Villamedianilla y Zarzosa), seguido de Soria, que suma 6 (La Losilla, Momblona, Valdelagua, Valdeprado y Velilla de los Ajos). Por detrás estaría Segovia, con tres ejemplos (Navares de las Cuevas, Ventosilla y Villaverde de Montejo) y Salamanca y Ávila, que comparten uno en cada caso (Molinillo y Navaquesera, respectivamente). No se trata de una situación excepcional, a tenor del listado de otras 131 localidades de la autonomía en las que, como máximo, hay dos afiliados que cotizan a la Seguridad Social, en este caso 37 ejemplos en Burgos, 29 en Soria, 15 en Ávila, 14 en Salamanca, 13 en Palencia, 8 en Valladolid, 4 en Zamora y uno en León. Al ampliar un poco el abanico hasta los diez contribuyentes se obserba que en Castilla y León el número se eleva hasta los 432 municipios, lo que supone que en el 19% de los 2.248 municipios de la región los trabajadores se pueden contar con los dedos de las manos.
