Por José María Arévalo
(Torre de la Universidad de Valladolid, con el reloj, a principios del siglo XX)
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el pasado día 9 de este mes de marzo la tercera reforma universitaria de la democracia, la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que sustituye a la LOU, de 2001. Tuvo 182 votos a favor, 157 en contra y 8 abstenciones. Aunque el proyecto del ministro Joan Subirats se parece poco o nada al borrador presentado por su antecesor en el cargo, Manuel Castells, no ha conseguido el consenso del sistema universitario, que tendrá que aplicar la nueva norma —entrará en vigor en 20 días desde su publicación, aunque hay moratorias para su aplicación en los concursos de profesorado y habrá dos años para adaptar estatutos—.
Me sorprendió mucho un reportaje de La Gaceta Regional de Salamanca, el pasado 27.01.23, sobre los efectos de la entrada en vigor de la nueva legislación sobre la Universidad. Titulaba La Gaceta: “La LOSU da a los alumnos el poder de elegir a los decanos”. Parecía muy fuerte, la elección de las cabezas rectoras en la Universidad, en manos de los estudiantes; y ello aun cuando haya que ser profesor para ser elegido, pues el candidato se supone debe ganarse a los teóricos votantes ofreciéndoles lo que ellos deseen. Pues sí, muy fuerte. Aunque más fuerte aún es la crítica que acaba de hacer el rector salmantino, una verdadera llamada de socorro, que veremos al final de este artículo, vamos a ver ahora estos otros problemas concretos de la nueva ley.
Recuerdo ahora un artículo que me publicó la Hoja del Lunes de Salamanca que dirigía mi después amigo y jefe en La Gaceta, Enrique de Sena, y que titulaba yo entonces (mediados de los 60) “Agonía universitaria”, en el que me quejaba de falta de autonomía de la institución. Y lo recuerdo pensando que lo que se nos viene encima eso sí que puede dar lugar a una verdadera “agonía” de la Universidad española. Veamos por qué.
La Gaceta citaba destacadas unas palabras de Ricardo Rivero, Rector Universidad de Salamanca, sobre cual podría ser la solución, pienso yo que por decir algo positivo: “Nos podían dejar un poco más de margen sobre cómo organizarnos en esos procesos internos”.
En subtítulos: “Pasará de ser una votación de 100 personas a superar las 2.000, la mayoría estudiantes”. “En los últimos comicios al Rectorado solo votó el 16,75% del alumnado”. Y: “El rector Ricardo Rivero augura que va a ser `un lío´ y los decanos inciden en la complejidad”
Elegidos por sufragio universal
El artículo era de Rosa Domínguez León, que explicaba cómo la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) complicará el proceso de elección de los decanos y dará el poder a los estudiantes de elegir a los responsables de los centros. Hasta ahora estos comicios se reducían a la junta de centro, formada por un centenar de personas aproximadamente —el número depende del tamaño de la facultad—, pero cuando entre en vigor la LOSU los decanos de las facultades y directores de las escuelas universitarias pasarán a ser elegidos por sufragio universal, es decir, votará todo el centro, de manera que el censo aumentará a las 2.000 o 3.000 personas en algunos casos, siendo muy mayoritario el número de estudiantes, de manera que la decisión quedará en manos de los alumnos, que están de paso en el centro y hasta ahora apenas participaban (en las últimas elecciones al Rectorado solo votó el 16,75% de los alumnos).
“Es un lío, modifica nuestra manera de entender la dinámica universitaria”, lamentó ayer el rector Ricardo Rivero.
Pasará de ser una votación de 100 personas a superar las 2.000
Los cambios entrarán en vigor a principios del mes de marzo, cuando la aprobación de la LOSU sea definitiva. Los decanos de la Universidad de Salamanca reconocen que este cambio va a generar nuevas dificultades. Así lo apuntan Jesús Galende, de Economía, y Fernando Carbajo, de Derecho.
Este último asegura: “Me parece bien que se abra a toda la comunidad universitaria, pero en la práctica es poco operativo porque hay una realidad incontestable que es la poca participación de los estudiantes en los procesos electorales”.
En esa línea José Carretero, de Medicina, incide en la complejidad del procedimiento, “supone parar los centros el día de las elecciones”, y asegura: “El profesorado y el PAS de los centros, que son los que mejor conocen a los candidatos y dejarán de decidir quién piensan que está mejor preparado para ser decano. Incluir eso en la LOSU atenta directamente a la autonomía universitaria”. Además, Manuel González de la Aleja, decano de Filología, apunta a la dificultad de que los posibles candidatos puedan compartir y debatir sus propuestas previamente con los votantes potenciales.
En fin, el problema, más que la mayor o menor participación de estudiantes, va a ser, ya digo, la necesidad de los candidatos de hacerse con ese número importante de votos, el de los estudiantes, que supera con mucho al de los demás colectivos, y que inclinará a los candidatos a hacer ofertas al alumnado que a este gusten. He oído de algunas Facultades extranjeras que ya han suprimido los exámenes. A ver cuanto tardan en suprimirse en las nuestras por este problema de quien va a mandar en lo sucesivo en ellas.
El rector salmantino lanza un S.O.S.
El mismo día que se publicaba la aprobación de la nueva LOSU por el Pleno del Congreso de los Diputados, hace unos días, La Gaceta Regional publicaba un artículo del rector Ricardo Rivero, con una valoración muy negativa de la nueva ley, del que destaco lo siguiente:
“Con ocasión del VIII Centenario de la Universidad de Salamanca, que fue también el 800 aniversario de nuestra tradición universitaria, señalé en el Paraninfo ante un gran número de representantes académicos de todo el mundo la necesidad de cambios en nuestro marco normativo e institucional. La prioridad, entonces y ahora, era poner límite a las universidades de mala calidad que están proliferando, contra el criterio objetivo de los actores responsables del sistema.
La LOSU no hace nada real para corregir esta deriva. El Ministerio ha decidido mirar para otro lado y dar una patada al problema, demostrando su poca consideración hacia el servicio público de educación superior. Las consecuencias las sufrirán las universidades públicas menos acostumbradas a un contexto competitivo público-privado (las andaluzas, por ejemplo) y las privadas que priman la calidad docente sobre la publicidad engañosa y el puro beneficio (modelo de universidades privadas sin o con ánimo de lucro).
También sufrirán esta reforma los estudiantes, cuya formación y empleabilidad no parecen prioritarias para el legislador, más preocupado por otras cuestiones de índole ideológica. Padecerán sus consecuencias los profesores, con más incertidumbre sobre la carrera profesional e igualmente repercutirá negativamente sobre el personal técnico, de gestión, administración y servicios, porque la Ley tampoco deja atada la cuestión crucial de la financiación.
Sobre este punto fundamental, la LOSU engaña sin ningún recato. Las promesas vacías de incremento de recursos no sirven de nada si no van acompañadas de medidas concretas presupuestarias. A lo largo de los dos últimos años se han aprobado sucesivas reformas que incrementan los costes de personal sin apenas contraprestación económica, así que antes o después las haciendas universitarias sufrirán un riesgo de colapso.”
Concluye el artículo analizando la repercusión de este cambio legislativo para la Universidad d Salamanca, y lanzando un S.O.S. para todas: “No vamos a perder miles de estudiantes, como sí le va a ocurrir a otras muchas universidades públicas. Varias universidades privadas desaparecerán también los próximos años ante una competencia feroz. Y es que, aunque la oferta ha crecido espectacularmente en España, todavía no se ha visto la consecuencia más inesperada de la LOSU, que es la puerta abierta a que cualquier Universidad europea radicada en Alemania, Francia, Italia, Polonia o Andorra, pública o privada, pueda emitir títulos con la misma validez que los españoles, incluso si los estudiantes dedican un año menos a sus grados. Un desastre sin paliativos”.
